Procesado el exinterventor de la Sanidad del Ejército
El tribunal militar amplía a un cuarto mando la causa por presunta corrupción en el Hospital Gómez Ulla
El Tribunal Militar Central ha confirmado el procesamiento de un coronel, un teniente coronel y un teniente destinados en la Inspección General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa, de la que depende el Hospital Militar Gómez Ulla (Madrid), acusados de cobrar sobornos por la adjudicación de contratos, así como de un empresario, acusado de cohecho. Pero, además, a petición del fiscal, ha decidido procesar a un teniente coronel que ostentó la jefatura de la Intervención Delegada de la Igesan hasta junio de 2014.
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El Tribunal Militar Central ha confirmado el procesamiento de un coronel, un teniente coronel y un teniente destinados en la Inspección General de Sanidad (Igesan) del Ministerio de Defensa, de la que depende el Hospital Militar Gómez Ulla (Madrid), acusados de cobrar sobornos por la adjudicación de contratos, así como de un empresario, acusado de cohecho. Pero, además, a petición del fiscal, ha decidido procesar a un teniente coronel que ostentó la jefatura de la Intervención Delegada de la Igesan hasta junio de 2014.
El juez instructor había decidido desimputar al teniente coronel interventor con el argumento de que su conducta “se ajustó mínimamente a lo estipulado legalmente”, aunque le reprochó que, “de haber observado el celo exigible”, podrían haberse evitado las presuntas irregularidades. Por el contrario, el tribunal cree que hay “indicios de criminalidad en la conducta” del interventor que deberán ser valorados en el juicio.
Se da la circunstancia de que, aunque entonces estaba desimputado, Defensa decidió el pasado 28 de enero paralizar los ascensos de 22 tenientes coroneles del Cuerpo Militar de Intervención y anular una clasificación en la que el ahora procesado figuraba entre los cinco primeros.
Según el auto del juez instructor, los mandos acusados formaban “una organización delictiva en la que se controlaba la actividad contractual [de la Inspección General de Sanidad] con la única finalidad de enriquecerse”.
La causa se inició por la denuncia de un empresario que aseguró haber entregado 167.816 euros a los militares, además de invitaciones y regalos, y que ha sido procesado por pagar sobornos.