La vida atada a una pulsera contra el maltrato: “Es horrible no saber si la alarma salta de verdad o falla”

“Pitaba y pitaba y pitaba”. Pitó tantas veces en 2024 que Lara empezó a llevar un registro en un cuaderno: a qué hora saltaba la alerta, qué día era, qué hora era, dónde estaba ella en ese momento. También llegó un momento ...

“Pitaba y pitaba y pitaba”. Pitó tantas veces en 2024 que Lara empezó a llevar un registro en un cuaderno: a qué hora saltaba la alerta, qué día era, qué hora era, dónde estaba ella en ese momento. También llegó un momento en el que pensó si tenía sentido llamar a Cometa, el centro que hace el seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato: “Aquí no ha saltado nada, él no está cerca’. Eso me decían, que no podía ser. Pero a mí me pitaba. Y la policía, si Cometa no da el aviso, no pueden hacer nada. Es como si estuvieras loca, y completamente sola”. Mientras que a María, otra víctima, no le ha fallado el dispositivo en los dos años y un día que lleva con él. Es a la vez su salvador y su amenaza constante. Lo ha portado con las dos empresas privadas que estos dos últimos años han prestado el servicio de protección: “A mí nunca se me ha estropeado, ni ha fallado, y a él, continuamente. Con lo cual es evidente que el problema no es del dispositivo, es que el agresor lo manipula”. Las pulseras han estado esta semana en el centro de la polémica después de que la Fiscalía General del Estado alertase en su memoria anual de problemas de cobertura en los dispositivos que han provocado sobreseimientos y absoluciones de agresores.

Ni María se llama María, ni Lara se llama Lara. Sus nombres no aparecen en este reportaje porque son dos de las 4.515 mujeres que llevan ese dispositivo que un juez decide tras imponer una orden de alejamiento contra sus agresores. Estas son sus dos historias, con diferencias, pero con un punto común: viven pegadas a un aparato porque de ello depende su vida, y la de sus hijas e hijos.

María: “Vivir así es horrible, un estrés continuo”

María, víctima de violencia de género con un policía local como agresor, recuerda el día exacto que comenzó a vivir pendiente del dispositivo de Cometa: 20 de septiembre de 2023. No lo olvida porque es un aviso constante de su situación y “una medida de control y de acoso del agresor hacia la víctima”. Desarrolla esa idea: “Cuando él desconecta la señal, independiente de que no vaya a venir a por mí, sabe que eso me obliga a quedarme en mi vivienda, a no poder salir, porque no se sabe dónde está. Y más aún, como tampoco se puede acercar a mis hijas, también le obliga a estar alertas a ellas. Se tienen que encerrar y ninguna podemos salir del domicilio en el que estemos. Es horrible, un estrés continuo”.

En estos casos, una vez que el juzgado determina un nivel de riesgo alto, el agresor lleva una pulsera con geolocalización y un terminal de móvil que han de ir juntos para que emita la señal. La víctima, María en este caso, lleva un móvil. El de ahora, que cambió cuando lo hicieron las adjudicatarias, lo tiene desde febrero o marzo del año pasado. No recuerda. “Este teléfono de ahora es más preciso. El de antes, por ejemplo, me avisaba directamente cuando se acercaba a mí, pero no cuando lo hacía a un punto fijo de exclusión [ciertos lugares frecuentados por la víctima a los que el agresor no se puede acercar en ningún caso]”. En este caso, dice María, la avisaban desde la empresa gestora del sistema. El actual dispositivo le avisa de todo, explica: “En amarillo si es a los puntos fijos de exclusión y no estoy yo, y en rojo si está cerca de donde me encuentro”.

María recuerda sus denuncias contra su expareja por romper la orden judicial de alejamiento. En casi todos los casos, hubo entonces un parón en el funcionamiento del dispositivo de él.

Describe haber detectado varios tipos de manipulación del aparato: “Unas veces separa los dos dispositivos, porque a partir de cierta distancia entre la pulsera y el móvil, se pierde la señal. Otras veces lo ha sumergido porque, aunque no puede. También lo ha golpeado, lo ha dejado sin batería e, incluso, para que no le impidieran viajar al extranjero, que no podía, se ha arrancado el brazalete en el aeropuerto de Barajas”. Recuerda también que su agresor bajaba al sótano, donde perdía la cobertura, dejaba allí los dos aparatos, subía y volvía a conectarlos horas después. En este caso, además, al ser policía, cree que ha hecho uso de los inhibidores de frecuencia para inactivar el dispositivo.

Ante cada desconexión, la empresa que monitoriza estos aparatos “me avisan a mí, y en teoría, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque no siempre llaman inmediatamente”, narra. Para ella, la compañía hace dejadez de su vigilancia: “Me avisan desde el centro de control de que él ha manipulado el dispositivo, pero cuando luego el juzgado le pide a la empresa un informe preciso, dice que no ocurrió”.

El último problema que tuvo con el aparato fue “este domingo a las 2.45 de la madrugada. Él quitó la señal del dispositivo a 45 kilómetros de mí y la recuperó a la 23.45 de la noche siguiente. Diecinueve horas después y a tres kilómetros de donde estaba yo, recuperó la señal”. Y saca conclusiones irónicas: “Se ve que en todos esos kilómetros no había ningún tramo con señal”. En este caso, además, Cometa la avisó del corte de señal, pero no a la policía, que se enteró cuando ella les advirtió.

Lara: “Como esas incidencias no existen en Cometa, el juzgado no las admite. Y te sientes solísima, muy sola”

Lara se ha visto obligada a mudarse cuatro veces desde 2020. Ella y sus hijos: dos niños y una niña que ahora tienen entre seis y 13 años. Con 39, lleva cinco conviviendo con ese aparato. Y desde que la empresa adjudicataria cambió en 2024 ―pasó de Telefónica y Securitas Direct a Vodafone y Securitas―, ha sufrido las consecuencias de lo que fiscales, jueces, policías y trabajadores de ese centro han señalado como un mal funcionamiento. “Si ya es horrible vivir pendiente de que salte una alarma, nadie imagina lo que es vivir sin saber si la alarma salta de verdad o porque es un fallo. Sin saber si realmente está viniendo a por ti otra vez o no”.

Dice “otra vez” porque su agresor, su exmarido, ha ido tras ella, literalmente, “una y otra vez”. Se separó hace seis años. ¿La primera vez que denunció? En 2020. “Yo puedo aguantar los golpes, pero un día dije: ‘hasta aquí’. Fue cuando me amenazó con matar a los niños”. El juez decretó entonces una orden de alejamiento. Era 2020. Se mudó y poco después, una mañana a las ocho, él le envió una foto dentro del rellano de su edificio: “Me había localizado y directamente se había colado en mi portal. Cuando llegó la policía, no dieron con él”.

Lara tuvo que volver a mudarse, a un pueblo, a una casa apartada. Él volvió a encontrarla: “Lo cogieron a 100 metros de la vivienda. Fue la primera vez que pisó prisión, y le pusieron una tobillera. Aproveché para volver a cambiar de casa, pero cuando salió, al año y medio, a la jueza se le olvidó mandar que le pusieran la tobillera. Y me encontró otra vez, una noche a las once y media. Llamé y rastrearon toda la zona, pero no lo localizaron, ¿cómo lo iban a encontrar si no llevaba la tobillera? Era mi palabra contra la de él. Tardaron dos meses y medio en saber dónde estaba y volver a colocársela”.

¿Y mientras? “Vives mirando para atrás. Y encerrados, los niños y yo, por si acaso. Mi hija mayor tiene problemas de carácter porque no tuvo una infancia normal. Vio cómo me intentó tirar por las escaleras estando embarazada, y fue ella la que me agarró la mano para que yo me sujetase. Tuvimos que buscar otra casa, porque ya sabía otra vez dónde estábamos”.

Durante un tiempo él entró a prisión por quebrantar la orden de alejamiento que tenía, también, de su padre. Cuando salió, “ese mismo día”, le mandó mensajes a una persona que estaba conociendo: “Diciéndole que iba a ir a por él, porque eran sus hijos y eran de su propiedad”. El estrés la ha llevado a enfermar y a tomar medicación crónica “por el puro miedo”. Ya no por ella, sino “por los niños”. Nunca va sola a ningún sitio. Su hija, con 13 años, tampoco. Lara tiene que saber dónde están “todo el tiempo”.

“Cuando empezó el cacharro a fallar, ya no sabía qué hacer. Recibes mensajes que no entiendes. Solo te pone que vayas con precaución. Como si no viviera yo ya con precaución Con el otro [el anterior dispositivo] no tenía problemas. Es verdad que muchas veces me pitaba antes de llegar a los 500 metros, ahí ya me empezaba a avisar. Este no, hay días que ha sido tremendo. Por eso empecé a anotar, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero como esas incidencias no existen en Cometa, el juzgado no las admite. Y te sientes solísima, muy sola”, dice al teléfono. La mayor parte del tiempo habla entrecortada, mientras llora, aunque intenta no hacerlo.

“Tres veces se quitó la pulsera en el último año, te llaman y te dicen: ‘Que sepas que está sin dispositivo’, y depende de con quién des te explican por qué o no”. Hace un mes lo detuvieron en Valladolid por otros delitos no relacionados con la violencia de género, y se enteró “de que llevaba tres meses sin la pulsera”.

El 29 de septiembre finaliza la pena de alejamiento, y cuando él salga de prisión, esa orden ya no estará vigente. Lara lo ve, como mínimo, “injusto, porque en realidad él nunca la cumplió, se la saltó todo lo que quiso. Ahora hay que esperar a que se vuelva a acercar, a que lo vuelva a intentar, para poder hacer algo”. Eso sí, cuenta también que la han avisado de que la policía seguirá pendiente de ella “como si esa orden todavía estuviera, y dentro del Sistema VioGén, porque saben que hay riesgo”.

Ahora Lara se está organizando para volver a mudarse. Y pregunta: “¿Sabes quién está cumpliendo condena? No es él, somos nosotros. Mis hijos, mi hija, y yo”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.