La confesión
La confesión en sede judicial del contable del partido en el poder, descubriendo y documentando la existencia de una caja b de financiación clandestina que venía funcionando desde su refundación por el expresidente Aznar, podría significar un punto de inflexión para el sistema político español. O mejor dicho, para el régimen de la transición, que a partir del pasado lunes 15 de julio ha perdido definitivamente la presunción de inocencia originaria, tras oficializarse ante la Audiencia Nacional la verdadera trama oculta que lo dirige desde la sombra, afectando a la presidencia del Gobierno y de...
La confesión en sede judicial del contable del partido en el poder, descubriendo y documentando la existencia de una caja b de financiación clandestina que venía funcionando desde su refundación por el expresidente Aznar, podría significar un punto de inflexión para el sistema político español. O mejor dicho, para el régimen de la transición, que a partir del pasado lunes 15 de julio ha perdido definitivamente la presunción de inocencia originaria, tras oficializarse ante la Audiencia Nacional la verdadera trama oculta que lo dirige desde la sombra, afectando a la presidencia del Gobierno y del Consejo de Estado. A partir de aquí ya nada volverá a ser igual, pues la deposición del tesorero ha revelado la verdadera naturaleza de nuestro régimen: un auténtico Estado cleptocrático de cohecho, que se camufla tras la impecable fachada jurídica de un Estado democrático de derecho.
Es lo que todos sospechábamos desde que este periódico publicó los primeros papeles de Bárcenas. Pero no es lo mismo saberlo con convicción privada que conocerlo por una declaración pública formulada ante los tribunales por quien mejor podía hacerlo: el contable de la trama que registró durante 20 años las lucrativas transacciones entre corruptores y corrompidos. Y tras esa declaración que constata la práctica normalizada del fraudulento abuso de poder, nuestro sistema político ha quedado deslegitimado para siempre, por lo que deberá refundarse para poder recuperar un mínimo de legitimidad.
Extrañamente, el Gobierno ha permanecido impasible, como si la confesión del gerente de su partido no le concerniera en absoluto. Y en términos amorales, cabe aducir dos razones que abonan su impavidez. La primera razón es el alivio, pues la confesión de Bárcenas no vino acompañada de pruebas de cargo susceptibles de incriminarles. Ahora bien, aunque no haya aparecido ninguna pistola humeante, lo cierto es que el tesorero podría guardarse algún as en la manga. Por ejemplo, el de los apuntes contables manuscritos que señalen al expresidente Aznar. Y puestos a sospechar, cabría deducir que Bárcenas pudiera estar presionando al refundador del PP para que obligue al Gobierno y al ministerio fiscal a rectificar. Meras especulaciones.
La otra razón que asegura la tranquilidad del Ejecutivo es su imbatible mayoría absoluta, que le permite literalmente gobernar sin límites ni controles externos, pudiendo comportarse como una autocracia electiva que desprecia al parlamento y se resiste a rendirle cuentas asumiendo responsabilidades. De ahí la lógica reacción de los grupos parlamentarios que han amenazado con unir sus fuerzas multipartidarias en una moción concertada de censura consociativa en defensa de la salud democrática hoy amenazada por la autocracia del Gobierno.
Surge así un conflicto de valores entre dos principios legitimadores del poder democrático: la soberanía popular, a la que apela Rajoy desde su mayoría absoluta, y el respeto a la legalidad (rule of law), que prefiere eludir e ignorar porque le obligaría a presentar su dimisión. Y esta elección de Rajoy, que burla el imperio de la ley armado con el voto popular, es análoga a la que también adopta Artur Mas cuando desprecia la legalidad constitucional española en nombre de la soberanía popular catalana. Mas invoca la soberanía popular para eludir la ley convocando un referendo ilegal, y Rajoy invoca su mayoría absoluta para negarse a dimitir, como debería hacer tras haber perdido su legitimidad política destruida por la confesión de Bárcenas.
Dicho de otro modo, Rajoy se ampara en su legitimidad de origen que le confiere mayoría absoluta porque la confesión de Bárcenas le ha hecho perder su legitimidad de ejercicio. Ahora bien, sin legitimidad de ejercicio no se puede gobernar más que autocráticamente, nunca democráticamente. Por lo tanto, para poder pasar a la historia como un gobernante democrático digno de su cargo, Rajoy está obligado a tratar de recuperar su legitimidad de ejercicio, ya que no parece dispuesto a presentar su dimisión como debería hacer. Pero solo podrá recuperar su legitimidad de ejercicio refundando nuestro régimen democrático sobre bases institucionales enteramente nuevas.
La tentación del autócrata es decir: el Estado soy yo. Y en el caso actual de Rajoy así ocurre en verdad, pues tras la confesión de Bárcenas la deslegitimación del régimen es también la deslegitimación de Rajoy. Por lo tanto, la única forma de recobrar su propia legitimidad como presidente será reconstruyendo la legitimidad del régimen institucional español. Y eso solo podrá lograrlo si limpia los establos de Augías. Es decir, si limpia las tesorerías de los partidos políticos, poniéndolas bajo el control de la Intervención General del Estado.