El juicio contra Chaves y Griñán por los ERE comenzará en diciembre

Los expresidentes andaluces se sentarán en el banquillo junto a 20 ex altos cargos

Los expresidente José Antonio Griñán y Manuel Chaves, en una imagen de archivo.alejandro ruesga

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de los ERE a partir del próximo 13 de diciembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así se ha decidido en la reunión que el juez ponente de la causa, Juan Antonio Calle, ha mantenido este viernes con la fiscalía y con la defensa de los 22 acusados y de las diferen...

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Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados por el caso de los ERE a partir del próximo 13 de diciembre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Así se ha decidido en la reunión que el juez ponente de la causa, Juan Antonio Calle, ha mantenido este viernes con la fiscalía y con la defensa de los 22 acusados y de las diferentes partes. Además de Chaves y Griñán, están procesados el antiguo vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez —en su día vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones—, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.

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Tras más de seis años de instrucción y viaje de ida y vuelta tanto al Tribunal Supremo como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la rama política de los ERE será juzgada este invierno por los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Juan Antonio Calle, Pilar Llorente y Encarnación Gómez. El juicio se celebrará con cuatro sesiones semanales y empezará con las cuestiones previas, que se expondrán el 13, 14 y 15 de diciembre, y el 9 enero de 2018 comenzarán las declaraciones de los acusados.

Mientras que Chaves está acusado por prevaricación continuada y asociación ilícita y se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 10 años de inhabilitación; su sucesor en el Gobierno andaluz suma también la acusación de malversación continuada y afronta la petición de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación. Tanto Chaves como Griñán, se dieron de baja en el PSOE hace ahora un año. Ambos ya habían abandonado la vida política tras su imputación por el Supremo.

En el auto de procesamiento, el magistrado Álvaro Martín acusa a los ex altos cargos de mantener un “sistema opaco” preñado de “descontrol” para conceder 855 millones de euros entre 2001 y 2010 desde el Gobierno andaluz. Los políticos, “concertando sus actuaciones de un modo expreso o tácito”, permitieron la entrega de subvenciones “con total discrecionalidad”, mantiene el magistrado. En la causa también están acusados tres exviceconsejeros, dos ex secretarios generales, dos ex directores generales, seis ex altos cargos de la Administración, el ex interventor general y el jefe de los servicios jurídicos.

Un momento de la reunión entre los magistrados y los abogados de los 22 acusados en los ERE.Paco Puentes
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Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo tras quemar en febrero ante la Audiencia su última oportunidad. Los magistrados rechazaron sus recursos contra el auto de procesamiento. En su resolución, los jueces reprocharon a Griñán —exconsejero de Economía entre 2004 y 2009— su inacción “para zanjar esta situación [el pago de los ERE] a pesar de que lo pudo hacer”: “Elaboró y aprobó los presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera” en el uso de las transferencias de financiación [herramienta de pago de los ERE]. A Chaves, los magistrados le reprocharon que permitiera la continuidad del pago de los ERE y apreciaron que los indicios en su contra son “sólidos”: “Contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales”, concluyen.

La pieza política marcará el destino de las otras que incluye la macrocausa y su resolución afectará a las penas o absoluciones de muchos de los políticos y técnicos implicados por las diferentes ayudas —más de 200— concedidas desde 2001 por la Junta.

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