Exteriores revisará el acuerdo que declara secretos todos sus documentos

La medida provoca que los investigadores no tengan acceso a documentos de interés histórico

El Gobierno tiene intención de revisar el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, bajo el mandato de Zapatero, que clasifica como secretos o reservados todos los documentos del departamento de Asuntos Exteriores, incluso los más inocuos, y sin límite temporal, según ha declarado el ministro José Manuel García Margallo.

Este acuerdo, que EL PAÍS difundió el pasado lunes, ha provoc...

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El Gobierno tiene intención de revisar el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de octubre de 2010, bajo el mandato de Zapatero, que clasifica como secretos o reservados todos los documentos del departamento de Asuntos Exteriores, incluso los más inocuos, y sin límite temporal, según ha declarado el ministro José Manuel García Margallo.

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Este acuerdo, que EL PAÍS difundió el pasado lunes, ha provocado que desde hace unos meses el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores niegue a historiadores e investigadores documentos de interés histórico a los que hasta ahora tenían acceso. Se da la circunstancia de que este acuerdo, del que nunca se informó, también estaba clasificado como secreto, por lo que Exteriores ha tenido que desclasificarlo para poder comunicar su contenido al profesor de la Universidad Complutense Carlos Sanz Díaz, quien recibió una transcripción del mismo en mayo, según Margallo. El Gobierno también se ha visto en la tesitura de tener que desclasificar documentos relativos al contubernio de Munich, el encuentro que representantes de la oposición antifranquista del interior y del exilio mantuvieron en la ciudad alemana en 1962 invitados por el Movimiento Europeo, del que Exteriores está celebrando el 50 aniversario con exposiciones y mesas redondas.

Según Margallo, el nuevo acuerdo, que se está negociando con otros departamentos, será acorde con el espíritu de la Ley de Transparencia y determinará con mayor precisión las materias que afectan a la seguridad y defensa nacional, según lo previsto en la Ley de Secretos Oficiales de 1968, reformada una década después. La intención es evitar la generalización del secreto y fijar un plazo temporal, transcurrido el cual los documentos serían desclasificados, salvo excepciones, como sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno.

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