El PSOE quiere incluir en la Constitución una financiación autonómica equilibrada

Los socialistas proponen que la recaudación y los gastos del Estado sean equiparables

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras la reunión del Comité Federal de su partido celebrado el sábado.J.J. Guillén (EFE)

La reforma de la Constitución en la que trabaja el PSOE no solo propone el reconocimiento a la singularidad de Cataluña como solución al órdago independentista, sino que estudia también la inclusión de un sistema de financiación que garantizar, para cada autonomía, un equilibrio entre ingresos y gastos. Esto supondría que las autonomías ...

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La reforma de la Constitución en la que trabaja el PSOE no solo propone el reconocimiento a la singularidad de Cataluña como solución al órdago independentista, sino que estudia también la inclusión de un sistema de financiación que garantizar, para cada autonomía, un equilibrio entre ingresos y gastos. Esto supondría que las autonomías ocuparan el mismo puesto tanto en el ránquing de recaudadoras como en el de receptoras del gasto per cápita que el Estado realiza en dicha comunidad, según ha informado la Cadena Ser.

La fórmula que estudia el PSOE, y que llevará a la conferencia política del próximo otoño, supondría plantear la fórmula que reclama Cataluña pero haciéndolo a través de la Constitución, es decir, buscando el consenso y no con el imperativo que plantean actualmente los nacionalistas catalanes.

Todas las autonomías están por la reforma del sistema de financiación, aunque no todas coinciden en la fórmula. Dos de las mayores autonomías gobernadas por el PP, Madrid y Comunidad Valenciana, se consideran maltratadas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya manifestó la semana pasada su disposición a abordar este mismo año la reforma del sistema de financiación autonómica. El planteamiento del PSOE es llevar ese sistema a la Constitución.

Otro de los cambios que plantean los socialistas es el de volver a incluir en la Constitución algo semejante a la cuestión previa de inconstitucionalidad para evitar que se repita lo ocurrido con el Estatut catalán, cuando fue el Constitucional el que finalmente corrigió el texto aprobado en referéndum.

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