El nuevo presidente de la Audiencia de Barcelona pide recuperar el copago en la justicia
Pablo Llanera critica en su toma de posesión la falta de jueces y la escasez de medios
El presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, ha defendido hoy recuperar la antigua figura de las tasas judiciales para que los ciudadanos que acudan a los tribunales y pierdan un pleito paguen una parte del servicio recibido.
En su discurso de toma de posesión como presidente de la Audiencia, Llarena ha considerado que "no resulta admisible" que la administración de justicia opere sin tasas, por lo que se ha mostrado partidario de un "copago que revierta en la mejora del propio servicio".
Tras su discurso, en el que ha criticado con dureza la escasez de medios en la...
El presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, ha defendido hoy recuperar la antigua figura de las tasas judiciales para que los ciudadanos que acudan a los tribunales y pierdan un pleito paguen una parte del servicio recibido.
En su discurso de toma de posesión como presidente de la Audiencia, Llarena ha considerado que "no resulta admisible" que la administración de justicia opere sin tasas, por lo que se ha mostrado partidario de un "copago que revierta en la mejora del propio servicio".
Tras su discurso, en el que ha criticado con dureza la escasez de medios en la administración de Justicia, el magistrado, miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha precisado que su propuesta es recuperar las antiguas tasas judiciales, desaparecidas desde el año 1986, de manera que los ciudadanos que más utilicen los tribunales sean los que más paguen por ella.
Ciudadanos con derecho a la justicia gratuita
La propuesta de Llarena, que excluye del pago de las tasas a los ciudadanos con derecho a justicia gratuita y también las causas penales, plantea que los litigantes que acudan a los tribunales y pierdan el pleito paguen parte del servicio judicial recibido.
Las tasas se sumarían a las costas judiciales que actualmente se fijan en sentencia y que corresponden a los gastos derivados del proceso judicial concreto, lo que incluye desde los honorarios de abogados o procuradores hasta el de algunas periciales o diligencias necesarias.
Llarena plantea que, de esa forma, la administración de justicia no se financie solo a través de los impuestos, como cualquier servicio público, sino también mediante el copago directo del usuario, como sucede, por ejemplo, en el caso de algunas prestaciones que ofrecen los servicios de emergencia. El copago en la justicia sería especialmente aplicable, según el magistrado, en las jurisdicciones civil y contenciosa, mientras que la penal quedaría excluida por sus características singulares.
En su discurso, el flamante presidente de la Audiencia ha lamentado la percepción social de que la administración de la justicia es "una organización vetusta", y ha criticado que las últimas nueve legislaturas democráticas han estado más centradas en "regular y controlar el poder del poder judicial" que en modernizar el sector.
Escasez de medios
"Después de 30 años buscando la modernidad pública", ha añadido el magistrado, "(...) es inaceptable que nunca se haya contado con el número de jueces preciso para cubrir siquiera la cicatera planta judicial definida por el legislador". Llarena no solo ha arremetido contra la falta de jueces y el "brutal aumento de la carga de trabajo", sino también contra la escasez de medios materiales en la justicia, que en su opinión los avances tecnológicos no han sabido compensar.
Por ese motivo, entre las propuestas que ha desgranado para mejorar la justicia figura la apuesta por los mecanismos que permitan desjudicializar algunos litigios que actualmente se solucionan en los tribunales así como favorecer la concentración de decisiones judiciales que tanto colapsan actualmente los juzgados.
Llanera, nacido en Burgos en 1963 y que en 1989 ingresó en la carrera judicial como número 1 de su promoción, ha dirigido los juzgados de primera instancia e instrucción de Torrelavega (Cantabria), el de primera instancia número 8 de Burgos y, desde 1992, el de instrucción número 31 de Barcelona. El año 1998 fue nombrado magistrado en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, donde ha permanecido hasta la actualidad, últimamente como presidente del tribunal. Especializado en derecho penal, fue profesor de la Escuela Judicial entre 2000 y 2004 y de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).