Gallardón acusa a la oposición de representar “a los operadores jurídicos”

Como “rectificar es de sabios”, según dice el dicho popular y también ha asumido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Congreso ha debatido la reforma del decreto de tasas judiciales que entró en vigor solo hace dos meses. Aquella y esta han suscitado el mismo rechazo de la oposición parlamentaria. Unanimidad en contra y un mínimo reconocimiento a los cambios que ha introducido el ministro para los colectivos más vulnerables de la sociedad. Esta ...

Como “rectificar es de sabios”, según dice el dicho popular y también ha asumido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Congreso ha debatido la reforma del decreto de tasas judiciales que entró en vigor solo hace dos meses. Aquella y esta han suscitado el mismo rechazo de la oposición parlamentaria. Unanimidad en contra y un mínimo reconocimiento a los cambios que ha introducido el ministro para los colectivos más vulnerables de la sociedad. Esta rectificación ha venido dada por los requerimientos de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que hizo una advertencia muy seria al ministro sobre la posibilidad de que recurriera la ley de tasas ante el Tribunal Constitucional si no modificaba sustancialmente la norma. Ha hecho cambios, pero insuficientes, según ha señalado toda la oposición al estimar que la rebaja de tasas solo afecta a grupos reducidos pero no a la inmensa mayoría de los ciudadanos que superan ligeramente el umbral mínimo para acceder a la justicia gratuita.

Este rechazo generalizado no ha arredrado al ministro, sino que ha salido al contraataque después de escuchar una catarata de intervenciones en contra. Este Gobierno y este ministro no gobiernan para los operadores jurídicos, sino para los ciudadanos; la opinión de los operadores jurídicos es importante pero no vinculante ni determinante”, se ha defendido entre aspavientos de la oposición. Este fue el mensaje central del ministro con el claro interés de fijar el mensaje de que mientras que él está con el pueblo, la oposición se ocupa de defender los intereses de las asociaciones judiciales, en todos los niveles y colectivos, que ven vulnerados algunos de sus derechos “corporativos”. Con toda claridad así lo tradujeron, para negarlo, el representante del PNV, Emilio Olabarría, de CiU, Mercé Pigem, y de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares.

“Déjenos señor ministro que también representemos a los votantes del PP, ya que un 80% está en contra de su reforma que disfrazada de argumentos económicos, está guiada por razones ideológicas”, dijo Llamazares. Las cifras, los datos, que ofreció el ministro y la representante del PP, Beatriz Escudero, son muy diferentes. El ministro se aferró fundamentalmente a la exención absoluta de pago de las víctimas del terrorismo, de la violencia de género y de abusos sexuales. En efecto, esta es una absoluta novedad que ha servido al ministro para preguntar a los socialistas por qué ellos no hicieron nada de esto. Nada dijo el ministro sobre la subida de tasas que ha impulsado, pero que, según la diputada del PP Beatriz Escudero, suponen un coste para el ciudadano muy inferior al que rige en los países europeos de nuestro entorno. “No he oído a ningún austriaco, francés o alemán decir que no acude a los tribunales por el alto coste de las tasas”, ha explicado la parlamentaria como argumento a favor de las tasas españolas.

La discusión sobre las cifras es absoluta pero la oposición sigue unida al destacar que “el ahorro real es del 5% y no del 80% como ha dicho el ministro, al no haber atendido todas las recomendaciones de la defensora del Pueblo”. Esta afirmación de Mercé Pigem de CiU fue reiterada por Rosa Díez de UPyD, Antonio Camacho del PSOE, Joan Tardá de ERC, Emilio Olabarría, del PNV y Gaspar Llamazares de Izquierda Plural. Y han puesto ejemplos que el ministro no ha rebatido ni mencionado en sus intervenciones. Una reclamación de 3.000 euros llevará consigo un coste de 958 euros y para las apelaciones habrá que abonar 800 euros y, siempre a fondo perdido, no se recuperan aunque se ganen. Pero la cuestión “nuclear”, según la queja unánime es el bajo umbral a partir del cual no se tiene derecho a la justicia gratuita.

De justicia gratuita se volverá a hablar en el Congreso por cuanto que la ley con ese nombre está en elaboración y este decreto sobre tasas es un anticipo, discutido por todos los sectores judiciales, que cuentan con la “comprensión” del ministro porque, su decreto afectará a sus intereses. “Si disminuye la litigiosidad les perjudica pero por eso no voy a renunciar a hacer una reforma de la justicia que beneficiará a todos los ciudadanos porque impulsaremos procedimientos extrajudiciales para que los procesos no se eternicen en los juzgados”. En las réplicas y contrarréplicas ha prevalecido en el ministro el discurso político. “Con la exención de tasas para las víctimas de todo tipo, que no hizo el PSOE en ocho años, se pone de manifiesto la diferencia entre el lenguaje de la izquierda y la eficiencia del PP”, ha sentenciado.

La despedida para la oposición fue una invocación al Tribunal Constitucional. Allí se verá si esta ley de tasas cercena el derecho universal de los españoles de acudir a los tribunales por razones económicas o, como dice el ministro, se defiende a la mayoría.