El Gobierno detiene a cientos de venezolanos con TPS pese al fallo que les devolvió el beneficio migratorio
Abogados expertos en inmigración consideran que estos arrestos son “ilegales”
Los casi 600.000 venezolanos que recibieron el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos (TPS, por sus siglas en inglés) respiraron aliviados el pasado 5 de septiembre cuando el juez federal Edward Chen restituyó la protección migratoria que la Administración Trump les quitó a inicios de este año. Pero una reciente ola de arrestos dirigidos hacia esta comunidad les ha devuelto la angustia: Washington está ignorando el dictamen judicial. Las detenciones se vienen produciendo con la brecha de protección que los 300.000 tepesianos del 2023 vivieron entre mayo y septiembre, desde que el Tribunal Supremo le permitiera al Gobierno finalizar el TPS de Venezuela hasta la sentencia de la corte de San Francisco que restableció el programa.
Varios representantes legales de los venezolanos detenidos han denunciado que los arrestos son “ilegales” porque, argumentan, un extranjero con TPS no puede ser detenido basado en su estatus migratorio. “Cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debería ser liberado de la detención si la única base para su custodia fue el bloqueo del beneficio por parte de la Administración Trump”, declaró el abogado James K. Larsen, quien representa a varios de los venezolanos detenidos.
Una investigación de The Miami Herald indica que los arrestos se han producido a lo largo del país, en Estados como Florida, Arizona, Texas, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania. Muchos de los migrantes pertenecen al grupo designado con TPS hace dos años y entraron al país a través de la frontera con México (también hay casos de quienes llegaron con visa de turista). Asimismo, varios de ellos mantienen procesos migratorios en simultáneo, como solicitudes de asilo pendientes y trámites para obtener la residencia permanente.
El fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés) que limitó significativamente la autoridad de los jueces de inmigración para revisar las causales por las cuales el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) arresta a personas que no han sido admitidas formalmente en Estados Unidos, ha permitido que el Gobierno mantenga bajo custodia a beneficiarios del TPS sin antecedentes penales. Para acceder a las protecciones del Estatus de Protección Temporal, los inmigrantes deben aprobar verificaciones de antecedentes. Sin embargo, si alguno comete un delito grave o dos delitos menores, está en riesgo de perder la protección.
Los venezolanos detenidos cuentan con algunos recursos para pelear sus casos. Abogados del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California (que lideraron la demanda contra Washington por la cancelación del programa) lanzaron un formulario para que los familiares de los tepesianos arrestados pueden aportarles información que les permita presentar acciones legales para la liberación del grupo. Expertos en materia migratoria apuntan que los sudamericanos pueden pedir la libertad condicional, y si la misma es denegada, solicitar un habeas corpus ante un tribunal federal que impugne la detención.
El TPS vuelve a estar en manos del Supremo
Los abogados de la Alianza Nacional de TPS presentaron este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo en oposición a la solicitud de la Administración Trump de suspender de forma urgente el fallo del juez Chen, que catalogó de “ilegal” el intento de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de despojar de protección migratoria a los venezolanos y haitianos.
El documento de más de 50 páginas argumenta que el Gobierno no ha demostrado ninguna “emergencia” que justifique una suspensión, que el interés público favorece que los beneficiarios del TPS mantengan su estatus, y que dos tribunales federales (el de Distrito y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California) dictaminaron que las acciones de la secretaria Noem no estuvieron apegadas a la ley.
“Retirar el estatus migratorio legal a 600.000 personas con un preaviso de 60 días no tiene precedentes. Hacerlo después de prometer 18 meses adicionales de protección es ilegal. El Gobierno alega que su incapacidad para violar la ley es una emergencia, pero la única emergencia aquí es la de inmigrantes con residencia legal que están siendo despedidos de sus trabajos, detenidos en cárceles de inmigración, separados de sus familias y deportados a un país donde, según las propias autoridades, es peligroso incluso viajar”, declaró en el escrito, Jessica Bansal, asesora de la Red Nacional de Jornaleros, que forma parte de la TPS Alliance.
También se presentaron ante el Tribunal Supremo dos escritos amicus en apoyo de los beneficiarios del TPS con la firma de 137 congresistas (ninguno republicano), así como de académicos de derecho y economistas de varias universidades del país.