España estima que tendrá que reducir las emisiones de CO<sub>2</sub> un 28% para 2030

Los datos derivan de las exigencias que la UE ha impuesto a los países que la componen

Apagón en la Ciudad de las Ciencias con motivo de la Hora del Planeta que promueve la organización WWF, el 31 de marzo de 2012.Tania Castro

Cuando aún no se ha firmado el protocolo de París —que sustituirá al de Kioto el próximo diciembre y estará vigente de 2021 a 2030— ya se puede adivinar en qué porcentaje tendrá que reducir España sus emisiones de C02 durante esa década. La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, ha anunciado este lunes qu...

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Cuando aún no se ha firmado el protocolo de París —que sustituirá al de Kioto el próximo diciembre y estará vigente de 2021 a 2030— ya se puede adivinar en qué porcentaje tendrá que reducir España sus emisiones de C02 durante esa década. La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Susana Magro, ha anunciado este lunes que el país deberá mitigar sus emisiones de gas de efecto invernadero en torno a un 28%, antes de que llegue la tercera década del siglo XXI. La UE es ahora más ambiciosa y elevó en octubre sus exigencias a países que la conforman para combatir el cambio climático, hecho que revertirá en un mayor grado de compromiso para España.

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La UE actúa como portavoz de todos sus países miembro durante la redacción de los protocolos, como ocurrirá con el texto que salga de París, cuya ronda de reuniones comenzará el 30 de noviembre. En este sentido, la UE puso en marcha en octubre un "ambicioso marco legislativo", según Magro, que supondrá una reducción del 40% de las emisiones de efecto invernadero para 2030 a cumplir por el conjunto de los 28 Estados miembro. La Oficina Española de Cambio Climático ha hecho ya una estimación y tiene datos sobre qué supondrá para España esta medida, como una más de las porciones del pastel de emisiones a repartir entre los 28.

En una década —de 2021 a 2030—, España pasará de tener que mitigar las emisiones de CO2 en un 10% —objetivo que se impuso para el período 2005-2021—, a tener que hacerlo en un 28%. "Esta medida va a suponer un esfuerzo significativo", ha explicado Magro este lunes en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander.

Respecto a qué repercusiones tendrá en la práctica este mayor nivel de exigencia, la secretaria de la Oficina para el Cambio Climático solo ha especificado que deberán seguir implementándose los programas de apoyo para la mitigación de gases de efecto invernadero que están en marcha hasta ahora. Estrategias como los Proyectos Clima Aire, Pima Sol para los hoteles o Pima Tierra para la renovación de tractores, en las que se contienen medidas para combatir el cambio climático para las empresas, continuarán siendo necesarias hasta 2030 y habrán de incorporar otras nuevas para alcanzar el objetivo marcado por la UE. "Vamos a sacar en breve un plan directo para las empresas, en el que estas se puedan apoyar para reducir emisiones, que se llamará específicamente Pima Empresa", ha adelantado Magro.

La cifra de reducción de emisiones de CO2 del 28% para 2030 es solo una estimación del Gobierno español respecto a los compromisos que ha adoptado la UE para el protocolo de París. Las obligaciones definitivas habrán de concretarse por los organismos comunitarios en el futuro.

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Un camino de cuatro meses hasta París

Hasta el momento, 43 países —del total de 196— han mandado sus contribuciones para la hoja de ruta del próximo protocolo de París. Lo significativo, según ha explicado este lunes Magro en el curso Ecuación para una energía segura y sostenible de la UIMP, es que aun siendo solo un cuarto del conjunto de países, estos representan el 65% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales.

¿Qué pasos faltan por dar?

• Junio: la conferencia de 15 días que tuvo lugar en Bonn (Alemania) fue, en palabras de Magro, un pequeño fracaso. "Llegamos con un texto desde una reunión previa en Lima (Perú) que tenía 90 páginas y solo pudimos reducirlo a 84 en dos semanas". La secretaria de la Oficina para el Cambio Climático ha explicado que no lograban ponerse de acuerdo y tuvieron que introducir tantas alternativas como naciones. "Fue muy difícil limpiar el texto, tiene tantas comas o corchetes como países", ha apostillado.

• Julio: un equipo del ADP —grupo de trabajo creado con la Plataforma de Durban en 2011— trabaja ahora para cribar el texto y reducir su contenido. La nueva propuesta será publicada el próximo 24 de julio. "Harán la limpieza que nosotros no fuimos capaces de hacer", ha subrayado Magro.

• Agosto: cuando el ADP divulgue el nuevo texto reducido, los técnicos tendrán hasta el 29 de agosto para revisar el mismo y añadir las objeciones o recomendaciones que estimen oportunas. "Nos quedamos sin vacaciones este año", ha bromeado la secretaria.

• Septiembre: al margen del trabajo técnico, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha convocado para septiembre una reunión en la ciudad de Nueva York para discutir las líneas políticas de actuación respecto al cambio climático. "En estos momentos el impulso político para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero es mayor que el de los técnicos, que estamos más preocupados por no perder el consenso", ha explicado Magro.

• Octubre: el Gobierno francés ha convocado a los técnicos que luego trabajarán en el definitivo protocolo de París para adelantar trabajo y llegar a noviembre con los deberes hechos. "Es una gran jugada de la diplomacia francesa, no quieren que se les escape la negociación de París, ni tampoco quieren llegar al 'drama' [como llaman a la situación en la que dos días antes de cerrar el protocolo no tienen un texto definitivo]".

• Noviembre: el 30 de ese mes comienza la ronda de negociaciones del protocolo de París. "Estamos convencidos de que se va llegar a un acuerdo clave, nunca antes los 196 países del mundo habían estado unidos en una lucha que es histórica, hasta ahora nadie se ha descolgado", ha manifestado Magro. Desde la Oficina para el Cambio Climático desean un protocolo jurídicamente vinculante para todos los países, aunque pueda ser revisable cada cierto tiempo.

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