Podemos apela a la Constitución para defender su agenda social

La formación ya tiene presentada su primera proposición de ley de emergencia social

Íñigo Errejón, ayer en el Congreso. ULY MARTÍN

Podemos registró el miércoles por la tarde su primera proposición de ley, firmada por los 69 diputados de la formación y de las candidaturas de confluencia en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Se trata de una batería de medidas contra el copago, desahucios y los cortes de luz o gas por falta de recursos, agrupadas bajo la fórmula de ley 25 de emergencia social. Para su defensa, el partido que lidera Pablo Iglesias apela al artículo 10 de la Constitución, que consagra “la dignidad de la persona” y “los derechos inviolables que le son inhere...

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Podemos registró el miércoles por la tarde su primera proposición de ley, firmada por los 69 diputados de la formación y de las candidaturas de confluencia en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Se trata de una batería de medidas contra el copago, desahucios y los cortes de luz o gas por falta de recursos, agrupadas bajo la fórmula de ley 25 de emergencia social. Para su defensa, el partido que lidera Pablo Iglesias apela al artículo 10 de la Constitución, que consagra “la dignidad de la persona” y “los derechos inviolables que le son inherentes”.

“Esta ley”, que Podemos pretende debatir con el PSOE y las demás fuerzas, “se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”. El objetivo declarado es “rescatar a aquellas personas que no ven satisfechos unos mínimos vitales para vivir en condiciones adecuadas”.

La proposición se articula en tres títulos. El primero “está dirigido a garantizar una sanidad universal y el acceso a los medicamentos” y deroga el copago aprobado en 2012 por el PP. El segundo “contempla una serie de medidas destinadas a garantizar el derecho a una vivienda digna y que impiden los desahucios sin alternativa habitacional”. Para ello, obligaría, por ejemplo, a los “grandes tenedores de vivienda” —sin especificar— a “colaborar para la provisión de vivienda para políticas sociales. Este título también regula “el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas”. El tercero busca “impedir que se produzcan cortes de suministro en familias que no tengan recursos para pagar”.

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