La violencia que sigue a la violencia vicaria: “Tras los asesinatos te quedas sola”

En el verano de 2015 David Oubel, un empresario inmobiliario gallego, asesinó brutalmente a sus dos pequeñas de nueve y cuatro años. “Voy a matar a mis hijas y luego me suicidaré”, anunció al guardia civil que le cogió el teléfono en el cuartel de Moraña (Pontevedra). Cumplió la primera parte de la amenaza: cuando los agentes llegaron a su casa, había degollado a las niñas que debía haber entregado ese mismo día a su exmujer, Rocío Viéitez, pero él seguía vivo, metido en la bañera con algunos...

En el verano de 2015 David Oubel, un empresario inmobiliario gallego, asesinó brutalmente a sus dos pequeñas de nueve y cuatro años. “Voy a matar a mis hijas y luego me suicidaré”, anunció al guardia civil que le cogió el teléfono en el cuartel de Moraña (Pontevedra). Cumplió la primera parte de la amenaza: cuando los agentes llegaron a su casa, había degollado a las niñas que debía haber entregado ese mismo día a su exmujer, Rocío Viéitez, pero él seguía vivo, metido en la bañera con algunos cortes de escasa gravedad. Oubel se convirtió en el primer condenado en España a la pena de prisión permanente revisable. Entonces no estaba vigente el término de violencia vicaria (una cruel forma violencia en la que se maltrata a la mujer haciendo daño a los menores) y Viéitez, como el resto de las mujeres que sufrieron este tipo de agresión antes de 2019, cuando se reconoció como violencia de género, no fue considerada víctima. Seis años después, recorre aún un tortuoso camino para su recuperación. Lo contó a principios de octubre en un curso de violencia de género que organiza el Consejo de la Abogacía Gallega para formar a los letrados de oficio en esta materia.

“Cuando ocurren estos hechos se activan todos los protocolos, pero al día siguiente estás sola”, narra Viéitez en el curso online en el que han participado policías, letradas de la subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía, psicólogos y fiscales. Ella es la traductora al gallego del curso y el Consejo le pidió que participara contando las verdaderas necesidades de las víctimas. Con su intervención, ha dejado clara la rigidez de la maquinaria institucional para adaptarse a ellas; otra forma más de violencia.

La soledad y el acoso. Viéitez insiste en ambos sentimientos. “Están las primeras 24 horas y, después, el resto [de días]”, sostiene. Detalla cómo en ocasiones se comunica a familiares o amigos la noticia del asesinato en primer lugar para que sean ellos quienes la trasladen. “Yo me enteré de noche, por mi cuenta, porque mi tío y ni hermana no eran capaces de decírmelo. En cuanto lo supe, fui a la casa [la de su exmarido, en donde acababa de asesinar a sus hijas] y no me dejaron entrar, así que me marché con mi hermana y con dos psicólogas que me pusieron y que veían, calladas, cómo me volvía loca. Me acompañaron a casa de mis padres y ya vimos que aquello [esa asistencia] no era eficaz”.

Transcurridos tres días la llamaron para que fuera a declarar al Juzgado. “Me negué porque un abogado que conocía me dijo que no era necesario, pero otras van porque no lo saben. Yo en ese momento solo quería morirme porque me sentía culpable de no haber previsto lo que había ocurrido, ¡cómo iba a declarar!”. Finalmente, pudo hacerlo un mes y medio después “y me ofrecieron que fuera por videoconferencia”.

Viéitez reclama “una protección real, específica, especializada” para ese primer camino que deben recorrer las víctimas de violencia vicaria. “El secreto de sumario puede durar un año y el juicio se puede alargar dos años. Así no logramos cerrar las puertas, no paramos de revivirlo todo”, protesta.

Después están las terapias. Advierte de que las que necesitan suelen ser especializadas, más caras y se tienen que mantener en el tiempo. Y añade que la psicoterapia tiene que ir acompañada de farmacología; de un psiquiatra que administre la medicación. Y después, “vivir con tu mente y contigo mismo” y volver al trabajo.

A ella, que es autónoma, le diagnosticaron un cuadro de ansiedad y estrés postraumático, con lo que tuvo una corta baja laboral. “Habría sido distinto si me hubiera roto un brazo”, apostilla. Y reconoce que cuando se reincorporó, su capacidad de trabajo no era la misma. “Entre el caro tratamiento farmacológico y que no tienes capacidad de generar ingresos, no es fácil salir adelante; los gastos se duplican porque muchas no queremos permanecer en el mismo lugar”.

En su charla ante los abogados, Viéitez lanzó una solicitud a ese respecto: “La necesidad de hablar tanto con registros como entidades bancarias para que suspendan durante un tiempo las ejecuciones de pagos”. En su caso, la violencia ejercida por su exmarido sigue vigente. Cuando se separaron, él se quedó con la vivienda. Como ha quedado marcada por el crimen y al banco le resulta difícil venderla, le ha embargado a ella “porque soy parte solidaria de la hipoteca que había firmado estando casada. Es una paradoja legal tremenda”.

De la violencia que sigue a la violencia vicaria no están exentos algunos medios de comunicación. “A nosotros los periodistas se nos metían en la huerta y los vecinos nos traían la compra porque tuvimos que aislarnos. Enterrar a las niñas fue tremendo. Yo quería hacerlo a las cinco de la mañana para que nos dejaran en paz; finalmente lo hicimos a las nueve y aun así hubo una filtración”, explica con detalle, en una charla posterior al curso, los constantes obstáculos a los que hacer frente en el epicentro de la mayor tragedia imaginable.

Cuenta así la angustia por el seguimiento de los medios. “Estaban pendientes hasta de las visitas médicas”, afirma, y lamenta que no se guarde el derecho a la intimidad de las víctimas. “No existe orden policial que nos proteja y que al menos nos deje decidir qué acto queremos hacer público y cuál guardarnos”.

Seis años después, con la herida aún abierta, tiene deudas económicas pendientes, pero una alegría: Viéitez está detrás de un logro mayúsculo para las víctimas de violencia vicaria que aprobó el Parlamento gallego. “Las de género tenían derecho a indemnización, pero a nosotras no se nos reconoció hasta 2019. Quedábamos las anteriores a esa fecha y desde julio de este año ya podemos reclamar en Galicia y eso me da una satisfacción, aunque a mí no me aporte ya nada”.