Un tribunal ordena que se pague el 100% a un agente de baja médica
La sentencia alega que una instrucción interna no puede privar de derechos a un guardia civil
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Dirección General de la Guardia Civil a pagar la totalidad de sus retribuciones a un agente de Tráfico al que se le descontó una parte de las mismas por encontrarse de baja médica.
La ley establece que los guardias civiles percibirán el 50% de sus retribuciones —tanto básicas como complementarias, así como la prestación por hija a cargo— durante los tres primeros días de baja y el 75% desde el cuarto hasta el vigésimo; salvo que la misma se produzca ...
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la Dirección General de la Guardia Civil a pagar la totalidad de sus retribuciones a un agente de Tráfico al que se le descontó una parte de las mismas por encontrarse de baja médica.
La ley establece que los guardias civiles percibirán el 50% de sus retribuciones —tanto básicas como complementarias, así como la prestación por hija a cargo— durante los tres primeros días de baja y el 75% desde el cuarto hasta el vigésimo; salvo que la misma se produzca en acto de servicio o sea consecuencia de una hospitalización o intervención quirúrgica.
Según la sentencia, está probado que el agente fue intervenido quirúrgicamente, pero la Dirección General de la Guardia Civil le aplicó el descuento porque no presentó el certificado dentro del plazo de 20 días que determina una instrucción interna. El tribunal argumenta que esta normativa no puede ir en contra del derecho del agente a cobrar el 100% de su sueldo, por lo que ordena que se le reintegren las cantidades detraídas indebidamente y condena a la Administración al pago de las costas. Rechaza además que la cirujía a la que fue sometido el agente —extirpación de fístulas— pueda considerarse "menor", ya que está incluida en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
El letrado del agente, Antonio Suárez-Valdés, considera que esta sentencia es aplicable a numerosos funcionarios, no solo a miembros de la Guardia Civil o las Fuerzas Armadas, que se encuentran ante el mismos problema.