El Tribunal de Estrasburgo condena a España por no hacer una investigación “eficaz” en dos denuncias por violación por sumisión química
Durante el procedimiento desaparecieron pruebas que estaban bajo custodia policial y que eran cruciales para el caso
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó este jueves a España por no haber llevado a cabo una investigación “eficaz” del caso de dos mujeres que denunciaron haber sido violadas por sumisión química en 2016 en Pamplona y cuyas pruebas fueron perdidas o manipuladas bajo custodia policial. En su sentencia por unanimidad, publicada este martes, los jueces europeos establecen que en este caso se ha producido una violación del artículo 3 (prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y del artículo 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar).
Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando las demandantes denunciaron haber sido drogadas por sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Pamplona y agredidas sexualmente por dos hombres. Posteriormente, se produjo la pérdida y manipulación de pruebas cruciales bajo custodia policial. El Tribunal de Estrasburgo concluyó que las autoridades españolas no habían llevado a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias, que iban más allá de “errores aislados” u omisiones menores en la investigación.
Además, según el tribunal, las medidas adoptadas por las autoridades no habían podido compensar la pérdida de pruebas que había sido fundamental para las acusaciones de sumisión química. Asimismo, las investigaciones sobre posibles faltas de conducta policial se habían iniciado tras un lapso considerable de tiempo y se habían encomendado a los mismos órganos judiciales y policiales que habían supervisado la investigación original, según el tribunal. Por todo ello, el tribunal ha determinado que España debe pagar a cada una de las demandantes 20.000 euros en concepto de daño moral y 5.000 euros conjuntamente en concepto de costas judiciales.
La noche del 7 de diciembre de 2016, las dos mujeres, de nacionalidad española, se encontraron con dos hombres en un bar y tomaron una copa con ellos. Al despertarse desnudas a la mañana siguiente en el apartamento de uno de ellos, alegaron no recordar nada del resto de la noche. Posteriormente, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió investigaciones y los dos hombres fueron detenidos e interrogados. Reconocieron haber mantenido relaciones sexuales, pero sostuvieron que fueron consentidas.
En enero de 2017 se abrió un proceso penal formal. Durante la investigación, se descubrió que uno de los dos era cuñado de un agente de policía asignado a la unidad UFAM, responsable de la investigación del caso. Pruebas cruciales desaparecieron o se vieron comprometidas mientras se encontraban bajo custodia policial, como por ejemplo un informe forense derivado de los datos de un teléfono móvil perteneciente a uno de los hombres, elaborado por la Policía Nacional en Madrid, y que desapareció en Pamplona. También desaparecieron o fueron manipulados fragmentos de las imágenes de videovigilancia del bar donde se conocieron los cuatro y se descubrió que el disco duro utilizado para almacenar los datos forenses de los teléfonos móviles de ambos sospechosos había sido borrado y sobrescrito, con la pérdida de todo su contenido.
Si bien reconoció la gravedad de las acusaciones y consideró que los relatos de las demandantes eran creíbles y carentes de segundas intenciones, el juzgado concluyó entonces que no había pruebas suficientes para establecer relaciones sexuales no consentidas. Posteriormente, el juez abrió un procedimiento separado para examinar posibles faltas de conducta y manipulación de pruebas, pero se cerró el 8 de octubre de 2021 sin que se presentaran cargos. Las pruebas recopiladas durante casi cinco años de investigación no habían demostrado más allá de toda duda razonable que los sospechosos hubieran administrado sustancias a las demandantes ni que hubieran tenido conocimiento de que las dos mujeres estaban inconscientes durante las relaciones sexuales.
El tribunal reconoció que la investigación se había visto notablemente afectada por irregularidades procesales y la desaparición de pruebas digitales, pero determinó que estos factores no compensaban la falta de pruebas sustanciales. Concluyó que la investigación había sido exhaustiva, con tres causas separadas con respecto a las irregularidades.
Una de las demandantes no aceptó el archivo de la investigación principal por estar pendientes las tres investigaciones separadas. Sin embargo, en julio de 2022 se dictó auto de sobreseimiento. La Audiencia Provincial desestimó el recurso de casación de las demandantes y declaró inadmisible su posterior solicitud de anulación, al igual que el Tribunal Constitucional, al considerar el recurso de amparo que interpusieron, por lo que elevaron su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que este jueves les ha dado la razón.