Belice aceptará solicitantes de asilo enviados por Estados Unidos bajo un acuerdo de tercer país seguro

Los solicitantes de asilo en Estados Unidos podrán ser transferidos a Belice para aguardar ahí el resultado de su solicitud, como parte de un acuerdo de “tercer país seguro” entre la nación centroamericana y el Gobierno estadounidense firmado este lunes. El acuerdo es el último de una serie de convenios de este tipo con que la Administración de Donald Trump ha buscado limitar al máximo las solicitudes de asilo en Estados Unidos, como parte de su agresiva cruzada antiinmigrante.

El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, Francis Fonseca. El ministro aseguró la semana pasada que Belice decidirá quién puede ser transferido a ese país, y que el acuerdo incluye “restricciones respecto a nacionalidades, un límite anual al número total de personas transferidas, así como la consideración de antecedentes penales y habilidades profesionales”, sin ofrecer detalles.

Los acuerdos de “tercer país seguro” son convenios entre países para tramitar las solicitudes de asilo, que exigen que los solicitantes pidan protección en el primer país al que llegan. Los acuerdos restringen las solicitudes de asilo en la frontera y pueden resultar en que el solicitante sea devuelto al otro país para que prosiga allí su proceso. Como parte de los acuerdos, miles de migrantes que buscaban pedir asilo en Estados Unidos se han quedado varados y en el limbo en países desconocidos, donde no hablan el idioma ni tienen ningún vínculo. Los abogados y defensores de los inmigrantes sostienen que la práctica pone a estas personas que buscaban refugio huyendo de sus países de origen en una situación de riesgo mayor.

En agosto, el Departamento de Estado anunció un nuevo acuerdo de “tercer país seguro” con Paraguay para que los solicitantes de asilo que se encontraban en Estados Unidos tramitaran sus solicitudes en el país sudamericano, lo que permitiría “compartir la carga de gestionar la inmigración ilegal mientras ponemos fin al abuso del sistema de asilo de nuestro país”. Antes anunció acuerdos similares con Honduras, en marzo, y Guatemala, en febrero.

El Gobierno de Trump ha cerrado las fronteras a los solicitantes de asilo, citando un estado de emergencia causado por una “invasión” que, expertos señalan, ha sido un mecanismo para expandir el límite de lo que permite la ley de inmigración y ejercer un control ejecutivo casi sin restricciones sobre cómo gestionar las solicitudes de asilo, entre varios otros elementos de la política migratoria del país. En julio, un tribunal federal prohibió cerrar por completo las peticiones de asilo y señaló que el presidente no tiene autoridad para impedir las solicitudes en la frontera.

Pero no obstante, la política ha resultado en un mínimo histórico de solicitudes nuevas y agilizado el proceso de deportación, al limitar las posibilidades legales de los inmigrantes.

Inmigrantes de países como China, Irán, o Uzbekistán que buscaban asilo en la frontera estadounidense con México han sido enviados a países como Panamá, Costa Rica, o México, donde muchos se encuentran en limbo, sin recursos y sin la posibilidad de regresar al lugar de donde salieron buscando refugio en primer lugar.

Por otro lado, Estados Unidos también ha logrado que varios países acepten deportados, y está moviendo los hilos diplomáticos para encontrar más naciones donde deportar a los migrantes detenidos cuyos países no los aceptan. Varios países africanos, como Ruanda, Sudán del Sur, o Esuatini, han recibido durante meses a personas deportadas desde Estados Unidos que no son nacionales de esos países, en turbias operaciones de traslado que no se han conocido hasta semanas después. Cientos de cubanos con antecedentes penales que la isla no acepta como deportados han sido enviados en autobús a México, reportó este martes el Miami Herald. Algunos dijeron que las autoridades les dieron la opción de irse en autobús a México o ser enviados a un país no especificado de África. Expertos y defensores de derechos humanos señalan que algunas de estas naciones se encuentran en medio de conflictos internos, con denuncias de torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos fundamentales.

El Tribunal Supremo le dio permiso a la Administración en junio a deportar inmigrantes a terceros países, una práctica que un juez había prohibido —exigiendo que se le diera la posibilidad a los inmigrantes para discutir sus casos— después que cientos de venezolanos fueron trasladados a una prisión para acusados de terrorismo en El Salvador.

Algunas naciones no han firmado acuerdos para recibir deportados, pero han colaborado con las operaciones. Uzbekistán, por ejemplo, aceptó a más de un centenar de inmigrantes asiáticos para luego seguir rumbo a sus países de origen. Honduras aceptó a detenidos venezolanos que luego fueron trasladados a Venezuela. El Gobierno estadounidense también ha negociado con favores políticos. Kosovo, por ejemplo, —que declaró su independencia de Serbia en 2008— dijo que acogería deportados a cambio de que Estados Unidos hiciera presión para que otros países lo reconocieran como Estado soberano.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a preguntas sobre cuándo comenzarían los traslados de solicitantes de asilo a Belice. El ministerio de Exteriores de Belice tampoco respondió. El Departamento de Estado remitió una solicitud de comentario a un tuit de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, agradeciendo al Gobierno de Belice por “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal” y “cerrar el abuso de nuestro sistema de asilo”.