Amnistía Internacional ve “excesivo” el uso de la fuerza en Ceuta y Melilla
La ONG denuncia la política migratoria del Gobierno del PP y lo acusa de recortes drásticos
El informe anual de Amnistía Internacional (AI), que examina la situación de los Derechos Humanos en 160 países, ha pasado revista a España y ha vuelto a fijar la mirada en la inmigración. El extenso documento publicado este miércoles por la ONG, referente a 2014, denuncia en varias ocasiones la política fronteriza ejecutada por el Gobierno en las vallas de Ceuta y Melilla. El texto denuncia las devoluciones en caliente ...
El informe anual de Amnistía Internacional (AI), que examina la situación de los Derechos Humanos en 160 países, ha pasado revista a España y ha vuelto a fijar la mirada en la inmigración. El extenso documento publicado este miércoles por la ONG, referente a 2014, denuncia en varias ocasiones la política fronteriza ejecutada por el Gobierno en las vallas de Ceuta y Melilla. El texto denuncia las devoluciones en caliente de los sin papeles, que califica como “expulsiones ilegales” y “sumarias” a Marruecos. Y, a su vez, acusa a los agentes de hacer un “uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
Estas acusaciones llegan después de que, en el último mes, 24 guardias civiles resultasen imputados por su actuación en las vallas de ambas ciudades autónomas. Una juez de Ceuta ha llamado a declarar a 16 miembros del Instituto Armado por la tragedia de Tarajal, ocurrida el 6 de febrero de 2014, cuando 15 subsaharianos murieron ahogados al tratar de alcanzar a nado España —los agentes utilizaron material antidisturbios cuando los sin papeles se encontraban en el agua—. A su vez, un magistrado de Melilla ha citado a otros ocho guardias civiles por los golpes propinados a un inmigrante que intentaba saltar la alambrada de dicha ciudad el pasado 15 de octubre.
Un único punto positivo
El pasado año fue, para Amnistía Internacional, un ejercicio en el que apenas hubo noticias positivas en España. Solo se salvó la firma, por parte del Gobierno, del tratado internacional “que prohíbe la venta de armas a países con conflictos armados o donde existe peligro real de que contribuyan a la violación de derechos humanos”. Una rúbrica que maquillaba un ejercicio que supuso, precisamente, el fin a la enseñanza de los derechos humanos de forma obligatoria en Primaria y Secundaria: “Tras las modificaciones de la Ley de Educación aprobadas en 2013”.
“Además, se siguió privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”, subraya Amnistía en su informe, donde denuncia que las autoridades españolas no prestaron “asistencia adecuada” a la justicia argentina, que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura.
“Durante todo el año se recibieron informes sobre el trato ilegal de refugiados y solicitantes de asilo”, subrayan los autores de la memoria, que denuncian también el intento del Ejecutivo del PP de legalizar las devoluciones en caliente a través de una enmienda introducida en la Ley de Seguridad Ciudadana. “El Gobierno quiere hacer legal lo ilegal”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. Una opinión que comparte con el Consejo de Europa, el Defensor del Pueblo, un nutrido grupo juristas y multitud de ONG, que consideran que estos retornos a Marruecos violan el derecho de asilo. “La UE intentó [en 2014] reforzar su gestión del control de las fronteras complementando progresivamente las devoluciones inmediatas con operaciones para evitar que estas personas llegaran a entrar en su territorio”, contextualiza el informe de Amnistía Internacional.
Aunque, eso sí, el documento elaborado por la ONG no limita sus críticas al Gobierno al tema de la inmigración. “El año 2014 se recordará en España por las restricciones a las libertades de expresión, reunión y manifestación; debido a un paquete legislativo que va a hacer más difícil la vida de los manifestantes pacíficos en nuestro país”, afirma Beltrán. De hecho, en su informe, la organización rechaza con contundencia la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana —conocida popularmente como ley mordaza—, que el PP aprobó en solitario en el Congreso.
"Vergonzosa e ineficaz" acción de los Estados
"El año 2014 fue catastrófico para millones de personas atrapadas en la violencia. Los dirigentes mundiales deben actuar con urgencia para hacer frente al nuevo rostro de los conflictos", asegura el informe de Amnistía Internacional, que critica la "vergonzosa e ineficaz acción de los Estados para hacer frente a la violación de los derechos humanos". La impunidad que denuncia la organización es, en el caso de América Latina, "endémica".
Amnistía Internacional ha denunciado que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya abordado los conflictos en Siria, Irak, la franja de Gaza y Ucrania, ni siquiera en los casos en los que los "Estados y los grupos armados cometen horrendos crímenes contra la población civil". Según la institución, obedece a "intereses creados o conveniencias políticas" por lo que ha instado a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad —Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia— que renuncien a su derecho a veto en situaciones de genocidio y otras atrocidades.