El Parlamento del Reino Unido da luz verde a la tramitación de una ley de eutanasia
El primer ministro, Keir Starmer, ha dado su respaldo a la medida, pero ha permitido libertad de voto a los miembros de su Gobierno. El debate ha dividido a políticos y ciudadanos
La Cámara de los Comunes del Reino Unido ha dado su respaldo a la tramitación de una ley de eutanasia, reclamada desde hace más de una década por un amplio sector de la sociedad británica. Como muestra de la sensibilidad del asunto, cuando el presidente (speaker) de la Cámara, Lindsay Hoyle, ha anunciado el resultado de la votación —330 diputados a favor frente a 275 en contra— apenas se ha oído algún suspiro de alivio en los escaños. Ninguno de los gritos de entusiasmo o rechazo que suelen ...
La Cámara de los Comunes del Reino Unido ha dado su respaldo a la tramitación de una ley de eutanasia, reclamada desde hace más de una década por un amplio sector de la sociedad británica. Como muestra de la sensibilidad del asunto, cuando el presidente (speaker) de la Cámara, Lindsay Hoyle, ha anunciado el resultado de la votación —330 diputados a favor frente a 275 en contra— apenas se ha oído algún suspiro de alivio en los escaños. Ninguno de los gritos de entusiasmo o rechazo que suelen escucharse en el Parlamento británico al término de una votación relevante.
En esta ocasión, los abrazos y muestras de alegría o decepción se han producido en Parliament Square, la plaza aledaña al palacio de Westminster, donde partidarios y detractores de la ley se habían congregado para conocer la decisión de los diputados.
El primer ministro, Keir Starmer, ha votado a favor de la tramitación de una proposición que todavía deberá superar un largo proceso parlamentario y ser sometida a nuevas enmiendas. Pero, del mismo modo, Starmer no ha querido imponer disciplina parlamentaria, consciente de que un asunto tan sensible genera división entre los propios miembros de su Gobierno.
Un total de seis ministros, incluida la viceprimera ministra, Angela Rayner, han votado en contra de la medida. 147 diputados laboristas han expresado su rechazo a la propuesta, frente a 234 que la han apoyado.
El ministro de Exteriores, David Lammy, que nunca ha ocultado su profunda religiosidad, ha sido de los que se ha opuesto a la ley: “Cuando pienso en el final de una vida, pienso en mi madre”, ha explicado Lammy en un comunicado. “Como muchas otras personas de clase trabajadora, su diagnóstico final no le hizo pensar en la muerte sino en la carga financiera que iba a suponer para sus familiares. En sus meses finales atesoró todos los momentos que pasó con nosotros. Me preocupa que, de haber tenido la opción de la eutanasia, se habría visto presionada para tomar esa decisión”, ha señalado el ministro.
Sin embargo, el ex primer ministro Rishi Sunak ha sido uno de los 23 diputados conservadores que ha dado su respaldo a la tramitación del proyecto de ley. “Creo que, en la medida de lo posible, debemos evitar el sufrimiento. Y sé, después de hablar y escuchar a muchos de vosotros, que mucha gente ha tenido que morir a través de procesos dolorosos y traumáticos. Estas historias personales y conmovedoras me han impactado profundamente”, ha explicado Sunak a los votantes de su circunscripción en un emotivo texto.
Una ley muy garantista
La Ley para el Final de la Vida de los Adultos Enfermos Terminales, que ha sido introducida en el Parlamento e impulsada a trámite por la diputada laborista Kim Leadbeater, es muy restrictiva y garantista en sus términos.
Podrán acogerse a ellas las personas mayores de 18 años, residentes en Inglaterra o Gales (Escocia está debatiendo su propia tramitación legislativa). Para ello, deberán acreditar que han sido atendidas, y estaban registradas, en la consulta de un médico de familia.
Para poder usar la ley, los enfermos terminales deberán tener un diagnóstico de menos de seis meses de vida. Deberán expresar su voluntad de poner fin a su vida en dos declaraciones, con un margen de tiempo entre ellas. Dos médicos deberán corroborar el diagnóstico, con siete días de diferencia entre sus declaraciones.
Finlmente, un juez del Tribunal Superior de Inglaterra deberá dar luz verde a todo el proceso en un plazo máximo de catorce días. De ser así, se suministrará al paciente las drogas necesarias, para que la persona la tome ellas misma.
La pena será de catorce años para todo aquel que coaccione a un enfermo para que se acoja a la nueva ley.