Las muertes por eutanasia siguen creciendo en España, pero no tanto como las solicitudes

La demanda de eutanasia en España sigue creciendo a medida que el derecho ―aprobado en 2021― se consolida: 766 personas solicitaron la prestación en 2023, un 25% más que en 2022. Las muertes por este procedimiento también aumentaron, pero no al mismo ritmo: 334 personas se sometieron a él, un 15% más que el año anterior, según el último informe del Ministerio de Sanidad, que ha publicado este jueves.

La diferencia entre las personas que la solicitan y las que la reciben se explica por cuatro factores. El principal es que un 25% de los solicitantes (190) falleció antes de la resolución. Tarda una media de 67 días, cuando los plazos de la ley permitirían que fueran 35 si se hiciera todo el proceso de forma diligente. Aun así, sería inevitable que algunas personas fallecieran antes de la aprobación: la media de las muertes antes de la resolución es de 30 días.

El segundo factor para que más de la mitad de las eutanasias solicitadas no se realice es el rechazo administrativo (en casi otro 25% de los casos, un total de 188). El proceso en España es muy garantista: la persona que lo requiere tiene que padecer un sufrimiento considerado “intolerable” y sin cura. Una vez que lo comunica a su médico, tienen que pasar al menos 15 días para volver a ratificar su voluntad. Esta es estudiada por otro equipo médico independiente y, finalmente, por una comisión de garantías de cada comunidad autónoma, formada por juristas y sanitarios.

Las otras dos circunstancias para que el número de eutanasias esté muy por debajo de las solicitudes son mucho más minoritarias: un 4,3% (33 personas) solicitaron un aplazamiento y un 2,7% (21 pacientes) lo revocaron. La eutanasia es un derecho que solo puede ejercitar la persona que lo pide (no puede ser delegado a otra), y en cualquier momento del procedimiento puede arrepentirse.

Según el informe de 2023, el perfil más frecuente es el de una persona solicitante entre 70 y 79 años (28%), repartido casi a partes iguales entre hombres (50,7%) y mujeres (49,21%). Las enfermedades de base suelen ser la oncológica (35%) y la neurológica (35%). Si bien, la mayoría de ellas poseen capacidad de hecho al inicio de la solicitud (95%), un 15% estaban en riesgo inminente de perder esa capacidad.

Prácticamente la mitad de las prestaciones se realizaron en centros hospitalarios (159); cerca del 92% de ellos, públicos. Casi la otra mitad se practicaron en el domicilio del paciente (147). El resto se hicieron en residencias (19) y centros no hospitalarios (9).

Distribución territorial

Existe una gran varianza en función de las comunidades, tanto en el número de solicitudes como en el del porcentaje de ellas que acaba convirtiéndose en una prestación. En términos relativos (ajustados a población), el País Vasco es con diferencia la autonomía donde más eutanasias se realizaron (2 por cada 100.000 habitantes), seguida de Navarra (1,5), Cataluña (1,2), Canarias (1,1) y Baleares (1). Todas las demás no llegan a una eutanasia por 100.000 habitantes. A la cola están Castilla-La Mancha (0,4), Aragón (0,3), Andalucía (0,3) y Extremadura (0,1). La media en España es de 0,68.

En estos números influye el número de peticiones, pero también el de admisiones. La asociación Derecho a Morir Dignamente lleva años denunciando que las trabas burocráticas en las autonomías menos favorables influyen en dos sentidos: se les aporta menos información a los pacientes para tomar la decisión, de forma que muchas veces la eutanasia no se contempla como opción y, una vez que se solicita, los plazos son largos y las inadmisiones frecuentes.

Del total que se solicitaron en 2023, en dos comunidades se realizó el proceso en el 100% de los casos (Murcia y Extremadura), pero es estadísticamente poco significativo, ya que tan solo hubo dos peticiones en cada una. En el resto, contrasta un 82% de eutanasias sobre las solicitadas en País Vasco con el 16% de Cantabria o el 12% de Aragón. Las demás comunidades se mueven entre el 27% de Asturias y el 56% de Andalucía.

El peso de la eutanasia en la mortalidad sigue siendo ínfimo, pese a que ha crecido desde que se implantó el derecho. Ha pasado del 0,01% de los fallecimientos en 2021 (en el que la ley solo estuvo vigente medio año), al 0,06% en 2022 y al 0,07% en 2023.

En los países con este derecho más asentado, como el caso de Países Bajos o Canadá, este porcentaje se acerca al 5%. Los últimos datos del país americano han sido publicados recientemente y muestran un crecimiento de las prestaciones del 15%. La práctica totalidad de las personas que recibieron la eutanasia (96%) tenían un pronóstico terminal, lo que supone que el proceso acortó probablemente unos meses de vida. El 4% restante eran personas con enfermedades incurables de larga duración, según informa la BBC.