Chicago y Portland: así continúa el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales

Agentes federales con equipo táctico patrullan las calles del centro de la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional se posicionan fuera de los centros de detención. Esta es la nueva normalidad en las ciudades de Estados Unidos que se han convertido en el blanco de la Administración Trump, que sigue adelante con una despliegue de fuerzas sin precedentes en el interior del país, a pesar de que varios gobernadores han presentado demandas para frenar al Gobierno federal. El presidente Donald Trump sostiene que el objetivo es combatir la delincuencia y proteger las instalaciones de control de la inmigración, pero críticos afirman que estas medidas representan una extralimitación que amenaza las libertades civiles.

Hasta ahora, hay tropas de la Guardia Nacional en Chicago (Illinois) y Memphis (Tennessee), mientras que en Portland (Oregón), una jueza ha bloqueado de momento la llegada de los soldados. El presidente Trump también ha mencionado a Baltimore (Maryland) y a Boston (Massachusetts) como posibles objetivos en el futuro.

El mandatario ha amenazado con invocar la Ley de Insurrección para desplegar al ejército si las cortes federales le impiden utilizar a la Guardia Nacional.

Chicago

En Chicago (Illinois) desde principios de septiembre se lleva a cabo la operación llamada Midway Blitz, destinada a detener inmigrantes sin papeles, la cual ha despertado protestas masivas y constantes. El 5 octubre, Trump ordenó el despliegue de cientos de miembros de la Guardia Nacional texana y local en Chicago. La ciudad y el Estado de Illinois impusieron una demanda contra la Administración Trump para frenarlo, pero una jueza federal se negó a bloquearlo de momento. Las tropas empezaron a llegar a la ciudad el 7 de octubre.

Mientras, el presidente Trump ha escalado sus ataques hacia el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, ambos demócratas. En su red social, Truth, escribió que ambos deberían ser encarcelados.

El alcalde Johnson firmó una orden ejecutiva prohibiendo a los agentes del ICE operar en propiedades de la ciudad, siendo la tercera orden ejecutiva que busca limitar el poder de la agencia en la urbe. También describió el despliegue de la Guardia Nacional como “ilegal, inconstitucional y peligroso”.

En los últimos días, las manifestaciones se han tornado violentas. Las fuerzas del orden han sido filmadas lanzando gas pimienta en contra de los manifestantes, y las autoridades de inmigración afirman haber abierto fuego contra una mujer armada después de que ella y otras personas presuntamente embistieran con sus automóviles los vehículos de las fuerzas del orden. Se reportó que la mujer —quien afirmó haber sido provocada por los agentes— condujo hacia el hospital, y después fue puesta en custodia del FBI. El gobernador Pritzker puso en duda la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y afirmó que su gobierno podría perseguir a agentes que están cometiendo delitos.

De igual forma, afirmó que cree que la Administración Trump está “militarizando” las ciudades como pretexto para apoderarse de los lugares de votación e intimidar a los votantes antes de las elecciones de 2026.

Portland

En Portland, el presidente Trump ordenó el 27 de septiembre que 200 elementos de la Guardia Nacional protegieran un centro de detención del ICE que, según él, estaba siendo asediado por “terroristas nacionales”, refiriéndose a protestas que se estaban llevando a cabo en el lugar.

La gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, se negó a activar a los miembros de la Guardia de Oregón para la misión, y calificó el despliegue como ilegal, a la vez que acusó a Trump de avivar el conflicto. El fiscal general del Estado, el también demócrata Dan Rayfield, presentó el 28 de septiembre una demanda federal para solicitar una orden judicial que bloqueara la decisión de Trump.

En respuesta, una jueza federal frenó el ingreso de tropas de la Guardia Nacional a Portland. El bloqueo será efectivo hasta el 19 de octubre.

Desde junio, se han producido alrededor de 70 detenciones cerca de las instalaciones del ICE en medio de protestas marcadas por el uso federal de gas lacrimógeno y otras municiones.

Durante una visita reciente a Portland, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se reunió con el jefe de policía de la ciudad, Bob Day, el alcalde Keith Wilson y otros líderes de las fuerzas del orden para discutir la cooperación federal-local en torno a las protestas en el edificio del ICE. El jefe Day destacó la importancia de la comunicación, mientras que el alcalde Wilson defendió la gestión de la seguridad pública de Portland y criticó las tácticas federales por ser potencialmente inconstitucionales. Noem, por su parte, adoptó un tono conflictivo, calificando a los funcionarios locales de “mariquitas” en Fox News y acusándolos de permitir que los “anarquistas” controlen las calles. También amenazó con enviar “el cuádruple” de agentes federales a la ciudad.

Memphis

Trump firmó el 15 de septiembre un decreto que autorizaba el envío de la Guardia Nacional a la ciudad. La fiscal general, Pam Bondi, anunció que tras la primera semana de la presencia de las tropas, se habían llevado a cabo 273 arrestos y se habían confiscado 73 armas ilegales.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, confirmó que al menos 13 agencias federales están involucradas en la operación que sigue en marcha, entre ellas el FBI y la DEA. Según Lee, efectivos de la Guardia Nacional solo están desempeñando funciones de apoyo, actuando como “ojos y oídos”, en lugar de realizar detenciones.

El 4 de octubre, se llevó a cabo una marcha contra la presencia federal en la ciudad, organizada por Tigers Against Pollution, un grupo estudiantil. En la protesta también se vieron personas que apoyaban el despliegue de Trump.

Otros blancos

En Luisiana, el gobernador republicano Jeff Landry solicitó el despliegue de 1.000 elementos de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport, bajo el argumento de que ha habido un aumento en los índices de criminalidad. Si se aprueba, el despliegue duraría hasta septiembre de 2026.

En Misuri, el gobernador Mike Kehoe autorizó a 15 miembros de la Guardia Nacional a trabajar en las instalaciones del ICE en funciones administrativas y logísticas. “Misuri se enorgullece de unirse a los esfuerzos de la administración Trump para mantener la seguridad de nuestro Estado y nuestra nación”, afirmó Kehoe, también republicano.

En Los Ángeles, California, primera ciudad donde el Gobierno de Trump desplegó la Guardia Nacional en junio en respuesta a protestas contra su agenda migratoria, un juez federal dictaminó el 2 de septiembre que dicho despliegue había sido ilegal, pues violaba la Ley Posse Comitatus, pero la decisión solo se aplicaba a ese Estado.

Trump también ha mencionado a Baltimore, Maryland como posible objetivo, al igual que Boston, Massachusetts. Wes Moore, gobernador demócrata de Maryland, rechazó la idea y se comprometió a destinar más recursos estatales a la prevención del delito. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, del mismo partido, se ha reunido con líderes en ciudades donde se han realizado despliegues para prepararse en caso de que su ciudad sea el siguiente blanco.

Por otra parte, en Washington D. C., agentes de inmigración aún patrullan con la policía local tras los despliegues realizados a principios de este verano, a pesar de que la orden emitida por Trump expiró hace semanas.