Carrero Blanco contra Castiella
En el Gobierno español de finales de los sesenta había dos líneas enfrentadas (siempre con el arbitraje ultimo del jefe del Estado, general Franco): una línea, encabezada por el almirante Carrero Blanco, entonces vicepresidente del Gobierno y hombre de la máxima confianza de Franco, trataba (como también hacía el régimen portugués de Oliveira Salazar y luego de Caetano) de aferrarse a los territorios ultramarinos de España, considerándolos como “provincias españolas” y resistiéndose a cualquier supervisión o indicación respecto a su estatuto futuro por parte de las Naciones Unidas; la otra, re...
En el Gobierno español de finales de los sesenta había dos líneas enfrentadas (siempre con el arbitraje ultimo del jefe del Estado, general Franco): una línea, encabezada por el almirante Carrero Blanco, entonces vicepresidente del Gobierno y hombre de la máxima confianza de Franco, trataba (como también hacía el régimen portugués de Oliveira Salazar y luego de Caetano) de aferrarse a los territorios ultramarinos de España, considerándolos como “provincias españolas” y resistiéndose a cualquier supervisión o indicación respecto a su estatuto futuro por parte de las Naciones Unidas; la otra, representada principalmente por el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Castiella, defendía que, para ser coherente con nuestra postura de que habría que conseguir la recuperación de Gibraltar mediante la aplicación de la doctrina descolonizadora de la Asamblea de la ONU. Teníamos que ofrecer una mayor colaboración con la organización, en especial en los casos de Guinea Ecuatorial y de Ifni (el Sahara Occidental quedaría para más adelante).
Pues bien, en los años 1968 y 1969 todos esos temas, obviamente distintos pero con un cierto parentesco, entraron en una fase crítica, casi al mismo tiempo. Ello debió de agudizar las contradicciones de nuestra política y de enconar las tensiones en el seno del Gobierno. Así entre octubre de 1967 y junio de 1968 se celebró en Madrid, en dos fases, la Conferencia Constitucional de Guinea Ecuatorial con los distintos partidos ecuatoguineanos, que culmino con la aprobación de un texto constitucional que se publicó en el BOE en julio y condujo a la independencia de Guinea Ecuatorial en octubre de 1968. Todo ello fue obra de Castiella, siempre frente a la resistencia de Carrero en el Ministerio de la Presidencia. De manera parecida, muy poco después, en enero de 1969, Castiella firmo con su homologo marroquí el Tratado de retrocesión del territorio de Ifni a Marruecos, lo que llevo a la salida de España del territorio en julio de ese mismo año.
Cabe imaginar que todas esas “concesiones” – aunque obviamente fueron actos autorizados por el “Caudillo” - debieron de dejar a Castiella bastante debilitado en el seno del Gobierno y muy expuesto a las criticas de Carrero y quizá también de otros consejeros cercanos a Franco. Una vez expuesto el contexto general de la política descolonizadora de España en aquellos años, pasemos al tema concreto de Gibraltar.
Como es sabido, España había logrado en las Naciones Unidas (Comité de los 24 y Cuarta Comisión de la Asamblea General) el respaldo de una amplia mayoría de los Estados miembros para una serie de resoluciones favorables a las tesis españolas; las más importantes fueron las resoluciones 2231 (en 1966), 2353 (en 1967) y 2429 (en 1968) de la Asamblea General. Sin embargo, toda esa serie de resoluciones no bastaron para convencer al Reino Unido de que se aviniera a negociar con España la descolonización de Gibraltar, por lo que el Gobierno español había comenzado a tomar de manera gradual medidas restrictivas de presión sobre Gibraltar, especialmente a partir del referéndum convocado unilateralmente por Gran Bretaña en septiembre de 1967 (y luego rechazado por la ONU).
De los documentos ahora conocidos se desprende que el Gobierno español decidió en febrero de 1968 establecer una Comisión interministerial encargada de “estudiar posibles medidas en relación con el problema de Gibraltar”, presumiblemente una nueva ronda de medidas restrictivas como respuesta al referéndum celebrado pocos meses antes y para hacer frente a la intransigencia británica. Sabemos, gracias a estos documentos, que la Comisión, sobre la base del informe de la ponencia establecida en su seno, elaboró, en un breve lapso de tiempo, un informe con dos propuestas alternativas (una más drástica y otra más suave) en relación con el tránsito de personas por la “verja” de Gibraltar, recomendando “por unanimidad” que el Consejo de Ministros optara por la variante más suave (pensando sobre todo en los trabajadores españoles que acudían diariamente al Peñón desde el Campo de Gibraltar, pero también, hasta cierto punto, en la población civil gibraltareña).
Sin embargo, debió de haber un debate en el Consejo de Ministros o entre los ministerios competentes, porque el hecho es que en ese momento no se adoptó ninguna decisión concreta, salvo la de comunicar oficialmente al Reino Unido, por nota de 22 de marzo de 1968, que España se reservaba el invocar las disposiciones del Artículo X del Tratado de Utrecht en lo que se refiere a las comunicaciones de Gibraltar con el territorio circundante, lo que se efectuaría “en la fecha y momento oportuno”. Ese año 1968 marcó el punto culminante de la acción española en relación con Gibraltar en la Asamblea General de la ONU, con la adopción por mayoría de la resolución 2429 que conminaba al Reino Unido a culminar el proceso descolonizador de Gibraltar antes del 1 de octubre de 1969, iniciando de inmediato las negociaciones con España para ese propósito, a lo que ya le había instado la Asamblea anteriormente.
Como es sabido, el Reino Unido, que lógicamente votó en contra de esa resolución, prestó oíos sordos al urgente requerimiento de la Asamblea. Por el contrario, al año siguiente desarrolló intensos contactos con los grupos políticos gibraltareños, como fruto de los cuales convocó una conferencia constitucional en Londres en mayo de 1969, de la que resultó una nueva “Constitución” para Gibraltar que fue promulgada el 30 de mayo mediante una “Order in Council” (equivalente a un decreto legislativo de la Corona) que en su preámbulo aseguraba a los gibraltareños que “el Gobierno de Su Majestad (británica) no concertará acuerdo alguna en cuya virtud el pueblo gibraltareño pase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad, libre y democráticamente expresada”.
Sin duda fue ese hecho el que hizo que el Gobierno español reaccionara inmediatamente con la adopción de la versión más drástica de las que se había propuesto un año antes. Así lo hizo mediante la Orden de la Presidencia del Gobierno de 7 de junio de 1969 por la que se disponía el cierre del puesto de policía y control de La Línea de la Concepción; y la Orden del Ministerio de Hacienda, de la misma fecha, por la que se suprimía el punto habilitado de tercera clase en La Línea, dependiente de la Aduana de Algeciras. Ambas disposiciones fueron publicadas en el BOE del 9 de junio y entraron en vigor inmediatamente, con lo que se cortó (con algunas limitadas excepciones) la comunicación por tierra entre territorio español y Gibraltar. Durante un tiempo se mantuvo la comunicación por mar mediante el transbordador Algeciras-La Linea, pero también se suspendió algún tiempo después. Para redondear el bloqueo, por una Orden de 1 de octubre de 1969 (la misma fecha que la ONU había señalado como objetivo para la descolonización de Gibraltar) se suprimieron las comunicaciones telefónicas y telegráficas entre territorio español y Gibraltar.
Como una cierta compensación de cara a los gibraltareños, el Gobierno español adoptó un decreto el 4 de julio de 1969 concediendo toda una serie de facilidades y ventajas en territorio español (incluyendo cuestiones como concesión de nacionalidad, derecho de residencia, etc.) a aquellos gibraltareños que así lo solicitaran. No parece que muchos de ellos se acogieran a ese ofrecimiento, salvo algunos gibraltareños de clase alta con propiedades e intereses en España y algunos otros que contaban con familiares en España.
Castiella todavía intento una última operación, consistente en la creación de una provincia de Gibraltar, que consistiría por el momento en el Campo de Gibraltar, desgajando los municipios que lo componen de la provincia de Cádiz a la que pertenecen. Incluso parece que (según testimonia Fernando Olivie, entonces director general de Asuntos Político de Europa y estrecho colaborador de Castiella en cuanto a la cuestión de Gibraltar en el libro Estudios sobre Gibraltar) “tenía in mente proponer al Gobierno el nombramiento de un gibraltareño como primer gobernador de la nueva provincia española de Gibraltar”. (Aunque Olivie no menciona ningún nombre concreto, obviamente debía tratarse de alguno de los conocidos como “palomos”, partidarios del entendimiento con España, quizá su líder, Juan José Triay).
Sin embargo, para entonces el crédito de Castiella dentro del Gobierno se había agotado. La “provincia de Gibraltar” que propugnaba nunca fue creada y el propio Castiella fue cesado por Franco como ministro el 29 de octubre de 1969, tras casi 13 años al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Paradójicamente, el mes de octubre de 1969, que Castiella había soñado como el de la recuperación de Gibraltar para España, fue el de su definitiva caída política, de la que ya no se pudo levantar.
Juan Antonio Yáñez es diplomático