Los opositores a jueces también quieren una oferta de empleo histórica
Las asociaciones reclaman doblar las 100 plazas para magistrados y fiscales incluidas en la propuesta pública de 250.000 vacantes del Gobierno
Ha sido el gran acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ahora en negociación. Más de 250.000 plazas de empleo público en tres años, un número histórico tanto para el Gobierno como para los sindicatos. De ellas, hay casi 130.000 para sanidad, 98.807 en educación y 8.658 para el ámbito de la justicia, aunque solo un puñado de estas últimas son para la judicatura. En concreto, un centenar (65 para jueces y 35 para fiscales).
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Ha sido el gran acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, ahora en negociación. Más de 250.000 plazas de empleo público en tres años, un número histórico tanto para el Gobierno como para los sindicatos. De ellas, hay casi 130.000 para sanidad, 98.807 en educación y 8.658 para el ámbito de la justicia, aunque solo un puñado de estas últimas son para la judicatura. En concreto, un centenar (65 para jueces y 35 para fiscales).
Las asociaciones judiciales, que aseguran que el Ministerio de Justicia no ha negociado con ellas estos números, estiman que se necesitan unas 250 anuales para alcanzar una media razonable que equipare a España con el resto de Europa. “Las 100 plazas previstas están en la misma línea que años anteriores, no puede considerarse una oferta excepcional como en otros ámbitos”, señala Celso Rodríguez Padrón, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, correspondientes a 2013, España tiene 10,9 jueces por cada 100.000 habitantes, cinco menos que la media europea.
Este organismo exigió ya en febrero que las oposiciones a la judicatura se convocaran antes del uno de abril con “las plazas necesarias para atender las necesidades ordinarias”. Y alertaban de que no pondrían en marcha un plan de urgencia para atender “la previsible entrada masiva de asuntos conocidos como cláusulas suelo” sin los medios personales y materiales adecuados.
Fuentes del Ministerio de Justicia justifican el número de plazas previstas en que en el caso de la judicatura se modificó recientemente la edad de jubilación hasta los 72 años, por lo que la necesidad de cubrir vacantes es menor. En realidad, el grueso de la oferta de empleo público diseñada a tres años vista está pensada para reducir la temporalidad y la interinidad en los distintos ámbitos.
comparecencia en el Congreso
El próximo 26 de abril, las asociaciones de la judicatura comparecerán en el Congreso de los Diputados para reivindicar, entre otras cuestiones, más plazas en la oferta pública de empleo. “Reivindicaremos tanto las oposiciones a jueces y fiscales como el cuarto turno”, añade Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia. El cuarto turno es un sistema de acceso a la judicatura sin oposición para juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional.
“No han pactado nada con nosotros”, añade Raimundo Prado, de la asociación Francisco De Vitoria. "Llevamos más de un año reclamando que crezca el número de plazas. A lo mejor se necesitan medidas más drásticas, como una posible huelga”, concluye.
El Foro Judicial Independiente considera que las cien plazas de jueces y fiscales son "manifiestamente insuficientes" incluso para cubrir la tasa de reposición. "Entendemos que el Gobierno emite una pésima señal acerca de cuánto interés realmente tiene en que la Justicia funcione en España", afirma esta asociación judicial.
Petición de firmas
La queja ha llegado a la plataforma Change.org, que recoge la petición presentada por una opositora (Marta L) para reclamar un aumento de plazas de jueces y fiscales y dirigida a los grupos parlamentarios. Hasta las cuatro de la tarde de este jueves, la habían respaldado más de 2.900 firmantes.