La inhabilitación de siete concejales fulmina el Gobierno del PP en Santiago
La sentencia agrava el asedio que sufre la capital de Galicia por la corrupción
El gobierno del PP en la capital de Galicia está llamado a batir todos los récords judiciales. En solo tres años de legislatura popular tras 26 años de poder socialista, los vecinos de Santiago han visto cómo el alcalde que eligieron en las urnas en 2011, Gerardo Conde Roa, dimitía tras ser acusado de fraude fiscal y como su sucesor, Ángel Currás, era implicado poco después en sendos sumarios de tráfico de influencias y acoso. El torrente de imputaciones por corrupción ha arrastrado a los juzgados al 75% de los...
El gobierno del PP en la capital de Galicia está llamado a batir todos los récords judiciales. En solo tres años de legislatura popular tras 26 años de poder socialista, los vecinos de Santiago han visto cómo el alcalde que eligieron en las urnas en 2011, Gerardo Conde Roa, dimitía tras ser acusado de fraude fiscal y como su sucesor, Ángel Currás, era implicado poco después en sendos sumarios de tráfico de influencias y acoso. El torrente de imputaciones por corrupción ha arrastrado a los juzgados al 75% de los concejales populares y dos de ellos se vieron obligados a entregar el acta. Ayer llegó el gran golpe. Una sentencia dictamina la inhabilitación durante nueve años de siete de los 13 ediles del ejecutivo local por prevaricación. Los afectados anunciaron su dimisión horas después de conocer el fallo. El alcalde y su equipo están implicados en al menos otras cuatro causas judiciales.
El origen de esta sentencia que ha fulminado al Gobierno de Santiago da idea de lo tupido que es el enredo de sumarios que atrapa al PP en la capital gallega. El juez concluye que los siete concejales prevaricaron al aprobar en una junta de gobierno celebrada el 30 de mayo de 2013 —y a la que no asistió el alcalde— el pago con dinero público de la defensa de otro compañero, Adrián Varela, acusado en el caso Pokémon de falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho.
El dictamen del juez de lo Penal número 1 de Santiago, Jesús Leal, resuelve que los ediles “fueron en todo momento sabedores de que la resolución [de la junta de gobierno] no se ajustaba a derecho” y pese a ello adoptaron el acuerdo de pagarle el abogado al también concejal popular Adrián Varela “en contra de los intereses públicos y con la clara intención de favorecer a un compañero de corporación municipal”. Los concejales condenados son María Pardo, Cecilia Sierra, Francisco Noya, Amelia González, Juan de la Fuente, María Castelao y Luis García Bello.
“Es un golpe duro”, se limitaba a reconocer ayer por la mañana el regidor compostelano, Ángel Currás, en unas escuetas declaraciones. El alcalde se negó a aclarar entonces el futuro de sus concejales. Alegó que no había leído con detenimiento el fallo, aunque adelantó que está en desacuerdo con la resolución del juez y que sigue confiando en la inocencia de su equipo. Por la tarde, los ediles condenados se reunieron con la dirección del PP gallego y después de varias horas de tiras y aflojas anunciaron que entregaban el acta.
El presidente de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo —que conoció la sentencia en Japón donde está de viaje oficial—, había mantenido hasta el momento su apoyo al gobierno compostelano pese a todas las vicisitudes judiciales, un respaldo que reiteró incluso la semana pasada al mismo tiempo que admitía que los casos de corrupción influyeron en los malos resultados electorales de su partido en las europeas. El PP perdió el 25-M en Santiago 20 puntos de porcentaje de votos, el mayor descalabro de toda Galicia.
Desde la oposición municipal, el PSOE, segunda fuerza en el Ayuntamiento, afirmó que la constitución de una gestora que tome las riendas políticas de la capital de Galicia “no es asumible”. Los socialistas instan a Feijóo a abrirle paso a los candidatos que integran los siguientes puestos en la lista electoral que presentó el PP a los comicios locales de 2011, una candidatura que empezó ya con mal pie cuando su número tres, Ángel Espadas, fue pillado ebrio al volante y tuvo que dimitir.
Tras las elecciones, Espadas se incorporó al gobierno como jefe de gabinete de alcaldía. También se vio abocado a renunciar tras ser detenido como uno de los principales imputados en el caso Pokémon, en el que se investigan presuntos sobornos a políticos por parte de contratistas municipales. A este gobierno perteneció la actual portavoz del PP gallego, Paula Prado, que lo dejó para ser diputada autonómica. La juez que instruye Pokémon le ha abierto a Prado una investigación sobre su etapa como edil.
El BNG sostiene que el alcalde de Santiago “no puede seguir ni un día más” porque la ciudad está en una “situación absolutamente límite”. Los nacionalistas culpan a Feijóo de estirar “todos los tiempos” para evitar convocar elecciones anticipadas y se lamentan de que a partir de ahora “cualquier solución es mala”.