46.000 euros por la protesta de Greenpeace en la central de Cofrentes

A Greenpeace le saldrá cara la protesta que organizó en febrero de 2011 en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia. Los 16 activistas de esta asociación que estuvieron en aquel acto deberán pagar 46.292 euros, después de que la Audiencia de Valencia haya revisado la sentencia que una juez dictó en diciembre. Se trata de 26.779 euros más de lo fijado hace cinco meses por la titular...

A Greenpeace le saldrá cara la protesta que organizó en febrero de 2011 en la central nuclear de Cofrentes, en Valencia. Los 16 activistas de esta asociación que estuvieron en aquel acto deberán pagar 46.292 euros, después de que la Audiencia de Valencia haya revisado la sentencia que una juez dictó en diciembre. Se trata de 26.779 euros más de lo fijado hace cinco meses por la titular del Juzgado de lo Penal 11 de Valencia. Los magistrados de la Audiencia consideran ahora que los activistas —y Greenpeace de forma solidaria— deben hacer frente también al coste que supuso para Iberdrola, propietaria de Cofrentes, borrar la pintada que hicieron en una de las dos torres de refrigeración de la central.

Los 16 activistas entraron en las instalaciones el 15 de febrero de 2011. Para introducirse, según las sentencias, cortaron las vallas del perímetro. Luego, tres de ellos subieron a la torre e hicieron una pintada. "Peligro nuclear", decía. Tras la protesta, todos fueron detenidos. También, el fotoperiodista Pedro Armestre, que cubría el acto. Armestre ha sido absuelto. Los 16 miembros de Greenpeace, que suele organizar impactantes acciones de denuncia, fueron condenados por la juez valenciana por un delito de daños a pagar una multa de 17.280 euros. Además, la juez estableció que debían indemnizar a Iberdrola con 2.232 euros, el coste de sustituir 18 metros de valla. La Audiencia, a petición de la fiscalía y la empresa, añade ahora la limpieza de las pintadas.

Pero los magistrados confirman el resto de la sentencia, con lo que los 16 activistas resultan absueltos de los delitos de desórdenes públicos y lesiones a los miembros de seguridad de la central, de los que le acusaban la fiscalía e Iberdrola. El ministerio llegó a pedir que cada uno de los ecologistas fuera condenado a dos años y ocho meses de prisión.

Greenpeace se financia a través de las cuotas de sus socios. Tiene un presupuesto anual de unos 7,6 millones de euros que aportan sus 102.000 miembros.

Pese al incremento de la indemnización, la organización ecologista se ha mostrado satisfecha con el fallo de la Audiencia de Valencia. "Esta sentencia corrobora de nuevo el carácter pacífico de Greenpeace, seña de identidad de la organización desde hace más de 40 años", ha indicado en un comunicado la asociación. "El intento de criminalizar el activismo pacífico por parte de Iberdrola ha fracasado por segunda vez. No van a evitar que sigamos pidiendo el fin de la insegura energía nuclear", ha señalado el responsable en España de Greenpeace, Mario Rodríguez.