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Estados Unidos incluye el Darién en la persecución contra las mafias de tráfico de personas

Colombia y Panamá se suman a los países que colaboran con el Gobierno de Biden en la lucha contra la trata

Darién migrantes
Migrantes cruzan un río en la selva del Darién para llegar a Panamá, en octubre de 2022.Fernando Vergara (AP)

La región de Darién, considerado uno de los canales más peligrosos y utilizados por los migrantes provenientes de Suramérica para alcanzar Estados Unidos, acaba de ser añadida a las investigaciones sobre tráfico y trata de personas de la Administración Biden. Con la nueva incorporación, el grupo especial Alpha, creado en 2021 para luchar contra las mafias que trafican con personas, suma a Colombia y Panamá a los países del llamado Triángulo Norte: Guatemala, Honduras, el Salvador y México, donde ya operaba.

“En los últimos tres años nos hemos enfocado en establecer relaciones, investigar pistas, perseguir casos en esas áreas y los hechos nos han llevado cada vez más hacia la selva de Darién”, ha señalado un alto funcionario del Departamento de Justicia. El Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y las patrullas de la frontera han participado en las investigaciones.

El también llamado Tapón de Darién es una extensión de 100 kilómetros que se adentra en la selva y es uno de los pasos más utilizados por las mafias para introducir personas de forma ilegal entre Colombia y Panamá. En los últimos años se ha convertido en uno de los cruces más arriesgados en los que se aventuran los migrantes, que necesitan guías para atravesar a pie una región inhóspita de densa vegetación controlada por las redes del crimen organizado. Los peligros no solo llegan por las extremas condiciones que impone el terreno; asesinatos, violaciones, robos y extorsiones están a la orden del día en este trayecto. Para evitarlo, muchos intentan la vía marítima, donde también se juegan la vida.

La unidad Alpha ha anunciado que operará en esta zona como lo ha hecho con los países del Triángulo Norte, trabajando primero con los fiscales de Colombia y Panamá, para, a partir de ahí, armar casos que pueden desembocar en la extradición de los líderes de las redes de tráfico. “A pesar del éxito y el impacto significativo que ha tenido la iniciativa hasta ahora, somos realistas. Tenemos por delante un trabajo más importante y desafiante para atacar el tráfico humano entre Suramérica y Centroamérica, que puede ser un asunto de vida o muerte”, han dicho desde el Departamento de Justicia. En los tres años que lleva operando, sus responsables aseguran haber conseguido más de 300 detenciones y unas 240 condenas.

Se busca: El Clan del Golfo

Uno de los objetivos del grupo especial es el Clan del Golfo, que se presume opera en la región. El Departamento de Estado ha ofrecido hasta ocho millones de dólares a quien ofrezca información sobre este cartel colombiano, también llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, aseguran, domina el tráfico ilegal de personas a través del Darién. El dinero forma parte del Programa de Recompensas para el Crimen Organizado Trasnacional que, según las mismas fuentes, ha conseguido la detención de 90 delincuentes trasnacionales. Además, el departamento tiene otro programa de recompensas de narcóticos que ha empleado 182 millones de dólares en obtener información sobre carteles.

El Gobierno de Biden quiere también ampliar las penas a los líderes de mafias que trafican con personas, para lo que ha presentado una propuesta legislativa en el Congreso. La iniciativa amplía las condenas a los traficantes si hay heridos, muertos o delitos sexuales cometidos durante el trayecto, incluso si se producen fuera de Estados Unidos.

Uno de los casos más recientes operados por el grupo Alpha es el de María Mendoza-Mendoza, alias La Güera, que el pasado 28 de mayo fue condenada a 10 años de prisión por liderar una organización que ha traficado con más de 100 personas desde Honduras. Pendiente aún de juicio hay otro caso destacado, el de Ofelia Hernández Salas, extraditada desde México en septiembre del año pasado y sobre la que pesan acusaciones de tráfico de personas con redes en numerosos países, entre ellos Yemen, Pakistán, Rusia, Brasil y México.

Desde el Departamento de justicia apuntan que la nueva orden ejecutiva firmada por Biden que limitará el derecho de asilo y cerrará la frontera no afectará a su labor, aunque esperan que reduzca el número de personas que intenta cruzar ilegalmente a Estados Unidos.

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