Riesgos limitados

El contenido del Acuerdo para un Gobierno progresista aporta menos sorpresas que imprecisiones. A los diez objetivos enunciados en el Preacuerdo para conformar un Gobierno de coalición, que se difundió el 13 de noviembre, se añade ahora uno más destinado a reafirmar la condición europea y global de España. Las decisiones económicas más controvertidas que tratan de nutrir esos enunciados (elevaciones del s...

El contenido del Acuerdo para un Gobierno progresista aporta menos sorpresas que imprecisiones. A los diez objetivos enunciados en el Preacuerdo para conformar un Gobierno de coalición, que se difundió el 13 de noviembre, se añade ahora uno más destinado a reafirmar la condición europea y global de España. Las decisiones económicas más controvertidas que tratan de nutrir esos enunciados (elevaciones del salario mínimo, de las tarifas de los impuestos directos a las grandes empresas, contrarreforma laboral o de las pensiones, entre otras) quedan de hecho subordinadas al cumplimiento de los dos enunciados más vinculantes, el primero y décimo de ambos documentos: “Consolidar el crecimiento y la creación de empleo” y “justicia social y equilibrio presupuestario”, respectivamente. Es razonable que se proponga como primer objetivo garantizar un crecimiento económico y del empleo no muy inferiores a los relativamente favorables que han presidido los años de recuperación. Y es muy oportuno, porque poco antes de conocerse ese acuerdo el INE confirmaba la desaceleración en el crecimiento del tercer trimestre. Nuestra economía no podrá sustraerse al marcado enfriamiento de la eurozona y, más concretamente, al declive del sector industrial. Cualquier decisión de política económica, desde luego la distribución temporal de algunas de las anunciadas, deberá tomar en consideración ese clima de menor confianza en el que las empresas industriales europeas viven desde antes del verano.

La segunda premisa es esa reafirmación de los compromisos con la eurozona. El mejor comportamiento de nuestra economía respecto a la eurozona en estos últimos años ha coincidido con una prolongada fase de interinidad política. A pesar de ello, los indicadores de riesgo, incluida la dichosa prima sobre los bonos públicos, se han mantenido en niveles históricamente reducidos, al tiempo que los flujos de inversión extranjera directa no han dejado de crecer. La razón no es otra que el convencimiento de propios y extraños, de inversores y empresarios españoles y extranjeros, de que, al menos hasta hace un rato, no hay fuerza política en nuestro Parlamento que cuestione la pertenencia a la unión monetaria y el cumplimiento de sus reglas. Y eso, por sí solo, es una suerte de valiosa cobertura de riesgos.

Esos “mercados” a los que se apela en ocasiones de forma intimidatoria han tenido ocasión de valorar el impacto de algunas decisiones que ya habían anticipado los partidos que intentan formar Gobierno. Pero también habrá que contemplar en el haber de esa cuenta de pérdidas y ganancias del acuerdo la propia existencia de un Gobierno, de unos Presupuestos, de la necesaria normalización en la financiación de las comunidades autónomas, de la acción de nuestra diplomacia, de la concreción de reformas modernizadoras de nuestra economía, de avances en la economía digital, entre otras. En la acotación de esos riesgos la continuidad de las ministras sectoriales (Industria y Comercio, Energía, Hacienda, Economía) o la más concreta anticipación de que la vicepresidencia económica será ocupada por Nadia Calviño son también útiles credenciales, en especial ante las instancias europeas.