La Audiencia Nacional obliga al juez a repetir las vistas de prisión de cuatro ‘cdr’
La Sala de lo Penal considera que no se facilitó suficiente información a los abogados de los imputados, que permanecen detenidos
La Audiencia Nacional ha ordenado este martes al magistrado Manuel García-Castellón repetir las vistas sobre el encarcelamiento provisional de cuatro miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha anulado los autos de prisión de los cuatro imputados por delitos de terrorismo al apreciar que el juez instructor no proporcionó a sus abogados la “información esencial” para garantizar su derech...
La Audiencia Nacional ha ordenado este martes al magistrado Manuel García-Castellón repetir las vistas sobre el encarcelamiento provisional de cuatro miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), el sector más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR). La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha anulado los autos de prisión de los cuatro imputados por delitos de terrorismo al apreciar que el juez instructor no proporcionó a sus abogados la “información esencial” para garantizar su derecho de defensa, cuando la causa se encontraba bajo secreto de sumario.
La decisión del tribunal no implica la puesta en libertad de los cuatro investigados, sino que obliga a repetir las vistillas de prisión provisional contra ellos. Los cuatro cdr quedan actualmente en simple calidad de detenidos hasta el próximo miércoles, cuando García-Castellón celebrará una nueva vistilla.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal ha estimado parcialmente los recursos de apelación presentados por las defensas de cuatro de los nueve cdr arrestados el pasado 23 de septiembre: Eduardo Garzón, Guillem Xavier Duch, Xavier Buigas y Alexis Codina. “La Sala se basa en la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional en recientes sentencias relacionadas con los derechos y las razones de la detención en causas que se encuentran bajo secreto, en las que debe proporcionarse una mínima información esencial en aras de garantizar el derecho de defensa”, ha explicado la Audiencia Nacional.
Según la batería de autos dictados este martes, el propio juzgado de instrucción debe decidir qué elementos esenciales de las actuaciones debe facilitar a los abogados de los imputados para facilitar su defensa, “compaginándolo en su caso con el secreto, pero sin que pueda denegar de forma absoluta cualquier clase de acceso amparándose de forma general en dicho secreto”. La Sala aprecia que a estos cuatro detenidos no solo no se les proporcionó una información mínimamente pormenorizada sobre los motivos de su arresto, sino que el juez negó el acceso a cualquier otra información de la investigación abierta por delitos de terrorismo.
“Exigimos la inmediata liberación de los siete encarcelados y denunciamos la nueva maniobra jurídica de la Audiencia Nacional para mantenerlos en prisión, ahora mismo en situación de detenidos”, ha reclamado Alerta Solidaria, el colectivo jurídico que defiende a los investigados. Actualmente, quedan por resolverse los recursos de otros dos sospechosos, Jordi Ros y Ferrán Solís.
La pasada semana, durante la sesión celebrada en la Sección Segunda para analizar las alegaciones de estos cuatro miembros de los CDR, la Fiscalía descartó que el secreto de sumario les haya generado una situación de indefensión y solicitó prolongar su permanencia en prisión después de que las pesquisas les atribuyan el intento de “materializar la república catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas”.
García-Castellón los investiga por supuestos delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. En la instrucción constan “conversaciones telefónicas en las que se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional”, explicaba el magistrado en sus escritos.