Las comunidades gobernadas por el PP recurrirán ante el Supremo el decreto que paraliza la LOCE

Esperanza Aguirre desafía al Gobierno socialista y dice que la Ley de Calidad se aplicará íntegramente en la Comunidad de Madrid

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP recurrirán ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros que frena dos años la entrada en vigor de las medidas más polémicas de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) del anterior Gobierno.

El anuncio lo ha realizado Ana Mato, coordinadora de Participación del PP, que ha considerado "lamentable" que el Gobierno socialista deje en suspenso a partir del próximo curso los itinerarios educativos, la reválida al finalizar el bachillerato y la evaluación de la asignatura de Religión.

En todo caso, ...

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Las comunidades autónomas gobernadas por el PP recurrirán ante el Tribunal Supremo el decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros que frena dos años la entrada en vigor de las medidas más polémicas de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE) del anterior Gobierno.

El anuncio lo ha realizado Ana Mato, coordinadora de Participación del PP, que ha considerado "lamentable" que el Gobierno socialista deje en suspenso a partir del próximo curso los itinerarios educativos, la reválida al finalizar el bachillerato y la evaluación de la asignatura de Religión.

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En todo caso, la primera en desafiar al Gobierno ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, que ha anunciado que recurrirá a la jurisdicción ordinaria porque un "decreto no puede impedir la aplicación de una Ley Orgánica". En su opinión, "atenta contra el Estado de Derecho, lo más sagrado de la democracia". Asimismo, Aguirre ha anunciado que la LOCE se aplicará íntegramente en su territorio al considerar que "está plenamente vigente".

La presidenta madrileña ha resumido los motivos por los que su Ejecutivo considera ilegal el decreto socialista. En primer lugar considera que se invaden las competencias de la Comunidad de Madrid; además entiende que es nulo de pleno derecho ya que no dice que desarrolla una ley, sino que la paraliza. Por otro lado, es de la opinión de que el decreto constituye una desviación de poder porque impide la aplicación de una Ley Orgánica ya vigente.

Las mismas acciones que Madrid emprenderá la Generalitat valenciana, según ha informado el conseller de Cultura, Educación y Deporte, Esteban González Pons, quien ha asegurado que recurrirán ante el Supremo por el vacío legal que provoca la nueva normativa, que también les deja en una situación de indefensión por la ausencia de una política educativa clara.

El Gobierno amenaza con "consecuencias"

Desde el Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha querido responder al PP al término del Consejo de Ministros que ha presidido por primera vez. En la habitual rueda de prensa de los viernes, De la Vega ha advertido que las comunidades que no acaten la norma "se tendrán que atener a las consecuencias".

De la Vega ha defendido a capa y espada el decreto aprobado hoy -que anula el calendario que fijó el anterior Gobierno, también por decreto- y ha advertido de que "no existe mecanismo para que Madrid ni ninguna comunidad autónoma pueda incumplir lo que la ley dice". Además, ha recordado que el principio de legalidad "rige para todo el mundo", también para las autonomías.

Frente a las acusaciones de Aguirre, que defiende que el decreto socialista paraliza la LOCE, la ministra ha asegurado que la Ley de Calidad no se suspende, tan sólo se modifica su aplicación, por lo que "los educadores, familias y niños, pueden estar totalmente tranquilos en el próximo curso". En todo caso, el Gobierno socialista ha mantenido inalteradas algunas reformas contempladas en el texto del PP y ya en vigor. Así, seguirán sin cambios la gratuidad de la educación infantil, de los tres a los seis años, para la cual el Gobierno ya ha anunciado financiación, y la enseñanza de idiomas.

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