El Gobierno aprueba el proyecto de ley que garantiza la universalidad de la sanidad pública

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España —aunque estén en situación irregular—, a los españoles que vivan fuera y a los extranjeros que vienen por reagrupación familiar. La nueva norma también prevé fijar por ley la imp...

El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que restituye el derecho a la asistencia sanitaria a todos los migrantes que vayan a residir en España —aunque estén en situación irregular—, a los españoles que vivan fuera y a los extranjeros que vienen por reagrupación familiar. La nueva norma también prevé fijar por ley la imposibilidad de introducir nuevos copagos en el sistema sanitario, aunque mantiene los existentes.

“Queremos garantizar el acceso universal, desterrar para siempre la exclusión sanitaria que trajo el Partido Popular (PP) en 2012 y cerrar esa herida” porque “nadie está a salvo hasta que todo el mundo está a salvo”, ha celebrado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Sanidad, Mónica García.

La propuesta legislativa que el Ministerio ha llevado al Consejo recupera así el acceso universal a la sanidad que no logró restaurar del todo la reforma emprendida por el Gobierno en 2018, especialmente para el colectivo de inmigrantes en situación irregular, a los que se les exige un informe favorable expedido por los servicios sociales de las comunidades que acredite su voluntad de residir en España.

De esta forma, devuelve el derecho de acceso al sistema “en las mismas condiciones” que los demás a las personas “no registradas ni autorizadas” como residentes en España durante su permanencia en nuestro país, ha informado Sanidad. Para ello, tendrán que presentar una declaración responsable en la que demuestren tres requisitos: no tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen y no existir un tercero obligado al pago. Todo ello “sin menoscabo de que, posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado al pago”.

El proyecto de ley reconoce además el mismo derecho a los solicitantes de protección internacional; a los solicitantes y beneficiarios de protección temporal y a las víctimas de trata de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante el periodo de restablecimiento y reflexión.

Por otra parte, la propuesta amplía el derecho a la atención sanitaria tanto a las personas españolas que viven fuera y a los desplazados temporalmente al territorio español como a los familiares que los acompañen, cuando no tengan prevista la cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios o los convenios bilaterales que comprendan esta prestación de asistencia.

De igual forma, lo extiende a los ascendientes reagrupados por hija o hijo titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS), cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia. Todos ellos quedan incorporados al sistema de prestación farmacéutica para que no tengan que pagar el 100 % de los medicamentos.

Por último, el proyecto de la norma rescata la cartera común de servicios única, que agrupa la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios, y se garantiza que no se puedan incluir nuevos copagos a los ya existentes.

El texto también clarifica la inclusión y pertenencia a la cartera común de servicios del SNS de las prestaciones que mejoran la salud desde una perspectiva poblacional. Así, incorpora, dentro de la prestación de atención especializada, la medicina de precisión, personalizada, predictiva, participativa y poblacional, que está centrada en las características de cada paciente para adaptar de una manera más efectiva y más personalizada el diagnóstico y las medidas terapéuticas o preventivas. En este sentido, la ministra ha explicado que la norma modifica el redactado que impedía a las personas con déficit funcional recuperable acceder a la rehabilitación.