El Poder Judicial recuerda al Gobierno que alertó de problemas con pulseras antimaltrato a principios de año

Por escrito, en un comunicado público, es como la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género Esther Erice ha respondido a Carmen Martínez Perza, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que envió la semana pasada una carta a ese organismo del Consejo General del Poder Judicial asegurando que no habían recibido “comunicación oficial alguna (...) relativa a la mala calidad del servicio que iba a ofrecer” la nueva adjudicataria de las pulseras antimaltrato, Vodafone y Securitas, después de que acabar la migración desde Telefónica y Securitas Direct en marzo de 2024. Desde el observatorio se asegura sin embargo que alertaron desde principios de 2025 de los fallos en los dispositivos.

Erice no introduce en el comunicado ningún extracto de esa misiva enviada por la Delegación, y que adelantó El Confidencial, pero incide en que “las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio son trasladadas a los organismos competentes para así garantizar el correcto cumplimiento de las medidas de alejamiento acordadas”.

Añade que eso fue lo que “sucedió con dos informes remitidos por el presidente de la Audiencia Provincial de Granada informando de diversas incidencias referidas por los órganos judiciales de la provincia, de los que se dio cuenta desde el Observatorio a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mediante oficios de fechas 8 de enero y 21 de febrero de 2025, respectivamente; y con la comunicación de otra incidencia remitida por un órgano judicial de Galicia, de la que se dio traslado a la Delegación el 27 de febrero de 2025″.

No solo el observatorio afirma que los fallos de esos dispositivos habían sido comunicados a Igualdad. También lo han hecho en los últimos días la Fiscalía General del Estado ―que incluyó en su memoria anual los fallos que había provocado el cambio de adjudicataria―, y personal cercano al centro Cometa y extécnicos de ese organismo.

Lo han asegurado también de forma pública y a este diario abogadas y abogados tanto de víctimas como agresores, y las propias víctimas de violencia machista con ese dispositivo activo durante los últimos años, que han notado diferencias con el cambio de empresa. Además de dos de los Tribunales Superiores de Justicia a los que este periódico ha solicitado información sobre estas incidencias y han respondido.

Desde el TSJ de Baleares recuerdan “tres” ocasiones en las que hubo algún tipo de anomalía relacionada con esta cuestión de las que están a la espera de recopilar más información.

Y el TSJ gallego contesta que “las incidencias detectadas, que sí las hubo, fueron comunicadas por parte de los órganos judiciales al centro Cometa”; y que “al margen de esto”, les consta “que el tema se trató, al menos, en dos reuniones de coordinación provinciales”. Una, en Pontevedra, “a inicios de junio de 2024, en la Junta de Seguridad de Policía judicial, de la que forman parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”; y la otra, en A Coruña, “en la Comisión de Violencia, donde los jueces presentes expusieron los problemas que se estaban produciendo”. En esa comisión, añaden, “hay representantes de todas las instituciones”.

En la carta del observatorio del CGPJ, Erice recuerda que la instalación de los dispositivos antimaltrato es “una de las medidas de protección de las víctimas que los órganos judiciales pueden acordar”, pero “que las incidencias que se puedan ocasionar deben comunicarse al servicio competente de su gestión, que no son ni los juzgados y tribunales ni el Consejo General del Poder Judicial”.

Asegura que las comunicaciones sobre incidencias que puedan recibirse en el Observatorio “son trasladadas a los organismos competentes” y apunta también hacia las conclusiones “sobre las disfunciones advertidas en el sistema” que “se alcanzaron en las XXIII Jornadas de Presidentes y Presidentas de Audiencias Provinciales, aprobadas el pasado 25 de marzo”.

Una de las conclusiones de esas jornadas fue la siguiente: “Ante las dilaciones que se producen desde la resolución judicial que acuerda la medida hasta la colocación de dispositivos de control telemáticos de proximidad, solicitamos la ampliación urgente de la plantilla de técnicos del centro Cometa. Asimismo, teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones, a fin de evitar la desprotección de las víctimas”.

El origen del debate

La polémica se abrió el pasado miércoles, después de que la Fiscalía General del Estado aludiese, en su memoria de 2024, a una incidencia en el registro de los datos de ubicación de los agresores, que impidió a algunos juzgados analizar quebrantamientos de penas de alejamiento por no disponer de los datos anteriores al 20 marzo de 2024. El registro histórico de esos movimientos se perdió por un fallo en la migración de una a otra empresa durante un periodo de tiempo por el momento indeterminado, porque ninguna institución ha aclarado cuál fue, aunque la horquilla según la fuente se mueve entre los cuatro y los ocho meses.

Estos problemas, introdujo la Fiscalía en su memoria, condujeron a “una gran cantidad” de sobreseimientos temporales y absoluciones. Tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Igualdad aseguraron que este problema se solucionó a finales de 2024, que en 2025 no hubo ninguna incidencia, y que solo afectó a algunos procedimientos judiciales ―la mayoría esos sobreseimientos, que ya se han reabierto―, pero que los dispositivos de control de localización funcionaron perfectamente en todo momento, por lo que las víctimas “nunca estuvieron desprotegidas”.

Partidos de la oposición y aliados como el socio de Gobierno, Sumar, han pedido que se investigue lo ocurrido. En un vídeo enviado la mañana de este lunes, la ministra, Ana Redondo, ha descartado dimitir y ha informado de que la nueva licitación para este servicio que se implantó en 2009 ya está próxima, “en los próximos meses”, ya que el contrato actual finaliza en mayo de 2026. Ha recordado también que con esta medida, ninguna mujer que portara el dispositivo ha sido nunca asesinada.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.