Descenso a las cuentas de Vox
La fuerza de extrema derecha triplica sus donaciones tras un centenar de reuniones con pequeños empresarios. Simpatizantes de una asociación iraní en el exilio donaron al partido 500.000 euros en 2014
Una legión anónima de pequeños empresarios ha contribuido desde su fundación a la eclosión de Vox. Dueños de pymes, ejecutivos de firmas ganaderas y aceiteras y profesionales liberales han nutrido en silencio desde su nacimiento, en enero de 2014, las arcas de esta fuerza ultra que ha aterrizado por sorpresa con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía.
Vox ha triplicado las donaciones que recibe de particulares desde 2016. La formación ha captado es...
Una legión anónima de pequeños empresarios ha contribuido desde su fundación a la eclosión de Vox. Dueños de pymes, ejecutivos de firmas ganaderas y aceiteras y profesionales liberales han nutrido en silencio desde su nacimiento, en enero de 2014, las arcas de esta fuerza ultra que ha aterrizado por sorpresa con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía.
Vox ha triplicado las donaciones que recibe de particulares desde 2016. La formación ha captado este año 13.000 aportaciones privadas. El caudal suma 548.000 euros, un 65% más que en 2017, según sus cuentas internas.
El donativo más suculento llegó en 2016. Un septuagenario empresario catalán con negocios en Madrid entregó entonces 50.000 euros, el límite que fija la Ley de Financiación de Partidos de 2012. La aportación más cuantiosa este año se redujo a la mitad, según fuentes de esta fuerza política que protege con celo la identidad de quienes contribuyen a la causa.
“Si me viene un empresario que quiere dar 100.000 euros y la ley fija un tope de 50.000 anuales, la aportación se camufla a través de su hijo, su mujer,…”, apunta un ex alto cargo de Vox enfrentado a la actual dirección que reconoce que en 2014 gestionó donaciones de simpatizantes.
El presidente de la formación, el exdirigente del PP vasco Santiago Abascal, ha participado desde 2014 en más de un centenar de desayunos con pequeños empresarios. Uno de cada diez asistentes a estos encuentros, adonde no acudió ningún ejecutivo del Ibex 35, acabó sacando la cartera, según el gerente de Vox, Enrique Cabanas. “En este tiempo hemos salido a pedir dinero”, confiesa el guardián de las cuentas.
El amigo iraní
Cabanas admite que su partido recibió medio millón de euros en 2014 de iraníes en el exilio. Y que esta inyección costeó la mitad de la campaña a las elecciones europeas de Vox que ese año encabezó el exdiputado del PP Alejo Vidal-Quadras, que formó parte de un grupo de eurodiputados de apoyo a la oposición iraní durante su etapa como vicepresidente del Parlamento Europeo. Tras no conseguir representación, Vidal-Quadras abandonó la formación ultra en 2015.
El partido recibió 500.000 euros de simpatizantes de un grupo iraní que tuvo un brazo armado para la candidatura de Vidal-Quadras en las elecciones europeas de 2014
EL PAÍS ha confirmado con dos fuentes de la primera dirección de Vox que el partido se nutrió antes de los comicios europeos de 2014 de “miles de aportaciones de entre 200 y 5.000 euros” de simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia Iraní (CNRI), un grupo opositor al régimen de los ayatolás. De inspiración anticapitalista, el CNRI tuvo un brazo armado, el Muyahidin-e Jalq (MJ), que Estados Unidos sacó en 2012 de su lista de organizaciones terroristas tras el respaldo de dos exdirectores de la CIA y uno del FBI. La decisión llegó después de una campaña de apoyos políticos para persuadir a Washington y Bruselas de que el grupo renunciaba a la violencia. Y que debía ser reconocido como oposición legítima al régimen iraní.
Las aportaciones de los partidarios del CNRI a Vox en 2014 se comunicaron al Tribunal de Cuentas, según fuentes próximas a la primera dirección de este partido. Hoy, la formación reclama la deportación de inmigrantes “ilegales” a sus países de origen.
La fuerza de extrema derecha insiste en que ya no recibe financiación extranjera. Y que el juego de alianzas que pretende trenzar en Europa Steve Bannon, jefe de campaña del presidente de EE UU, Donald Trump, y gurú de una cruzada ideológica de tintes xenófobos a la que se ha sumado Vox, no se ha traducido en generosidad externa.
La pujante hucha del partido se alimenta en España. Y ha permitido sufragar los más de 100.000 euros que el grupo desembolsó el pasado octubre en un acto en el madrileño Palacio Vistalegre al que acudieron más de 9.000 simpatizantes. Y también costear los 150.000 que el partido dice haberse gastado en la campaña de las elecciones andaluzas. El dinero se fue en escenarios, sonido y miles de rojigualdas. Y 83.000 euros llegaron a través de crowdfunding, según los ultras.
El milagro del 'crowdfunding'
Y es que, tras las cuotas, las campañas de financiación colectiva son la principal fuente de ingresos. Vox ha recurrido al micromecenazgo en las redes sociales para comprar una furgoneta de 40.000 euros. Pero también para abonar las fianzas de las causas judiciales donde ejerce la acusación popular. Así, recaudó 40.000 euros para impulsar sus querellas ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el Gobierno catalán y la mesa del Parlament.
El partido de Abascal también tiró de crowdfunding para reunir los 12.000 euros que le exigió el Supremo para empujar la querella por las supuestas irregularidades en la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Tardó 71 minutos en reunir la suma.
Un exvicepresidente: "Hay opacidad en la contabilidad"
“Vox incumple la ley de partidos. Sus cuentas anuales son aprobadas por el presidente, Santiago Abascal, y su amigo y gerente, Enrique Cabanas, en un despacho o en cualquier hotel de lujo de Madrid”. El que fuera vicepresidente primero de la formación hasta 2016, Juan Jara, denuncia así las presuntas irregularidades en la contabilidad de la fuerza ultra. “Hay opacidad y un oscurantismo deliberado”, añade este médico que ocupó la gerencia del Servicio Madrileño de Salud bajo la presidencia regional de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
Según Jara, la dirección del partido muestra "un desprecio absoluto por el dinero ajeno" y maneja "tarjetas green" para supuestos dispendios. Vox sostiene que solo su gerente tiene tarjeta de crédito y zanja así las acusaciones de su antiguo dirigente: "[Jara] Empezó a preguntar nombres, teléfonos, direcciones y correos de los donantes. Eso queda en la tesorería, gerencia, Hacienda y el Tribunal de Cuentas".
“Se escudan en el crowdfunding para generar presuntos ingresos de microdonaciones, yo lo califico de pitufeo [modalidad de blanqueo]. Ningún fiscal ha tomado cartas en el asunto, pero debería”, critica el que fuera hasta 2016 vicepresidente primero de Vox, Juan Jara.
Las cuotas son la principal inyección de fondos. Los 18.700 militantes —más de la mitad han desembarcado en los últimos seis meses— abonan nueve euros. Los jubilados pagan cinco y los estudiantes, tres.
Por las aportaciones de los afiliados, el partido ha ingresado este año casi 800.000 euros, cuatro veces más que en 2015. Vox presume de haber incrementado su militancia en 1.000 personas en los dos días siguientes a su aterrizaje en el Parlamento andaluz. Y pregona que sus afiliados se han multiplicado por veinte en Cataluña desde septiembre de 2017, cuando los independentistas aprobaron en el Parlament la ley para convocar el referéndum.
El partido se prepara para redibujar su estructura. Un engranaje que, hasta el mes pasado, tenía en nómina a seis empleados: el gerente, un periodista, un administrativo y dos auxiliares. También a Abascal, que cobra 3.500 euros netos al mes.
Pero esta estampa es ya el pasado. La formación encara una nueva era marcada por el vigor financiero tras su eclosión andaluza. Solo el organigrama que perfila en el Parlamento autonómico sumará 30 empleados. Cada uno de sus 12 diputados tendrá derecho a un asesor.
Dos operarios trabajaban esta semana contra reloj para remozar el futuro cuartel general de Vox. Un bajo de 400 metros en el céntrico barrio madrileño de Chamberí. La formación ha firmado un acuerdo de arrendamiento por cinco años. Pagará 3.500 euros de alquiler mensual, que se convertirán en 6.000 en 2023. Y correrá con la factura de la reforma.
El partido de Abascal presume de no tener propiedades. Asegura que su docena de sedes provinciales son alquiladas. Y que no ha recibido donaciones de inmuebles. Una circunstancia que permite la ley de partidos si se comunica al Tribunal de Cuentas. El gerente conecta el milagro del éxito con la gente corriente.
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