El Tribunal Supremo permite que la Administración Trump cancele el TPS de los venezolanos
El fallo, aunque es temporal, permite la deportación de 350.000 venezolanos. Otros 250.000 perderían la protección en noviembre
La alegría le duró poco a la comunidad venezolana. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha vuelto a fallar a favor del Gobierno de Donald Trump y le ha dado luz verde para deportar a cientos de miles de venezolanos. La corte ha emitido una moción de emergencia que suspende el fallo del juez federal de California Edward Chen de inicios de septiembre, que había puesto en suspenso la orden de la Administración de eliminar el TPS (Estatus de Protección Temporal), que les permitía residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Unos 350.000 venezolanos vuelven a estar en riesgo de deportación. Otros 250.000, a quienes les vence su permiso en noviembre, podrían quedar en la misma situación.
En una breve orden, el Alto Tribunal confirmó un fallo emitido en mayo, cuando ya había respaldado la decisión de la Administración de poner fin al programa. “Aunque la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los daños relativos, en general, no lo han hecho. El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso”, dice el Supremo, en referencia a su fallo anterior.
Los seis magistrados conservadores votaron a favor y las tres juezas liberales lo hicieron en contra. La magistrada Ketanji Brown Jackson redactó una opinión disidente en la que criticó al tribunal por conceder una vez más una solicitud de emergencia presentada por la Administración. “No puedo tolerar nuestra interferencia repetida, gratuita y perjudicial en casos pendientes en las cortes inferiores mientras hay vidas en juego, por lo que disiento”, dijo. “Una vez más, usamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad para redactar opiniones) para permitir que esta Administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”, añadió.
La orden del Supremo estará en vigor mientras continúa el litigio en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, que puede extenderse meses o años. Mientras dura el proceso, los venezolanos beneficiarios del TPS quedan expuestos a la deportación.
“Es desgarrador que los jueces hayan aprobado sin más la cancelación ilegal del TPS por parte de esta Administración. Esta decisión trastocará la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS, respetuosos de la ley y trabajadores, como yo. Hoy, lamento la separación de las familias, los padres que pasarán horas despiertos preocupados por cómo mantener a sus hijos, las personas que se quedarán sin tratamiento médico, que perderán sus empleos, su estabilidad, todo por lo que han trabajado”, declaró Cecilia González, demandante y miembro de la Alianza Nacional TPS.
El programa TPS se creó en 1990 para acoger a migrantes que huían de sus países por guerras, desastres naturales u otras catástrofes. Con él, los beneficiarios quedan protegidos de la deportación y obtienen un permiso de trabajo. La Administración de Joe Biden designó a los venezolanos como elegibles para el TPS en 2021 y 2023. Apenas unos días antes de que Trump regresara a la Casa Blanca en enero, el demócrata anunció una extensión del programa. La secretaria de Seguridad, Kristi Noem, rescindió dicha extensión y procedió a poner fin a la designación del TPS para los venezolanos que se habían beneficiado del programa en 2023.
El juez Chen dictó una suspensión cautelar que detuvo las intenciones de Noem. “El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con infligir un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente perturbados, costará miles de millones de dólares a la actividad económica de Estados Unidos y perjudicará la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”, argumentó.
En mayo, el Tribunal Supremo dio la razón a Noem, una decisión que ha reiterado este viernes. Tras la orden inicial de la corte, los abogados de los inmigrantes afirmaron que miles de familias quedaron destrozadas, que muchos venezolanos perdieron sus empleos, fueron encarcelados y “deportados a un país que sigue siendo extremadamente inseguro”.
También el juez Chen había descrito Venezuela como “un país tan plagado de agitación y peligro económico y político que el Departamento de Estado” ha advertido contra los viajes a ese país “debido al alto riesgo de detenciones injustas, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y una infraestructura sanitaria deficiente”.
Los abogados de la Alianza Nacional de TPS presentaron el lunes de esta semana ante la corte un escrito en oposición a la solicitud del Gobierno de suspender la sentencia del juez Chen. El documento de más de 50 páginas argumenta que la Administración Trump no había demostrado ninguna “emergencia” que justificara una suspensión, que el interés público favorecía que los beneficiarios del TPS mantuvieran su estatus, y que dos tribunales federales (el de Distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California) habían dictaminado que las acciones de la secretaria Noem no estuvieron apegadas a la ley.
La terminación del TPS forma parte de la campaña antiimigración de la Administración Trump, que ha dejado sin estatus a cientos de miles de migrantes que residen en Estados Unidos gracias a permisos temporales como el parole humanitario, y que se crearon para recibir a ciudadanos que huían de situaciones dramáticas en sus países.