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La dependencia se seca

Con un recorte acumulado de 5.000 millones de euros desde 2012, los agentes del sector reclaman más financiación para el sistema. Al día, 80 españoles fallecen sin recibir la prestación a la que tienen derecho

Más de 1,5 millones de españoles necesitan ayuda. Algunos porque ya no pueden valerse solos, otros por enfermedad, otros por el simple avance de la edad. Su bienestar depende del sistema de atención a la dependencia, una serie de servicios y prestaciones establecida en 2006 y destinada a la asistencia de los ciudadanos que requieren ser cuidados. Pero en la actualidad, lamentan los expertos, el sistema languidece a la espera de un Gobierno que lo reactive económica y socialmente. Desde 2012, el recorte acumulado en dependencia asciende a 5.000 millones de euros, dejando fuera a 250.000 españoles de una cobertura a la que tienen derecho por ley. En ese limbo administrativo fallecen al día 80 españoles. Al año son 30.000, según estima la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Los tres servicios mayoritarios que el sistema presta (atención a domicilio, centros de día y residencias) están cofinanciados, teóricamente, entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En la práctica, según diferentes estimaciones, las autonomías sustentan alrededor del 80% del coste. El problema, coinciden distintos agentes del sector, es de nuevo la falta de financiación. "La mejor inversión que la administración puede hacer es en dependencia", reclama José Manuel Ramírez, director de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal para la Dependencia. "Cuando se hace una carretera se dice que es una inversión, pero cuando se hace ayuda a domicilio o se construyen residencias se dice que es un gasto".

Un centro diferente en un pueblo naranjero

La dependencia se seca

En medio de Carlet, un municipio valenciano de unas 15.000 personas, se ubica La Llum, un centro para personas con diversidad funcional psíquica y física. De titularidad pública, el complejo cuenta con 34 plazas y es gestionado desde 2001 por la empresa privada. "Hemos trabajado con diferentes equipos de Gobierno y siempre hemos encontrado la colaboración del Ayuntamiento", explica Lucía Paricio, delegada de servicios sociales en la dirección regional Levante de Clece, la compañía que gestiona el servicio.

Paricio se enorgullece de los lazos que teje La Llum con los habitantes de la pequeña localidad, de tradición agrícola y muy centrada en el cultivo de la naranja. "Hay muchísima integración con la vida del pueblo", afirma. Para lograr este objetivo, el centro organiza con recurrencia jornadas de puertas abiertas a colegios, talleres para padres con hijos con diversidad funcional, visitas al mercado y a los centros ocupacionales, excursiones... "Además, el 3 de diciembre, Día de la Diversidad Funcional, llevamos a cabo actividades extraordinarias en colaboración con el Consistorio", amplía Paricio.

Titularidad pública, gestión privada

Aunque los aspectos esenciales del sistema son públicos (el acceso, la valoración del grado de dependencia, la prescripción y el seguimiento de cada caso), los servicios son prestados, en general, por empresas privadas que concurren en concurso por su gestión. Esta colaboración público-privada es la alternativa más frecuente, un modelo en el que las administraciones (diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas) establecen vía pliego las condiciones técnicas y económicas de estos servicios.

En este documento también se fijan, entre otros, criterios asistenciales, horarios, ratios, tareas, ejecuciones o composición de la plantilla, además del precio que cobrará el adjudicatario de la gestión, un importe que varía sustancialmente en las distintas comunidades autónomas. Por ejemplo, a día de hoy, el precio-hora del sistema de atención a domicilio es de 13 euros en Andalucía por los 30 del País Vasco, según datos la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio. Javier Sigüenza, su director, reivindica que las administraciones deberían desglosar y justificar ese precio: "Tiene que ser lo suficiente para pagar a los trabajadores y cubrir los costes directos", entiende. "Afecta directamente al servicio y a la dignidad del sector".

Sin financiación

El sistema se ha secado. En los últimos siete años, las comunidades autónomas perciben 285 millones menos al año, lo que eleva el quebranto acumulado a 3.154 millones de euros, cifra la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La escasez aboca a 250.000 personas a una larga espera por la prestación a la que tienen derecho. Otras 150.000 aguardan a la valoración de su dependencia. "Detrás de las cifras hay caras, gente que sufre", lamenta Ramírez. "Si empresas, organizaciones profesionales y científicas y sindicatos hubiéramos remado juntos, creo que no habría tal lista de espera ni unos recortes tan terribles".

Los agentes sociales coinciden en que urge inyectar fondos. Si se cumpliera el pacto de estado, en el que se contempla una inyección de 415 millones de euros para la dependencia, 68.000 dependientes serían atendidos y se crearían 16.000 empleos nuevos, según cálculos del Observatorio Estatal para la Dependencia. Para Ramírez, el destino de esta refinanciación debería estar claro. "¿Qué es lo prioritario? ¿Incrementar la cuantía que se paga por hora de plaza residencial y de ayuda a domicilio y dejamos morir a la gente que está en lista de espera? ¿O empezamos a reducirla? Prefiero la atención a personas más vulnerables. Y después vendrían los familiares, especialmente mujeres, que cuidan a otros", argumenta. Una ansiada refinanciación que además podría derivar en un aumento del precio-hora que ofrecen las Comunidades y en servicios adicionales para las cuidadoras, como fisioterapia y atención psicológica, encaminados a salvaguardar su salud.

Diferentes servicios y realidades

Otra de las problemáticas a las que se enfrenta el sector es la mejora de las condiciones de sus empleados, alrededor de 540.000, según datos de CC OO, y mujeres en su gran mayoría. Actualmente los convenios no se negocian por separado para cada prestación, un aspecto que patronal y sindicatos esperan solucionar lo antes posible. Uno de los asuntos más espinosos es la parcialidad de las jornadas y las horas de trabajo, sobre todo en el servicio de ayuda a domicilio. Ramírez indica que este fenómeno tiene relación directa con los pliegos que elaboran las administraciones. "La hora en Andalucía vale lo mismo en la Alpujarra Granadina, con domicilios dispersos y mayores desplazamientos para las cuidadoras, que en el barrio de La Unión de Málaga, donde la gente vive en un bloque y la auxiliar no tiene más que bajar de planta. Hay que pormenorizar esto en las condiciones técnicas y administrativas del contrato. Hacerlo ad hoc según el territorio". Según la patronal, estos problemas de la atención a domicilio se dan más en pueblos o comarcas vacías; en las ciudades, la organización y logística, por tanto las horas, se pueden prever mejor.

"Hay que poner en valor el importante trabajo abnegado que hacen estos empleados, que además son en un 90% mujeres y trabajan con sueldos de alrededor de 900 euros al mes", reivindica Ramírez. Y termina insistiendo: "La inversión en dependencia crea más del doble de puestos de trabajos directos, estables y no deslocalizables. Incluso para la España vaciada".

Más allá de los mayores de 65 años

La colaboración público-privada da lugar a otros centros enfocados en el cuidado de personas dependientes con diversas problemáticas:

  • Residencias para personas con conducta alterada. Destinadas a personas mayores de 18 años que presenten un trastorno mental que por su gravedad no puedan ser atendidas únicamente por la atención primaria.
  • Residencias para personas con discapacidad física: Atienden en régimen de internamiento o seminternamiento. Sus objetivos son la atención asistencial, la potenciación de las capacidades, la promoción de la autonomía y el desarrollo personal y social.
  • Centros de atención a personas con discapacidad psíquica: Dedicados al cuidado de personas con minusvalía psíquica que, por su gravedad, requieren ayuda para las tareas de la vida diaria. Funcionan en régimen de internamiento, media pensión y ambulatorio.
  • Centros de protección de la mujer: Destinados a acoger y prestar asistencia social, psicológica y jurídica a mujeres y sus hijos menores que se encuentren en una situación grave de maltrato. La estancia máxima son seis meses.
  • Centros de atención a las adicciones. Prestan una atención individual y/o grupal, en régimen ambulatorio, a personas con problemas de abuso o dependencia del alcohol u otras drogas. También tratan adicciones como la ludopatía y el tabaquismo.
  • Centros de protección de menores. Acogen a menores que ya tengan alguna de las medidas de tutela o guarda.
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