El sistema de desahucios encara una recta crucial

La iniciativa legislativa popular firmada por 1.402.584 ciudadanos aterriza el martes en el Parlamento. Lo hará el mismo día en que se evalúa si se admite a trámite otra iniciativa legislativa popular (ILP): la que pretende declarar los toros como bien de interés cultural.

El sistema español de desahucios encara su recta final. Y afronta días cruciales. El Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios presentado por el Partido Popular seguirá su curso en trabajos internos del Congreso durante esta próxima semana también. Y hay un fallo del T...

La iniciativa legislativa popular firmada por 1.402.584 ciudadanos aterriza el martes en el Parlamento. Lo hará el mismo día en que se evalúa si se admite a trámite otra iniciativa legislativa popular (ILP): la que pretende declarar los toros como bien de interés cultural.

El sistema español de desahucios encara su recta final. Y afronta días cruciales. El Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios presentado por el Partido Popular seguirá su curso en trabajos internos del Congreso durante esta próxima semana también. Y hay un fallo del Tribunal de Luxemburgo al caer (en las próximas semanas) que podría afectar al desarrollo legislativo de la cuestión.

Mientras tanto, el drama continúa. Un hombre de 36 años, activista de la plataforma Stop desahucios, casado y con una hija, se quitaba la vida el pasado viernes en Córdoba acuciado por la deuda tras perder su casa. Y los desalojos siguen creciendo: entre enero y septiembre del año pasado, se produjeron 49.702, un 16% más que en idéntico periodo en 2011, según las cifras de la Asociación Hipotecaria Española.

La semana estuvo marcada, además de por el desalojo de los que llevaban 108 días reclamando la dación en pago frente a la sede madrileña de Bankia, por la irrupción de la voz de la calle en el Parlamento, con polémica incluida. El martes pasado comparecía ante la Comisión de Economía y Competitividad la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau. Con su mochila a cuestas, entraba en la solemne sala de comparecencias para instalarse en las filas traseras. Un panel de expertos del que a última hora se excluyó a los jueces —uno de ellos, José María Fernández Seijo, asegura por teléfono que fue por la oposición del PP—, ofrecía sus puntos de vista sobre el proyecto de ley impulsado por el Gobierno popular.

La tormenta estalló tras la comparecencia de Javier Rodríguez Pellitero, representante de la Asociación Española de Banca (AEB) que arrancó diciendo que la culpa de la situación de los desahucios no era de los bancos, sino de la crisis económica. "Para aliviar a un 3,5% de la población", dijo, "no vayamos a perturbar la cultura del cumplimiento de las deudas". Rechazó la dación en pago y dijo que el sistema hipotecario español resulta "eficaz".

Todos los grupos parlamentarios fueron críticos con su intervención. Incluido el Partido Popular. Su portavoz, Pablo Matos, recordó el papel de las entidades financieras en la crisis y señaló las "situaciones desproporcionadas e injustas" que se producen con la actual ley.

Escaldado, abandonaba el representante de la banca la sala asido a su maletín y gabardina, y le relevaba Colau, con su mochila. "Estamos ante una estafa generalizada", dijo a las primeras de cambio. Recordó a los presentes que ha sido la sociedad civil la que ha liderado la denuncia del problema y la que ha recurrido a la desobediencia civil para bloquear los desalojos con resistencia pacífica: 550 desahucios paralizados. En el momento en que describía el ninguneo continuo por parte del Estado, dijo: "Acabamos de tener un ejemplo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, del representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española es estupenda. Decir eso, cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro [y en ese momento se le quiebra la voz] que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal, no es un experto, y como tal deberían tratarle. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema; son esta misma gente la que ha arruinado la economía entera de este país".

El vídeo de su intervención circuló como la pólvora al día siguiente en las redes sociales.

El presidente de la comisión, el popular Santiago Lanzuela, le pidió que retirara sus palabras. El representante del PNV, Pedro Azpiazu, le hizo entender que no le gustaba sentirse amenazado (Colau advirtió que señalarían a los que no aceptasen la ILP). Pero la reacción de los diputados evidenció que eran conscientes de que estaban ante una mujer que lleva cuatro años luchando contra un problema al que la élite política ha empezado a poner solución cuando ya había 400.000 problemas y situaciones humanas muy dramáticas sobre la mesa (entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se produjeron más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, según el Consejo General del Poder Judicial).

"Vino a poner voz a lo que la inmensa mayoría de la sociedad piensa", manifiesta Joan Coscubiela, representante de Izquierda Plural, el que saludó de manera más enfática la intervención de la representante de la PAH. Leire Iglesias, la portavoz del PSOE, explica cómo vivió el momento. "Ada Colau habló desde el sentimiento. Hay frases que puedo compartir, o no, como la de llamar a alguien criminal, pero era lo que se espera de un colectivo que lleva cuatros años en la calle intentando paralizar desahucios". Este periódico intentó recabar la opinión de Pablo Matos o algún otro representante del PP, pero declinaron hacer declaraciones hasta el lunes. Tampoco quiso contestar el representante de la AEB, Javier Rodríguez Pellitero.

La iniciativa legislativa popular que llega al Congreso reclama la dación en pago retroactiva; la paralización de los desahucios de vivienda habitual en deudores de buena fe y la puesta a disposición de las viviendas vacías para el alquiler social. "Señalaremos públicamente a los que no respalden este programa de mínimos", dice Colau, "en sus trabajos, en sus barrios, y de forma pacífica: están contribuyendo al sufrimiento de la población".

El viernes por la noche, Colau confirmaba el inicio de una campaña que ha comenzado con el envío de mensajes de correo electrónico, Facebook y Twitter: "Hemos enviado más de 100.000 mensajes a los diputados, y sobre todo, a los del PP, que son clave".

Las medidas que plantea la ILP son asumidas por PSOE e Izquierda Plural (IU, ICV, CHA). ERC, BNG y parte del grupo mixto (Geroa Bai y Amaiur) votarán por la admisión a trámite. El Partido Popular anunciaba el jueves que consideraba esta iniciativa "obsoleta". Pero Colau no descarta que el PP reconsidere su postura. "Si no están locos, rectificarán", dice. "Estamos hablando de admitir a trámite para que se debata; no hacerlo sería un insulto a tantos ciudadanos que han apoyado esta iniciativa". El martes, a las 12.00, antes de la sesión de la tarde, dice Colau, tiene confirmada una reunión con el PP.

De las 92 iniciativas legislativas populares que el Congreso de los Diputados ha registrado en 30 años, salió adelante una. Fue presentada en 1996. Acabó subsumida en una proposición de ley sobre la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.