El Supremo admite un recurso contra un acuerdo impulsado por Lesmes

La sala, presidida todavía por Sieira, investigará si el Poder Judicial incumplió la ley al no renovar sus comisiones

Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, en julio pasado.Samuel Sánchez

Las discrepancias internas en la cúpula judicial viven hoy un nuevo capítulo con la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de un recurso que presentaron cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión de no renovar la principal comisión del órgano de gobierno de los jueces, adoptada por el pleno de esta institución el pasado 29 de enero. La admisión a trámite de este recurso ya de por sí es noticiosa en pleno conflicto interno de ambas instituciones...

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Las discrepancias internas en la cúpula judicial viven hoy un nuevo capítulo con la admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de un recurso que presentaron cuatro vocales del Consejo General del Poder Judicial contra la decisión de no renovar la principal comisión del órgano de gobierno de los jueces, adoptada por el pleno de esta institución el pasado 29 de enero. La admisión a trámite de este recurso ya de por sí es noticiosa en pleno conflicto interno de ambas instituciones, pero se da además la circunstancia de que la decisión la ha tomado la sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo bajo la presidencia, todavía, de José Manuel Sieira, que la semana pasada fue sustituido al frente de esa sala con los votos de todos los vocales conservadores del consejo.

La admisión a trámite de algunos recursos contra decisiones impulsadas por el presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes, es uno de los argumentos que el sector crítico cita para explicar por qué el bloque conservador ha decidido, por primera vez, no renovar a un presidente del sala del Supremo que aspiraba a la reelección. El recurso que ahora ha admitido la sala de lo Contencioso se dirige contra la decisión del pleno del Consejo de no renovar al completo todas las comisiones internas, en especial la permanente, el núcleo duro de poder del órgano de gobierno de los jueces.

El escrito lo presentaron cuatro progresistas: Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga (vocales a propuesta del PSOE) y Concepción Sáez (de IU), que consideran que la negativa a cambiar las comisiones infringe “abiertamente” la ley orgánica del Poder Judicial que insta a “procurar” la renovación anual de las cuatro comisiones legales que componen el consejo.

El acuerdo para el nuevo reparto de cargos del Poder Judicial se adoptó en el pleno del 29 de enero. Ya entonces la mayoría de los progresistas se opusieron a que la Comisión Permanente, se hubiera prorrogado por un año sin cambiar a sus miembros. Tres vocales (dos progresistas y una conservadora) presentaron su candidatura a entrar en esta comisión, la única en la que sus miembros tienen dedicación exclusiva y un sueldo como miembro del Consejo. Pero solo lo consiguió la conservadora, Nuria Díaz, lo que amplió la mayoría conservadora en esta comisión. La propuesta de no renovar a nadie más, impulsada por Lesmes, salió adelante con 14 votos a favor y siete en contra.

En su recurso, las denunciantes aseguran que el acuerdo se adoptó “soslayando” la propuesta de seis vocales sobre la renovación de la permanente, “que no pudo ser debatida ni sometida a votación del pleno” y en su lugar se adoptó la formulada verbalmente por el presidente. La Abogacía del Estado en sus alegaciones había argumentado la falta de legitimación de las vocales al entender que los miembros de un órgano colegiado no tienen posibilidad de impugnar acuerdos como éste. La Sala ha optado, sin embargo, por continuar con la tramitación del recurso para resolverlo con una sentencia. Esta se decidirá ya con el nuevo presidente de lo Contencioso, Luis Díez-Picazo, al frente de la sala.

Las vocales progresistas presentaron en abril un segundo escrito en el que ampliaban su recurso al rechazo de Lesmes a debatir las candidaturas alternativas, pero el Supremo no ha admitido este nuevo texto porque se presentó fuera de plazo y, además “implica una alteración” del objeto del recurso.

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