La UE declara ilegales los incentivos fiscales vascos
El fallo del Tribunal de Justicia europeo es inapelable
La Corte de Luxemburgo ha declarado “ilegales” los incentivos fiscales que las haciendas vascas ofrecieron en los 90 a 300 empresas a través del Impuesto sobre Sociedades. La justicia europea cierra definitivamente así el largo litigio que ha enfrentado desde 2000 a la Comisión Europea con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por las denominadas vacaciones fiscales.
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La Corte de Luxemburgo ha declarado “ilegales” los incentivos fiscales que las haciendas vascas ofrecieron en los 90 a 300 empresas a través del Impuesto sobre Sociedades. La justicia europea cierra definitivamente así el largo litigio que ha enfrentado desde 2000 a la Comisión Europea con las Diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa por las denominadas vacaciones fiscales.
El Tribunal de Justicia de la UE ha fallado esta mañana que las llamadas minivacaciones fiscales de 1996 (una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades) y el crédito fiscal del 45% a las nuevas inversiones superiores a los 15 millones de euros son “ayudas estatales incompatibles con el mercado común” y, por lo tanto, deben devolverse, como solicita el Ejecutivo comunitario.
La sentencia desestima todos los recursos de las tres haciendas vascas y zanja el conflicto dando la razón a la Comisión Europea. Los representantes de las Diputaciones han explicado que acatan la sentencia, aunque discrepan de las consecuencias que acarrea. Álava y Bizkaia, en manos del PP y del PNV, respectivamente, han asegurado que el fallo judicial no tiene efectos prácticos, puesto que las ayudas ilegales ya han sido devueltas por las empresas beneficiarias. Bildu, que controla la Hacienda guipuzcoana, se ha desvinculado de este asunto al recordar que se ha juzgado “la gestión de otro partido”, en alusión al PNV. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha hecho un llamamiento para “cumplir con la sentencia de manera irrevocable” y “devolver” las cantidades que reclaman las instituciones europeas.
Tras este fuerte varapalo a las instituciones vascas, inapelable en los tribunales, la controversia se centra ahora en la devolución de las ayudas irregulares que se concedieron en Euskadi. Bruselas ha abierto otro procedimiento para imponer una sanción que supera los 40 millones de euros por no haber recuperado las cantidades otorgadas a las empresas. Según Bruselas, las empresas han devuelto una parte ínfima de los más de 700 millones que se otorgaron en conjunto, entre vacaciones, minivacaciones y el crédito del 45%, mientras que las Haciendas vascas insisten en que todo el montante está reembolsado. Las autoridades comunitarias tienen la sospecha de que las Diputaciones del País Vasco podrían no estar jugando limpio en este asunto, a la vista de la falta de transparencia con que han actuado hasta ahora y las trabas que han puesto en todo este proceso.