El Gobierno pretende que las tiendas no puedan exhibir perros y gatos
El borrador de la ley limita la exposición y venta de mascotas a los criaderos o vía catálogo
En España se abandonan 120.000 perros y gatos al año. Para intentar reducir esta cifra el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara una ley que regule la compraventa y la tenencia de perros y gatos. El texto —que por ahora es solo el borrador de un anteproyecto— prohibirá “la exhibición y exposición al público con fines comerciales de perros y gatos”, según fuentes del ministerio.
A pesar de que el redactado final puede cambiar, esta restricción parece consensuada. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aclaró ayer que las tiendas podrán seguir vendie...
En España se abandonan 120.000 perros y gatos al año. Para intentar reducir esta cifra el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara una ley que regule la compraventa y la tenencia de perros y gatos. El texto —que por ahora es solo el borrador de un anteproyecto— prohibirá “la exhibición y exposición al público con fines comerciales de perros y gatos”, según fuentes del ministerio.
A pesar de que el redactado final puede cambiar, esta restricción parece consensuada. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, aclaró ayer que las tiendas podrán seguir vendiendo mascotas, pero siguiendo unas condiciones que garanticen que los animales se compran “de manera responsable y no compulsiva”. Esta ley la anunció en abril el anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete, pero, si nada falla, la terminará aprobando la actual ministra.
Una de las posibilidades que se abre a estos negocios será el de mostrar a los perros y gatos por catálogo y —si algún comprador está convencido de la adquisición— tendrá que desplazarse hasta el criadero, donde es más fácil que se cumplan los requisitos mínimos para garantizar el bienestar de los animales. La ley afectará inicialmente solo a perros y gatos, aunque más adelante podría incluir otras especies.
La prohibición también pondrá punto final “a la separación de los cachorros de sus madres a edades tempranas”, ya que en general las tiendas exponen cachorros muy pequeños porque son más fáciles de vender, según indican fuentes del ministerio.
“Con este cambio se reducirá la compra y venta de animales y también el gasto público” apuntó ayer Leonardo Anselmi, responsable de la asociación Libera! y secretario técnico de la Asociación Parlamentaria para la Defensa Animal. Para Anselmi, “sacar la venta del espacio público urbano” comportará un gran cambio ya que evitará “la compra compulsiva y la compasiva”, que es aquella que provoca la adquisición a partir de la pena que produce ver a un animal en una jaula expuesto en un escaparate, especialmente si se trata de un cachorro.
“Es un contrasentido que las perreras estén llenas, se sacrifiquen perros a diario y al mismo tiempo las tiendas sigan vendiendo animales”, denunció ayer Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis España. Gascón también celebró el anuncio y aseguró que “se trata de un gran paso”.
Los dos portavoces animalistas coincidieron en que si el comprador “tiene que hacer el esfuerzo de ir hasta un criadero, será más difícil que acabe abandonando”.
Según el borrador, al que ha tenido acceso este diario, la infracción por exponer perros o gatos se considerará "grave" y comportará sanciones de entre 3.001 y 30.000 euros.
El anteproyecto prestará especial atención al caso de los galgos, una de las razas que más se sacrifica en España, porqué algunos cazadores los matan cuando envejecen y ya no son útiles para las batidas.
A pesar de que la noticia sentó bien a las asociaciones animalistas, el borrador también ha provocado algunas críticas. “El texto deja la puerta abierta a que sigan matando perros y gatos abandonados”, lamentó Anselmi, que es uno de los interlocutores que tiene el Parlamento con los colectivos animalistas. Desde su punto de vista, la ley “tendría que poner una fecha límite a que se sigan ejecutando animales”. Anselmi puso como ejemplo el modelo que siguió Cataluña, que aprobó una moratoria para terminar con sacrificio animal y desde 2003 ya no se permite.