Los epidemiólogos alertan de que la industria se sirve de los cigarrillos electrónicos para minar la lucha contra el tabaco

La industria del tabaco ha convertido las políticas de reducción de daños, una herramienta clave en la lucha contra la adicción a la nicotina, en una estrategia de marketing que dificulta el abandono de esta droga legal y busca captar a nuevos consumidores. Este es el aviso lanzado por los expertos en la lucha contra el tabaquismo durante el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) que esta semana se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. “La industria ha secuestrado el concepto”, ha lamentado este jueves Iñaki Galán, investigador científico del Centro Nacional de Epidemiología en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Las políticas de reducción de daños son un amplio paquete de medidas, recogidas en el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, que buscan paliar el impacto de un problema de salud pública que está detrás de hasta 60.000 muertes anuales en España. El principal objetivo es impulsar el abandono del tabaco y evitar la exposición al humo de los no fumadores al humo con acciones que van, entre muchas otras, desde el uso de fármacos para el dejar la adicción a la prohibición de fumar en espacios públicos.

En algunos casos, aunque este es un punto que genera debate entre médicos y científicos, la reducción de daños también puede conseguirse mediante el uso de dispositivos como los cigarrillos electrónicos y vapeadores, o presentaciones como las bolsitas de nicotina. Estos productos no están libres de muchos de los daños que genera el tabaco, aunque suelen ser de menor intensidad, y su uso puede ser una alternativa de último recurso para personas que ya sufren problemas de salud a causa del tabaco pero no logran dejar de consumirlo.

Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya y una de las figuras de referencia de la lucha contra el tabaquismo en España, ha detallado como la industria ha aprovechado esta brecha para “vender” una imagen inocua y atractiva de los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina con sofisticadas campañas de comunicación.

Mientras la política de reducción de años, tal y como está planteada por la OMS, debe estar impulsada por gobiernos y sistemas sanitarios con el objetivo de reducir los daños en la población, la industria busca “mantener o ampliar el mercado y preservar la dependencia a la nicotina bajo una imagen de producto más seguro”.

En el primer caso, los mensajes y estrategias “están basados en la evidencia científica, con intervenciones diseñadas a partir de investigaciones independientes y revisadas por expertos”, mientras la industria promueve y difunde “una selección parcial de estudios favorables y financia investigaciones propias” cuyos autores a menudo incurren en “conflictos de interés”.

Otra diferencia clave es que mientras los mensajes de las autoridades sanitarias están dirigidos a la personas fumadoras y con conductas de riesgo, la industria desarrolla sus campañas con el objetivo de llegar “a fumadores y no fumadores, con especial penetración en jóvenes y nuevos usuarios”.

El mensaje central es, en el primer caso, que los cigarrillos electrónicos y bolsitas de nicotina pueden ser “una opción menos nociva si no se consigue abandonar ahora el consumo y siempre mientras se busca hacerlo en el futuro”. La industria, en su lugar, promociona estos productos como “una alternativa saludable o moderna” que permite “seguir consumiendo sin preocuparse tanto”. Esto lo hace mediante “mensajes atractivos” difundidos por influencers y el recurso a “diseños tecnológicos y sabores dulces”, entre otras estrategias.

Por último, el impacto a largo plazo buscado por las autoridades y médicos es la disminución sostenida del número de fumadores y de los daños asociados a la dependencia del tabaco, mientras la industria pretende mantener o aumentar la cifra de consumidores, con una “sustitución parcial de los productos pero no una eliminación del riesgo global”, sin olvidar la búsqueda de nuevos consumidores.

Los daños del tabaco han ocupado un lugar destacado entre las ponencias técnicas y mesas de debate del congreso de la SEE, en el que también se ha presentado una monografía que ha analizado las estrategias desarrolladas en los últimos 20 años para hacer frente al tabaquismo. Unas campañas que han obtenido algunos buenos resultados, como un descenso del consumo en los últimos años, aunque una quinta parte de los españoles sigue fumando a diario.

Los responsables de la SEE han insistido en que la respuesta al tabaquismo requiere un nuevo impulso y debe ser “internacional, coordinada, intensificando medidas estructurales, como los impuestos, una regulación firme y la prevención, pero abierta a otras que vayan más lejos que las implementadas en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ya que la prevalencia de fumadores no ha disminuido tan rápido como se esperaba”.

Los expertos han insistido en dos fenómenos preocupantes que están observando en relación al tabaco. El primero es la desigualdad, ya que mientras “el consumo ha disminuido en los sectores más privilegiados, este se concentra más en los grupos desfavorecidos, con menos recursos y menor acceso a las estrategias de prevención y abandono”.

El segundo es que la “carga de mortalidad atribuida al consumo de tabaco está disminuyendo en hombres, pero aumenta en mujeres, debido a un patrón de consumo más tardío, lo que requiere aplicar perspectiva de género en las estrategias de prevención y control”.

Entre los logros alcanzados, Galán ha destacado “la reducción de la exposición al humo ambiental del tabaco y la desnormalización de su consumo”, algo en lo que ha contribuido de forma determinante prohibiciones aprobadas en las dos últimas décadas como las de fumar en bares, restaurantes y centros de trabajo.

Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, ha asistido al congreso de la SEE y ha afirmado que el Ministerio de Sanidad prevé en los próximos meses completar la tramitación de la nueva ley antitabaco, que plantea ampliar los espacios libres de humos a terrazas y marquesinas, entre otros.