Bárcenas empaña el balance de ecuador de legislatura
Rajoy convoca al Comité Ejecutivo días después de que el juez corroborara una "cuenta b" del PP
La misma semana en que el PP se enfrenta al extesorero Luis Bárcenas en los tribunales, Mariano Rajoy reúne a la plana mayor del partido que lleva casi un año sumido en un laberinto por el escándalo del extesorero. Lo hace hoy, días después de que el juez Pablo Ruz corroborara que la formación tuvo una contabilidad b “continua en el tiempo” y “una cierta corriente financiera de cobros y pagos” reflejada en los papeles del antiguo responsable de finanzas.
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La misma semana en que el PP se enfrenta al extesorero Luis Bárcenas en los tribunales, Mariano Rajoy reúne a la plana mayor del partido que lleva casi un año sumido en un laberinto por el escándalo del extesorero. Lo hace hoy, días después de que el juez Pablo Ruz corroborara que la formación tuvo una contabilidad b “continua en el tiempo” y “una cierta corriente financiera de cobros y pagos” reflejada en los papeles del antiguo responsable de finanzas.
Esta circunstancia, al margen del discurso que el presidente del Gobierno dirija hoy a los suyos, despierta todos los fantasmas de los populares y, sobre todo, un temor. Esto es, que el caso vuelva a ocupar los titulares de la prensa, empañar el balance de ecuador de la legislatura que debería ser el eje central de esta reunión y hundir de nuevo al partido en las encuestas precisamente ahora que mejoran las previsiones macroeconómicas.
Mientras, la dirección nacional se escuda en su mantra oficial: “Hay una sola contabilidad, que es la enviada al juez Ruz y está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas”. Una afirmación que choca con lo que opinan otros dirigentes, que consideran evidente que en el pasado existió una caja b, aunque la vinculan exclusivamente a los manejos y a los intereses del extesorero. Y el error que muchos reconocen ahora es que en su momento no se hizo nada para frenar a Bárcenas.
El PP retiró la semana pasada la demanda contra EL PAÍS por la publicación de los apuntes manuscritos del extesorero, después de que este reconociera la autoría de sus notas contables. La formación tramitó esta decisión de forma conjunta con el exvicepresidente económico Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes, el actual vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, y el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja.
“Los recientes hechos tienen, a juicio de los demandantes, una trascendente influencia jurídica” que motiva la renuncia, mantiene el escrito, en referencia al reconocimiento de la autoría de Bárcenas. Los cuatro dirigentes populares ya anunciaron su intención de retirar la demanda el 18 de octubre, “en coherencia” con la decisión tomada por la secretaria general, Dolores de Cospedal, antes del cara a cara con el antiguo responsable de finanzas celebrado en Toledo.
Entonces, varios cargos del partido mayoritario criticaron esa estrategia judicial por dar un altavoz al antiguo responsable de finanzas. En ese contexto, el PP también solicita, en este último escrito, que en el juicio previsto para el 28 de noviembre no se interrogue a Bárcenas, así como a varios testigos y peritos. Se trata de una decisión insólita, puesto que el partido sí mantiene su acción judicial contra el dirigente que manejó las cuentas de la formación durante dos décadas.
Tras celebrarse el juicio de Cospedal, muy pocos entendían por qué las secretaria general no evitó el “espectáculo”, en definición muy extendida, de ver en todas las televisiones la imagen de su choque en directo con Luis Bárcenas desde la cárcel, que con su memoria, su aplomo y sus gravísimas acusaciones dominó enseguida la escena. Los más cercanos a Cospedal explicaban que no se trataba de una cuestión de estrategia política, sino de honor. Ella estaba decidida a llegar hasta el final en la defensa de su honor, costara lo que costara, señalan, y por eso no quiso retirar la demanda, a pesar del riesgo enorme que eso suponía para el partido.
La decisión de Cospedal rompió totalmente la estrategia del PP y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que consistía en no decir una palabra sobre el caso Bárcenas para intentar que desapareciera del primer plano. Ante la posibilidad de que se vuelva a producir, el PP formaliza esa petición al juez.