Jaume Matas limita su responsabilidad en el Palma Arena a las “decisiones políticas”
El expresidente balear se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por la contratación de los arquitectos
Cuarto asalto judicial para el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que se enfrenta a cuatro años de cárcel en un nuevo juicio por el caso Palma Arena. El exministro del Gobierno de Aznar ha reconocido hoy durante su declaración ante el tribunal que le juzga por la contratación de los arquitectos que ejecutaron las obras del velódromo que la decisión política de construir el Palma Arena fue suya pero se ha desentendido de todo el proceso posterior de las obras y de la contratación de profesionales.
Matas se sienta este lunes en ...
Cuarto asalto judicial para el expresidente de Baleares, Jaume Matas, que se enfrenta a cuatro años de cárcel en un nuevo juicio por el caso Palma Arena. El exministro del Gobierno de Aznar ha reconocido hoy durante su declaración ante el tribunal que le juzga por la contratación de los arquitectos que ejecutaron las obras del velódromo que la decisión política de construir el Palma Arena fue suya pero se ha desentendido de todo el proceso posterior de las obras y de la contratación de profesionales.
Matas se sienta este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma por dos piezas separadas de la macrocausa que el tribunal ha decidido juzgar en un solo proceso al ser los hechos investigados en ambas piezas muy similares. Junto a Matas también es juzgado el que fuera director general de Deportes del Ejecutivo balear, José Luis Ballester, para quien la fiscalía pide penas menores porque reconoció los hechos y colaboró con la investigación desde el principio.
La Audiencia enjuicia las presuntas irregularidades que se produjeron a la hora de contratar a los arquitectos encargados de construir el velódromo palmesano. Unas ilegalidades que ha negado afirmando que sólo participó en la decisión política del proyecto, pero desentendiéndose de todo el desarrollo posterior. “Soy el único del Gobierno que no puede contratar nada. Yo solo doy órdenes políticas” ha subrayado, recalcando que “ningún funcionario, auditoría o informe encendieron las alarmas o advirtieron de algo irregular en todo el proceso”.
El exministro ha explicado que Ballester le informó de que en la Unión Ciclista Internacional le comunicaron que el arquitecto alemán Ralph Schürman era el único capacitando para diseñar y construir el velódromo y conseguir una pista homologada para organizar el mundial de ciclismo. Ballester se encargó de contratar al alemán sin concurrencia pública y después se enteró de que tenía que apoyarse en un despacho local que le ayudase con la legislación autonómica. “Entonces llamé a los arquitectos García Ruiz y les propuse que colaborasen con Schürman para apoyarle con el tema de la legislación” ha dicho el expresidente, que dice que se decantó por este despacho de arquitectos mallorquín porque era “de prestigio”.
Para el exministro, no haber concluido la obra habría sido “un golpe importante para la ciudad” a pesar de que ha recalcado que el Palma Arena “no era su proyecto estrella”. El interrogatorio de la fiscal Laura Pellón se ha prolongado durante más de dos horas en las que el expresidente ha rehusado contestar a todas las preguntas relacionadas con las actas de la Fundación Illesport -que gestionó las obras del velódromo- y que han sido declaradas falsas en varias sentencias judiciales por piezas anteriores.
Encargo verbal
La fiscalía y la Abogacía de Baleares sostienen que se produjeron ilegalidades en el proceso para encargar la infraestructura al arquitecto Ralph Schürmann, que no estaba colegiado en España y fue fichado por 9,4 millones de euros sin expediente de contratación y sin justificar su exclusividad. El Ejecutivo de Matas rescindió el contrato con este arquitecto un año después y Schürmann se marchó cobrando 1,6 millones de euros de los 2,3 que presentó en facturas. Después Ballester por orden de Matas encargó los trabajos de forma verbal al despacho de los hermanos García Ruiz que obtuvieron un contrato por 8,5 millones de euros según relata la fiscalía en su escrito.
El ministerio público acusa a Matas de presuntos delitos de fraude a la administración y prevaricación en concurso con falsedad por los que pide una pena total de cuatro años de prisión. También le reclama el pago de 872.270 euros en concepto de responsabilidad civil, del que Ballester tendría que abonar un 15%. El exdirector general de Deportes está acusado de los mismos delitos que el que fuera su superior pero su petición de pena es de seis meses de cárcel a sustituir por una multa de 1.080 euros al apreciarle una atenuante muy cualificada al haber confesado los hechos al principio de la investigación.
Se trata del cuarto juicio al que se enfrenta Matas, que ha sido condenado en las tres ocasiones anteriores. Ha cumplido nueve meses de cárcel por la contratación irregular de un articulista que escribía sus discursos en el primer juicio por el caso Palma Arena. Además, fue sentenciado a pagar una multa de 9.000 euros por un delito de cohecho por la contratación ficticia de su mujer y tiene pendiente de resolver un recurso en el Tribunal Supremo para intentar rebajar la condena a 3,8 años de cárcel por el caso Nóos en el que fue encontrado culpable de un delito continuado de prevaricación en concurso con falsedad y malversación.