La Iglesia no abrió una investigación al cura detenido tras conocer la existencia de los vídeos de violaciones y lo trasladó
El Obispado de Málaga le retiró las licencias ministeriales este lunes, dos semanas después de su detención. Los vecinos de los pueblos a los que fue destinado, Yunquera y El Burgo, muestran estupor por lo ocurrido
El pasado mes de enero, la pareja del sacerdote de 34 años detenido en Vélez-Málaga acusado de cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad acudió a la vicaría de Melilla. Lo hizo para comunicar la relación que mantenía con el cura y, también, según el relato policial, para explicar que había encontrado varios vídeos de contenido pornográfico en los que él era protagonista. No era, sin embarg...
El pasado mes de enero, la pareja del sacerdote de 34 años detenido en Vélez-Málaga acusado de cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad acudió a la vicaría de Melilla. Lo hizo para comunicar la relación que mantenía con el cura y, también, según el relato policial, para explicar que había encontrado varios vídeos de contenido pornográfico en los que él era protagonista. No era, sin embargo, pornografía, sino la grabación de cómo violaba a sus víctimas, según la información de la Policía Nacional. La diócesis de Málaga, de la que depende, tomó entonces la decisión de trasladarlo desde Melilla hasta la provincia malagueña y le asignó las parroquias de El Burgo y Yunquera, dos pequeños pueblos escondidos en la Sierra de las Nieves. No tomó ninguna medida y ni siquiera inició un proceso canónico —un procedimiento jurídico en el seno de la iglesia para aclarar lo que ocurría—, y solo este lunes le han retirado las licencias ministeriales. Fuentes del obispado malagueño aseguran que en enero la mujer solo comunicó la relación que mantenían, que fue “posteriormente” cuando “contó lo de los vídeos” y que la mudanza del párroco se produjo “por motivos de salud”.
El domingo 10 de septiembre el párroco F. J. C. ofreció una misa en la iglesia de la Encarnación, en El Burgo, un pequeño municipio que no llega a los 2.000 habitantes. Horas después, durante la madrugada, fue detenido por la Policía Nacional en su vivienda en Vélez-Málaga, a más de 100 kilómetros, justo la ciudad donde había nacido. Su madre, Francisca, fue monja y perteneció a la congregación de las clarisas. Él siguió también el camino religioso y con 22 años entró al seminario de Málaga; fue ordenado sacerdote en junio de 2017.
Participaba en actividades y campamentos religiosos, donde se hizo un grupo de amigos con los que viajaba de vez en cuando. Era ahí, en esas excursiones, cuando aprovechaba para drogar a sus víctimas, todas mujeres adultas, con una sustancia que aún se desconoce y que las dejaba completamente inconscientes. Entonces las violaba y realizaba “todo tipo de prácticas sexuales”, según la información publicada por la Policía Nacional. Durante los hechos realizaba fotos y grababa vídeos que acumulaba en un disco duro. Es el que encontró su pareja, con la que convivía en un piso en Melilla, donde estaba destinado durante aquel periodo.
Ella observó que en los vídeos las mujeres estaban semidesnudas y completamente inconscientes. Entendió que todo ocurría sin el consentimiento de las víctimas, así que hizo una copia para denunciarlo. Fuentes policiales aseguran que acudió primero a la vicaría de Melilla para contar lo ocurrido, donde le animaron a denunciarlo en comisaría. Fue en julio cuando avisó a la Policía Nacional. La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) analizó al material y consiguió identificar a cinco de las víctimas, que declararon que no tenían “ni la más remota idea” de lo que les había ocurrido, según explican las mismas fuentes.
Desde la diócesis de Málaga confirman que la mujer avisó a los sacerdotes melillenses de que eran pareja, pero que el Obispado no tenía constancia del resto de material ni los hechos y que ningún eclesiástico había accedido a los vídeos. Solo después, cuando supieron de su existencia, la incitaron a interponer una denuncia. Este lunes, tras conocer por la prensa la detención del párroco, le han retirado las licencias ministeriales, “el primer paso en un posible proceso canónico”, indican fuentes de la diócesis malagueña, que en un comunicado ha lamentado “profundamente el daño que esta situación implica”.
“Vaya con lo que nos han traído”, dice María, vecina de El Burgo, que sostenía que la relación del religioso con los vecinos era mínima. “Apenas le conocíamos, no hacía mucha vida social más allá de las misas”, subrayaba cerca del bar El Porras, justo donde solía desayunar muchas mañanas del verano. Allí el tema de conversación en las mesas de la terraza estaba relacionado con el sacerdote.
“Le habíamos visto en la procesión de San Agustín [patrón de la localidad] y alguna vez en misa, pero no era demasiado conocido”, contaban dos mujeres que tomaban café. Aseguraban que solo se quedaba a dormir en las dependencias de la casa parroquial del pueblo de manera puntual. El Ayuntamiento emitió un comunicado para mostrar “su más enérgica condena” ante lo ocurrido.
“Se estaba integrando porque llevaba pocos meses en la parroquia”, afirmó a Efe la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez. “Es un palo”, añadía el regidor de Yunquera, José María Rodríguez. A esta localidad también había llegado la estupefacción después de escuchar a mediodía el telediario. “Un día apareció escuchando heavy metal y me sorprendió mucho. No hablaba mucho, solo saludaba y decía la misa. Luego se iba, rara vez se quedaba aquí a dormir”, relata otra vecina, Belén, desde su tienda de moda en la calle Calvario.
Decenas de periodistas recorrieron durante toda la jornada esta vía, la principal del municipio, ante la expectación de los residentes. “Hace dos semanas el cura no apareció para la misa y nos extrañó mucho. Días después vino el arcipreste de Ronda a decirnos que había pasado algo fuerte y que mandarían otro cura. Lo que no imaginábamos es que se refiriese a algo tan grave”, añade. “La verdad es que no esperas jamás algo así”, añadía Juan, que, como buena parte de los hombres del pueblo, trabaja en el sector de la construcción en la Costa del Sol. “Quien lo hace, que lo pague”, decía otra residente, Victoria, que acudía a misa “de vez en cuando” durante las tardes de los viernes. “Anda que voy a ir yo a la iglesia ahora”, añadía Luisa. “Cualquiera se fía”, concluía antes de llamar a su familia para avisar de que no se acercaran a la calle Calvario: “Esto está lleno de cámaras”.
Los vídeos facilitados por la pareja del sacerdote a la Policía Nacional corresponden a agresiones sexuales ocurridas en 2017, 2018 y 2019. Fuentes policiales no descartan que puedan existir más víctimas —sobre todo de Málaga, Melilla, Córdoba y Madrid, de donde procedían sus grupos de amigos—, puesto que tras la detención intervinieron más material informático durante el registro de su vivienda. Lo que no conocen todavía en la Policía Nacional es la sustancia que utilizaba con sus víctimas. “Solo sabemos que el estado de inconsciencia en el que quedaban era bestial porque ninguna de las víctimas tenía el más mínimo recuerdo de lo ocurrido”, señalan. Las mujeres sí ubicaban la fecha o el lugar, pero no el momento en el que podría haber ocurrido, lo que dificulta la investigación. Tampoco lo sabía el resto del grupo que viajaba con ellas. “Solo él tenía conocimiento de lo que hacía”, añaden desde la investigación.
Los agentes creen que no distribuyó las imágenes grabadas, que solo eran para autoconsumo y que tampoco hay víctimas menores de edad. En 2014, en una entrevista concedida a La Opinión de Málaga, un periodista preguntó al sacerdote sobre los episodios de pederastia que afectaban a la Iglesia, el propio cura aseguró que esos escándalos eran “una vergüenza”. “Es importante que la Iglesia haya tomado la decisión de ponerlos en manos de la justicia”, añadía. “No puedes reivindicar hacia fuera lo que no haces de puertas adentro. Atajar los problemas es algo muy importante para la Iglesia de hoy”, sentenciaba. Ahora, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional acusado de cuatro delitos de agresión sexual bajo sumisión química y cinco delitos contra la intimidad.