La UE quiere rebajar el precio de la conexión a Internet y los mensajes de móvil
Los ministros de Telecomunicaciones han ratificado hoy la norma que reduce hasta en un 70% el precio de usar el teléfono móvil desde el extranjero
La Unión Europea ha dado hoy un nuevo impulso a la rebaja de precios de las llamadas de teléfono móvil en itinerancia en países europeos, que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha advertido además a los operadores de que su próximo objetivo será la bajada de tarifas en los mensajes de texto y en el acceso a Internet.
La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha asegurado que la Comisión Europea y los reguladores nacionales estarán vigilantes para que las empresas no traten de compensar a costa de otros in...
La Unión Europea ha dado hoy un nuevo impulso a la rebaja de precios de las llamadas de teléfono móvil en itinerancia en países europeos, que entrará en vigor el próximo 1 de julio. La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha advertido además a los operadores de que su próximo objetivo será la bajada de tarifas en los mensajes de texto y en el acceso a Internet.
La comisaria europea de Telecomunicaciones, Viviane Reding, ha asegurado que la Comisión Europea y los reguladores nacionales estarán vigilantes para que las empresas no traten de compensar a costa de otros incrementos la pérdida de ingresos de las llamadas de "roaming". Asimismo, advirte a las operadoras de que en los próximos 18 meses van a estudiar los precios de los envíos de mensajes de texto y la transmisión de paquetes de datos a través del móvil, y aseguró que deberán controlarlos si quieren evitar una nueva regulación.
Reding ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía que esta mañana ha aprobado por unanimidad el reglamento que obligará a las compañías a que el coste sin IVA que afronte un consumidor cuando llame por móvil desde un país de la UE distinto al de origen no exceda 49 céntimos por minuto en 2007, 46 céntimos en 2008, y 43 céntimos en 2009. El precio actual de estas llamadas oscila entre un euro y 1,25 euros por minuto, según una encuesta realizada por la Comisión Europea en 2006.
"Lamentablemente el mercado no resolvió el problema por sí mismo pese a las alertas que les enviamos", afirma Reding, que negó que este reglamento se vaya a traducir en una subida de precios en las llamadas nacionales, ya que "la propia competencia expulsaría del mercado a los operadores que lo hicieran".
La nueva normativa entrará en vigor el 1 de julio, y después de que eso suceda las compañías de telecomunicaciones tendrán un mes para ofrecer a sus clientes un nuevo sistema de tarifas. Los usuarios dispondrán después de dos meses para adoptar los contratos renovados o seguir con los actuales, si no lo hacen, el cambio se realizará de forma automática. Este procedimiento permitirá que los beneficios de la nueva legislación puedan disfrutarse desde el próximo mes de agosto, según el Ejecutivo comunitario.
La norma prevé la reducción progresiva de la factura cuando el consumidor recibe llamadas en el extranjero -máximos de 24 céntimos en 2007, 22 en 2008 y 19 en 2009-En paralelo, reduce las tarifas mayoristas que las operadoras cobran a las compañías de otros países cuando ceden sus infraestructuras: topes de 30, 28 y 26 céntimos en los mismos años. La norma expira transcurridos tres años, pero la idea de los legisladores europeos es que para entonces los nuevos precios se hayan consolidado en el mercado libre.
España, la que más deja de ingresar
Aunque votó a favor, España no está especialmente satisfecha con la bajada aprobada, ya que será el país que más dejará de ingresar por el pago de las llamadas en itinerancia de los millones de turistas que la visitan cada año.
Sin embargo, sus compañías deben afrontar fuertes inversiones en infraestructuras para soportar un tráfico telefónico que se multiplica con este turismo. Por este motivo, junto a Gran Bretaña y Francia, trató de retrasar, sin éxito, la aprobación del reglamento, con el fin de cuidar al máximo su seguridad jurídica. El reglamento no ha sido aún aprobado definitivamente, y por la necesidad de cubrir una serie de procedimientos administrativos será el Consejo de Competitividad del 25 de junio el que dará su visto bueno definitivo.