Interior e Igualdad reconocen fallos en el sistema de protección a las mujeres: “El modelo no es infalible, pero salva muchas vidas”

Cambios en la coordinación de los distintos especialistas que trabajan contra la violencia machista y en la protección de las mujeres y “cambios específicos para luchar contra la violencia vicaria, de protección de los menores”, como que las medidas de protección que se aplican sobre ellos sean, además de civiles, penales, o “replantearse qué es el interés superior del menor”. Esas, ha afirmado este martes Ana Redondo, la ministra de Igualdad, son las principales cuestiones que el Gobierno va a abordar tras los últimos asesinatos por violencia machista. ...

Cambios en la coordinación de los distintos especialistas que trabajan contra la violencia machista y en la protección de las mujeres y “cambios específicos para luchar contra la violencia vicaria, de protección de los menores”, como que las medidas de protección que se aplican sobre ellos sean, además de civiles, penales, o “replantearse qué es el interés superior del menor”. Esas, ha afirmado este martes Ana Redondo, la ministra de Igualdad, son las principales cuestiones que el Gobierno va a abordar tras los últimos asesinatos por violencia machista. Los seis asesinatos machistas en 24 horas entre el viernes y el sábado pasados han supuesto una concatenación sin precedentes en la estadística española, que arrancó en 2003 para las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, en 2013 para los niños y niñas asesinadas por violencia de género, y en 2022 para las mujeres asesinadas fuera del ámbito de las relaciones.

Esos casos, junto a los de abril (cinco mujeres y tres niños fueron asesinados), han provocado una reunión del comité de crisis, que fue creado hace casi dos años por el anterior Ejecutivo tras una consecución de crímenes. Ese órgano, técnico, analiza los asesinatos y valora cambios en el sistema para ir tapando las brechas que encuentra. “En general, el sistema funciona, pero tiene que reformarse para ser más ágil en la respuesta y más efectivo a la hora de proteger” a las mujeres y sus hijos e hijas, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha comparecido tras ese comité junto al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. Se han referido, especialmente, al asesinato que se produjo en Las Pedroñeras (Cuenca).

Allí, Mahdi, de 44 años, asesinó a su mujer, Amal, de 30, a su hija Hiba, de tres, y a su hijo Adam, de ocho. Mahdi tiene una condena por violencia machista contra Amal e iba a entrar en la cárcel por esa condena de forma “inminente”, según explicaron fuentes cercanas al caso el sábado. Amal estaba dentro del Sistema VioGén, el sistema para seguimiento de las víctimas de violencia machista, con un riesgo apreciado como “bajo”, por lo que no tenía protección policial [solo las víctimas en “riesgo extremo” cuentan con esa vigilancia continua]. Ese sistema es uno de los más avanzados del mundo como herramienta para la lucha contra la violencia de género. “El modelo no es infalible, pero salva muchas vidas”, ha dicho Marlaska.

Actualmente, hay “más de 90.000 víctimas” con casos activos, y alrededor de “43.500″ agentes de distintos cuerpos que prestan algún tipo de protección policial a “más de 40.000″ mujeres, ha cifrado Marlaska. Ahora, ha dicho el ministro, “se están evaluando el conjunto de circunstancias a tener en cuenta por todas las administraciones intervinientes, para saber dónde pudo estar el error, en la evaluación del riesgo o en la coordinación”.

Aunque de los últimos asesinatos aún no están todos los datos, sí han percibido algunos fallos que pueden dar lugar a cambios que ha explicado Redondo. Por un lado se ha referido a la violencia vicaria y a la Ley de protección de la infancia frente a la violencia: “La ley incorpora en buena medida estos instrumentos, pero a veces se pierden en el entramado normativo, las medidas de protección no pueden ser exclusivamente civiles sino también penales, porque las civiles duran 30 días y no protegen suficiente a los menores”. Y, ha apuntado también, es necesario replantear la idea de interés superior del menor: “Eso es escucharles, saber cómo están sufriendo. No entra en su interés la necesidad de mantener un vínculo con el maltratador. Es necesario valorar mejor el riesgo de los menores para protegerles mejor”.

En cuanto a la interacción entre los distintos niveles del Estado que trabajan con mujeres que sufren violencia machista, Redondo ha afirmado que se necesita “mayor coordinación entre los elementos que forman parte de la red de las víctimas”. Para eso, ya este martes Igualdad ha tenido una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales: “Para que podamos detectar esos casos que no llegan con agilidad y premura”. Y mañana la tendrá con Sanidad: “Porque Atención Primaria puede ser una puerta de entrada de los casos, y eso nos puede llevar a detectar con antelación una buena parte de los casos que se pierden en el sistema”. Todo esto, ha advertido, “se tiene que negociar y valorar en la comisión del pacto de Estado contra la Violencia de Género, ya constituida en el Congreso de los Diputados”.

El número de menores asesinados asciende ya a nueve en lo que va de año y se equipara a 2015, el único desde que hay registro (en 2015) que contabiliza esa cifra. Ya el inicio de este, entre enero y abril, se convirtió en el periodo más corto con más asesinatos de menores por violencia machista de la serie histórica después de que cuatro padres asesinaran a sus hijas e hijos. En los asesinatos en la pareja o expareja, son 19 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en este 2024, y 1.263 desde 2003.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.