Un delito penado con hasta ocho años de cárcel
La última reforma del Código Penal sanciona la mera posesión de material pornográfico en el que aparezcan menores
La Ley Orgánica del 25 de noviembre de 2003 endureció sensiblemente las penas por difusión de pornografía infantil y tipificó por primera vez como delito la mera posesión de material en el que aparezcan menores o incapaces y la llamada pornografía virtual.
La nueva redacción del Código Penal contempla penas de entre tres meses y un año de prisión o multa de seis meses a dos años a quien para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces. La pena es mayor -entre seis meses de cárcel y un año o multa de 12 a 24 meses- para ...
La Ley Orgánica del 25 de noviembre de 2003 endureció sensiblemente las penas por difusión de pornografía infantil y tipificó por primera vez como delito la mera posesión de material en el que aparezcan menores o incapaces y la llamada pornografía virtual.
La nueva redacción del Código Penal contempla penas de entre tres meses y un año de prisión o multa de seis meses a dos años a quien para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces. La pena es mayor -entre seis meses de cárcel y un año o multa de 12 a 24 meses- para quien por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces.
Se prevé además pena de entre uno y cuatro años de cárcel para quien utilice a niños con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos o quien venda o distribuya material en cuya elaboración hayan sido usados menores o incapaces, aunque el material tuviera origen en el extranjero o fuera desconocido.
El artículo 189.3 contempla unas circunstancias que, de concurrir, elevarían la pena por este delito a entre cuatro y ocho años de cárcel: cuando se use a menores de 13 años, cuando los hechos revistan un carácter particularmente vejatorio, cuando el material represente a menores que son víctimas de violencia física o sexual, cuando el culpable pertenezca a una asociación dedicada a tales actividades o cuando sea el padre, tutor, maestro o cualquier otra persona encargada del menor o incapaz.