Deportation Depot: cómo Florida repite “la receta” de abusos a migrantes de Alligator Alcatraz

A menos de un mes de comenzar las operaciones en Deportation Depot, el nuevo centro de detención de inmigrantes montado en una antigua prisión de hombres en el condado Baker, al norte de Florida, han comenzado a surgir denuncias sobre las pésimas condiciones y tratos en el sitio, muy similares a las que se reportaron en Alligator Alcatraz, la infame cárcel levantada con carpas al oeste de Miami. Detenidos en Deportation Depot (Estación de Deportaciones, como le bautizó el gobernador del Estado, el republicano Ron DeSantis) se han quejado de acceso limitado a atención médica, incluyendo emergencias, comida mala y escasa, falta de agua potable, y que no tienen privacidad para hablar con sus abogados, según testimonios recogidos por la red jurídica Sanctuary of the South (SOS).

También han reportado que no tienen mecanismos para presentar quejas ni dónde guardar documentos legales o artículos religiosos, que los agentes del centro los amenazan con confinamiento solitario como represalia, y que, como hay múltiples contratistas, no se sabe quién está a cargo, lo que plantea interrogantes sobre la supervisión, el debido proceso y los estándares básicos de atención en la instalación.

Los centros de detención de inmigrantes en Florida han sido señalados en reportes de organismos de derechos humanos por condiciones de hacinamiento “deshumanizantes” y violaciones flagrantes a los estándares de detención por motivos migratorios. Casi media docena de personas han muerto bajo custodia de las autoridades migratorias en Florida en lo que va de año, la mitad del total en el país. El Estado ha tratado de colocarse a la vanguardia en la ofensiva contra los inmigrantes impulsada por el Gobierno de Donald Trump, que incluye deportaciones masivas y cuotas de detenciones, y lidera en la cantidad de acuerdos con autoridades locales para detener inmigrantes.

Katie Blankenship, directora de SOS, asegura que Deportation Depot es “como un manual de recetas: hacen exactamente lo mismo que en Alligator Alcatraz y se ven los mismos problemas”.

Las autoridades quieren detener una “cantidad abrumadora de personas” porque “es muy rentable, y por eso se apresuran a crear estos centros de detención sin pensar en absoluto si realmente están en condiciones, si están preparados, equipados, para alojar a seres humanos de manera humana”, denuncia Blankenship. “Esa ‘receta’ se ha repetido en el correccional de Baker y en los centros de detención que están abriendo en todo el país”, agrega. Lugares que “básicamente son jaulas sin servicio postal, sin aire acondicionado confiable, sin atención médica confiable, sin comida confiable, sin nada preparado”.

Sin agua, suficiente comida ni privacidad

Un hombre que estuvo detenido en el centro de procesamiento de Krome, al suroeste de Miami —señalado en un reporte de Human Rights Watch por condiciones precarias y donde han muerto al menos dos personas en los últimos meses— dijo que Deportation Depot es mucho peor, señala Alejandra Puerto, asistente legal de SOS, que habló con el detenido por teléfono. “Lo trasladaron a esta instalación hace dos semanas y dice que está casi listo para firmar una orden de deportación. Las condiciones son imposibles de soportar”, apunta.

Otro detenido reportó haber perdido 10 libras (4,5 kilos) en las dos semanas que lleva en el sitio. Otro dijo que tiene una dieta restringida y no le han facilitado los alimentos adecuados. El agua del grifo del lugar no es apta para beber, y los detenidos deben tomar únicamente de un dispensador.

Puerto, además, ha recibido quejas de que “los sacan a las cinco de la mañana sin chaquetas ni nada para mantenerse abrigados. Los obligan a caminar afuera en esas condiciones y a esperar para entrar al comedor, sin nada que los proteja del frío, debido al hacinamiento, ya que no todos caben en la cafetería al mismo tiempo”.

No hay ningún lugar ni sistema para presentar quejas: “No se les permite tener bolígrafos. No han podido redactar sus solicitudes ni sus quejas, que es justamente la vía que los oficiales les indican para presentarlas. Les dicen: ‘Escriban sus quejas’, pero luego no les proporcionan bolígrafos ni papel para hacerlo”, indica Puerto. “Además, les retienen sus documentos legales”.

Imágenes del interior del centro muestran salas con largas filas de literas, sin más muebles ni un lugar donde guardar pertenencias. Un detenido dijo que su única pertenencia es una Biblia y se ve obligado a ponerla en el suelo, señaló Puerto.

SOS ha intentado averiguar si los detenidos pueden recibir o enviar correo legal, pero las autoridades del sitio han dicho que no saben. Como hay diversas empresas operando en el lugar —una que hace lavandería, otra cocina, tres o cuatro compañías de seguridad, una empresa médica— “no se sabe quién está a cargo y nadie tiene respuestas para nada. No hay una persona responsable”, sostiene Puerto.

Los clientes pueden comunicarse con sus abogados en salas de conferencia, donde “los colocan en un espacio con una laptop. Pero algunos se muestran cautelosos, porque no confían qué tan segura es la comunicación. Bajan la voz cuando pasan los oficiales”, señala Puerto.

SOS tiene conocimiento de que al menos dos de sus clientes fueron trasladados a Deportation Depot desde otros centros de detención. Cientos de detenidos no aparecen en la base de datos en línea del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y estos traslados y la opacidad en el manejo de registros ha hecho sonar las alarmas sobre posibles violaciones a los derechos constitucionales y al debido proceso de los inmigrantes.

Deportation Depot era antes una prisión estatal al oeste de Jacksonville, casi en el límite de la península con el vecino Estado de Georgia, que cerró hace cinco años por falta de personal. Blankenship, la directora de SOS, dice que sus clientes se han quejado de que el centro “no estaba en condiciones de uso” y “no hicieron nada para arreglarlo”. “Simplemente, metieron a la gente allí, no lo han limpiado en absoluto y hay moho y suciedad por todas partes”. “Es un trato realmente cruel, terrible”, agregó.

Stephanie Hartman, directora de comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), que supervisa la instalación, dijo que estas alegaciones “son falsas” y que “los detenidos reciben tres comidas al día, tienen acceso a instalaciones recreativas interiores y exteriores, acceso continuo a una clínica médica completamente dotada de personal, que cuenta con farmacia en el lugar”, así como instalaciones limpias y que pueden programar citas con sus abogados, “tanto presenciales como virtuales”.

La FDEM no respondió a preguntas de cuántos detenidos hay en el centro ni cuántos han sido deportados. El Departamento de Seguridad Nacional y el ICE tampoco respondieron a las preguntas de este diario. Las autoridades han dicho que el centro tiene capacidad para 1.300 detenidos, que podría ampliarse hasta 2.000.

La maquinaria de deportaciones

Al anunciar a finales del mes pasado que iba a reutilizar la cárcel para detener inmigrantes, el gobernador DeSantis destacó la cercanía con el aeropuerto de Lake City, a pocos minutos de Baker, como un punto estratégico, y dijo que el objetivo no era “detener a personas indefinidamente” en el lugar, “sino procesarlos y deportarlos”. La antigua cárcel requería menos recursos —unos 6 millones de dólares— para ponerla en funcionamiento como centro de detención que la otra opción contemplada por el Estado, una base militar al suroeste de Jacksonville.

Defensores de los inmigrantes han asegurado que las malas condiciones y los largos períodos de detención son parte de una estrategia para que las personas acepten ser deportadas. Las autoridades insisten en que a quienes acepten una deportación voluntaria le pagan el billete de avión y le dan 1.000 dólares. Pero Blankenship asegura que la razón por la que quieren mantener a las personas detenidas es el dinero.

En julio, el presidente Trump promulgó su ley de reforma fiscal, que dio más de 100.000 millones de dólares al ICE, incluyendo unos 45.000 millones para expandir la capacidad de los centros de detención.

“Esa es la razón. No creo que a Trump ni a las personas detrás de esto les importe en absoluto los inmigrantes. Es una jugada política. Ahí es donde hay muchísimo dinero y poder político. ¿Entonces qué haces? Empiezas a hablar de inmigrantes, montas toda la maquinaria de propaganda antiinmigrante que lleva años funcionando en este país, y de repente tienes miles de millones saliendo del Congreso”, apunta.

“Así que es el dinero primero. Como ese viejo dicho: ‘Es el dinero, estúpido’. Fíjate en eso y todo lo demás se desprende de ahí”, concluye.