El Gobierno activa la nueva ley del Constitucional contra el Parlament

Ante los últimos movimientos del Parlamento de Cataluña, que se dispone a crear varias comisiones que pongan ya en marcha el proceso de desconexión de la comunidad autónoma con el Estado español, el Gobierno ha decidido activar la nueva herramienta que puso en manos del Tribunal Constitucional a través de la reforma de la ley...

Ante los últimos movimientos del Parlamento de Cataluña, que se dispone a crear varias comisiones que pongan ya en marcha el proceso de desconexión de la comunidad autónoma con el Estado español, el Gobierno ha decidido activar la nueva herramienta que puso en manos del Tribunal Constitucional a través de la reforma de la ley que regula este órgano, aprobada en solitario por el PP.

El nuevo texto legal permite al Constitucional imponer la ejecución de sus sentencias, ya sea por sí mismo o a través del Ejecutivo. Si bien en un primer momento el equipo de Mariano Rajoy quiso desvincular esta reforma del proceso independentista catalán —duramente criticada por el resto de partidos políticos con el PSOE a la cabeza—, tardó poco en admitir el propósito último de su medida: dotarse de herramientas que permitieran responder legalmente con contundencia ante cualquier avance hacia la secesión sin tener que recurrir a un instrumento último y extremo como el artículo 155 de la Constitución.

El momento ha llegado. Constituido ya un Ejecutivo catalán, las fuerzas independentistas, —mayoritarias en el Parlament— han decidido crear tres comisiones legislativas que avancen los objetivos expresados en la resolución soberanista aprobada por la Cámara catalana. El Tribunal Constitucional, tras el recurso del Gobierno de Rajoy, declaró inconstitucional esa resolución, pero con estos últimos movimientos el Parlament se comporta como si esa sentencia no existiera.

El Gobierno central prepara un incidente de ejecución, como parte afectada, en el que le hará observar al Constitucional que su sentencia no está siendo obedecida

El Gobierno central prepara un incidente de ejecución, como parte afectada, en el que le hará observar al Constitucional que su sentencia no está siendo obedecida. Siempre desde la prudencia, como ha repetido Rajoy desde que arrancó el desafío soberanista, el Gobierno confía en que el máximo tribunal ponga en marcha el procedimiento con que fue dotado por ley, y solicite en un primer momento a la Cámara catalana un informe en el que le explique si, a su entender, se está vulnerando el mandato del Constitucional con la creación de estas nuevas comisiones, en las que se pretende abordar la nueva Ley de Transitoriedad Jurídica, que permitiría saltar del marco legal español a un nuevo marco legal catalán, y el llamado proceso constituyente.

En un intento por esquivar la ley, los proponentes plantean que sean comisiones de estudio, y no legislativas, aunque ese matiz no frenaría la actuación del Gobierno central.

Caso distinto es la creación de una nueva Consejería de Exteriores de la Generalitat, un órgano político que no tiene cabida en la ley y que el Gobierno ya ha anunciado que piensa recurrir. En este supuesto, los servicios jurídicos del Estado se inclinan más por el uso de la vía contencioso-administrativa.