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Amama ultima 260 reclamaciones de enfermas ante el Gobierno andaluz por los fallos en el cribado de cáncer de mama

La asociación rechaza dar al Ejecutivo los datos de las 4.000 mujeres atendidas por distintos fallos en el sistema sanitario

La asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama en Sevilla, Amama, ultima 260 reclamaciones patrimoniales para presentarlas ante el Gobierno andaluz en nombre de las enfermas que han sufrido secuelas por los retrasos en el cribado del cáncer en la región. Un mes y medio después de que saltara la polémica, Amama ya ha presentado medio centenar de reclamaciones ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y ahora prepara un total de 260 para interponerlas en las próximas semanas. En función de la respuesta del Ejecutivo, que dispone de seis meses para responder, y su tasación de la compensación económica por los daños ―con tres resultados de muerte, mastectomías o perjuicios psicológicos― las mujeres decidirán si acuden o no a la justicia contencioso-administrativa para elevar las cuantías.

La asociación ha rechazado el requerimiento que hace una semana le remitió el Gobierno autonómico para que le enviara “toda información, documentación o testimonios” de las mujeres afectadas. “Ellos [el Ejecutivo] manejan los datos. Nosotros tenemos una humilde asociación y creamos un correo donde las afectadas han ido escribiendo. ¿Qué trabajo le hubiera costado a la Junta crear un contacto para atender a las enfermas? Aquí no se ha hecho un llamamiento para las personas afectadas o un sitio para atenderlas en todas las provincias”, ha protestado el abogado de la asociación, Manuel Jiménez.

El letrado alega que vulneraría la Ley de protección de datos si accediera al requerimiento de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que exigió a Amama todos sus datos después de que esta elevara a 4.000 el número de mujeres que habían sufrido los retrasos en el diagnóstico, casi el doble de las 2.317 que baraja la Junta. Este viernes su presidenta, Ángela Claverol, ha matizado que las 4.000 mujeres no son casos de afectadas directas, sino consultas que ha recibido Amama en este mes y medio, a las que considera afectadas por los retrasos, con consecuencias fatales, más leves, o con pérdida de pruebas diagnósticas e imágenes en el sistema informático del SAS.

Jiménez ha rechazado la discrepancia de cifras de afectadas con la Consejería y el enfrentamiento suscitado por el alcance de los fallos del cribado. “A mí no me bailan las cifras, sabemos lo que tenemos entre manos. El presidente [Juan Manuel Moreno] dijo que se había hecho ya el 96% y yo tengo correos de personas que aún no se les han llamado. Los servicios jurídicos de la Junta saben perfectamente cómo extraer los datos de esas 260 personas”. De estas 260 afectadas, puede haber un 10 o un 15% de mujeres que no han desarrollado cáncer finalmente, pero que resultaron afectadas por los retrasos del cribado, ya que el SAS no las alertó a tiempo de las pruebas y mamografías previstas debido a los retrasos, según Amama.

“Yo no voy a facilitarle unos documentos a la Junta por el secreto profesional que debo respetar, porque pide información, documento y testimonio, que deberá autorizar cada mujer. Son datos protegidos. La solución está en su mano [de la Junta], que es la que tiene los datos y maneja las mamografías para saber cuántas mujeres esperan resultados. Los datos oficiales no concuerdan con nosotros. Por ejemplo, en Córdoba tenemos unos 15 o 20 casos que la Junta no reconoce (…) Yo presento las reclamaciones en su casa, en el SAS, con una relación de hechos, una documental que lo apoya”, ha insistido el abogado.

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha replicado este viernes: “La alarma surge porque Amama sostiene que existen 4.000 mujeres que nadie sabe dónde están (…) Quien habla de 4.000 personas que la Administración no conoce, para mí está describiendo una emergencia de salud pública. La solicitud no se hace para la Administración, sino para los profesionales sanitarios y no buscamos confrontación, sino garantizar que si realmente existen, esas mujeres puedan ser atendidas como corresponde”, informa Efe.

La Junta, que concentra el 90% de los casos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, basó su requerimiento en la Ley de Salud Pública Andaluza como base legal. El Gobierno buscaba con la petición ante Amama “garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la administración en materia de vigilancia y protección de la sanidad pública y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas”.

En paralelo, Amama, vetada por el PP en la comisión parlamentaria del cribado de cáncer de mama, ha lanzado este viernes una serie de propuestas para los Presupuestos del próximo año: “Exigimos al Gobierno andaluz que cumpla lo prometido y detalle el destino de esos 701 millones y de los 101 profesionales que incrementarán la plantilla del SAS en 2026; garantizar plantillas completas y estables en todos los hospitales con contratos estables y de larga duración; reforzar los programas de cribado y poner en marcha un sistema de información público y transparente sobre resultados y tiempos de espera”, ha precisado Claverol.

Además, la asociación reclama al Ejecutivo recuperar la atención en acto único ―con mamografía, ecografía y biopsia en el mismo día―; garantizar la atención psicológica a todas las mujeres que sufren un cáncer, con psico-oncólogas en todas las unidades de mama y servicios de oncología ginecológica; tratamientos de rehabilitación completos para las afectadas por mastectomías y circuitos preferentes para las mujeres. Por último, Amama exige la publicación mensual de las listas de espera de consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos oncológicos y cirugías para la atención oncológica, tanto de primeras consultas como revisiones, con el cumplimiento del plazo máximo de 30 días fijados por ley. También reclama la potenciación de las aulas de cáncer de mama de la escuela de pacientes, la financiación al 100% de las pelucas en caso de tratamientos con pérdida del cabello, e implantar la figura de la Defensora de las mujeres con cáncer de mama.

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