La jueza de la F1 rechaza archivar la causa contra Camps y ve “poco serio” que el fiscal quiera cerrarla
La magistrada recuerda a Anticorrupción que fue este órgano quien presentó la querella inicial que dio lugar al procedimiento
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, tumbó ayer, mediante un duro auto que incluye severos reproches, la pretensión de la Fiscalía de impedir el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, del PP, en el caso de la Fórmula 1. La Fiscalía pidió la semana pasada el archivo de la causa. Sostuvo que, aun habiendo indicios de que fueron amañados los tres primeros contratos de construcción del circuito urbano en Valencia, adjudicados e...
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, tumbó ayer, mediante un duro auto que incluye severos reproches, la pretensión de la Fiscalía de impedir el procesamiento del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, del PP, en el caso de la Fórmula 1. La Fiscalía pidió la semana pasada el archivo de la causa. Sostuvo que, aun habiendo indicios de que fueron amañados los tres primeros contratos de construcción del circuito urbano en Valencia, adjudicados en 2007, los delitos habrían prescrito en 2017, porque se denunciaron en enero de 2018.
Sin embargo, la juez rechaza archivar la causa por esas presuntas irregularidades y considera “sorprendente” y “poco seria” la petición del fiscal Anticorrupción de sobreseimiento porque, entre otras razones, fue precisamente este organismo el que presentó la querella inicial contra Camps que dio lugar al procedimiento.
Además del expresidente valenciano, hay otras 14 personas procesadas, entre ellos, el que fuera su vicepresidente Vicente Rambla, el exconsejero de Infraestructuras Mario Flores, el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP), y varios empresarios, entre ellos, el representante de FCC Construcción, SA, José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.
En el auto, fechado el 23 de mayo, la magistrada rechaza la argumentación del ministerio público de la prescripción de los hechos “al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal (malversación de caudales públicos), tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas”.
García Mingo acusa a varios responsables de la Fiscalía de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucción de la causa y de haber seguido adelante con una querella sin pedir antes determinados informes. “Resulta difícil de comprender que el fiscal haya esperado hasta dictarse el auto de incoación del procedimiento abreviado (2 de mayo de 2019) para, con la justificación de datos de los que ya era conocedor anteriormente, estimar que no se ha constatado perjuicio económico evaluable”, agrega.
Perjuicio económico
Además, afirma que el contenido del informe de la Intervención General de la Generalitat, donde se señala que no se constatan hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Administración autonómica, evaluable económicamente, “no implica ni que no exista perjuicio económico ni, menos aún, malversación de caudales públicos” y que, por ende, sea de apreciación esa prescripción. La Fiscalía esgrimió dicho informe de la Intervención en su argumentación.
La juez rechaza también en su auto el recurso de la Abogacía de la Generalitat y mantiene el sobreseimiento provisional acordado respecto a la que fuera asesora del expresidente, Belén Reyero, sobre quien esta acusación sostenía que en el proceso no había sido una “convidada de piedra” y pedía su procesamiento. Reyero fue responsable del departamento de Eventos de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana.
En su resolución de procesamiento de hace dos semanas, la jueza sostuvo que Camps “capitaneó” al resto de procesados para obtener un “rédito político y personal” como “máxime artífice” de la F-1. Camps anunció su intención de querellarse por lo que considera una “persecución política”.