El exsecretario de Unió Mallorquina asume un delito de corrupción
El fiscal pide que Vicens sea condenado por regalar 11.930 euros públicos a sus testaferros
El expolítico de Unió Mallorquina (UM) Tomeu Vicens ha vuelto a sentarse en el banquillo y a enfrentarse a una pena de tres años y diez meses de cárcel según la petición del fiscal. Vicens, exconsejero de Mallorca y exdiputado de Baleares, reo y corrupto con sentencia firme, ha salido hoy de la cárcel de Palma, donde cumple condena desde julio de 2010 a tres años de prisión por malversación de caudales públicos (12.020 euros) y prevaricación, para asistir a la vista.
La Fiscalí...
El expolítico de Unió Mallorquina (UM) Tomeu Vicens ha vuelto a sentarse en el banquillo y a enfrentarse a una pena de tres años y diez meses de cárcel según la petición del fiscal. Vicens, exconsejero de Mallorca y exdiputado de Baleares, reo y corrupto con sentencia firme, ha salido hoy de la cárcel de Palma, donde cumple condena desde julio de 2010 a tres años de prisión por malversación de caudales públicos (12.020 euros) y prevaricación, para asistir a la vista.
La Fiscalía Anticorrupción de Baleares pide que Vicens –ex secretario general de UM- sea condenado por regalar a unos amigos, sus testaferros, 11.930 euros públicos a través de un contrato fraudulento, episodio investigado en en el caso Maquillaje, que alude a las finanzas irregulares de UM y gestión corrupta desde las instituciones. Vicens ha reconocido íntegramente los hechos, que ha "reparado" con la devolución de esa cantidad, y ha reiterado su arrepentimiento. Aun así, no ha habido pacto con la fiscalía.
El expolítico mallorquín está en prisión por cometer otro delito semejante, por dar a su asesor fiscal un trabajo ficticio desde el Consell de Mallorca para compensarle sus servicios privados.
En el banquillo con Vicens están Elisabet Diéguez y Alfredo Conde, socios de la productora Studio Media, a la que Vicens pagó por un trabajo ya realizado, y el exdirector insular de Patrimonio Joan Josep Mas, que autorizó el procedimiento. Siendo consejero del Consell de Mallorca, Vicens "decidió de manera arbitraria beneficiar con fondos públicos a la sociedad Studio Media Comunicación", propiedad de Diéguez y Conde, una empresa de la que Vicens era abogado.
El pago público se efectuó sin "ningún trabajo ni contraprestación onerosa alguna" para Diéguez y Conde: eran programas de radio ya emitidos por la radio insular, Ona Mallorca, que el PP acaba de clausurar. Conde y Diéguez se enfrentan cada uno a una solicitud de condena de 2 años y 3 meses por malversación, y Mas podría ser condenado a un año y medio de cárcel por complicidad en prevaricación y malversación.