El asesinato que acabó en disputa internacional por los derechos de las empleadas de hogar

En enero del año pasado, el cuerpo de Jullebee Ranara, una mujer embarazada, fue hallado carbonizado y abandonado en el desierto de Kuwait. El asesino de esta trabajadora doméstica filipina resultó ser el hijo de 17 años de su empleador. Este suceso desató una disputa entre Kuwait y Filipinas por los derechos de las empleadas del hogar, que resultó en la prohibición de entrada de todos los trabajadores del país asiático y solo se ha resuelto este 24 de junio, cuando ambos gobiernos decidieron reanudar la expedición de visados para los trabajadores que buscan empleo en la pequeña nación rica en petróleo.

El minúsculo país, que ha sido históricamente objeto de críticas por las condiciones laborales de las empleadas domésticas, ha hecho progresos en la lucha contra las injusticias cometidas contra ellas: en 2015, el Parlamento aprobó una ley que les concedía un día libre semanal, 30 días de vacaciones anuales retribuidas, una jornada laboral de 12 horas con descanso y una prestación por fin de servicio de un mes al año al término del contrato, entre otros derechos; y, desde entonces, las enmiendas también han garantizado el derecho a conservar su pasaporte, que antes algunos empleadores retenían.

Las familias de Kuwait, uno de los países con mayor renta per capita del mundo, dependen en gran medida de las empleadas domésticas. De los casi 4,3 millones de personas que viven en Kuwait, 786.000 personas son trabajadoras del hogar, según la agencia de noticias Kuna de Kuwait.

Sin embargo, siguen produciéndose casos de abusos contra las trabajadoras del hogar, en su mayoría asiáticas y africanas, según denuncian organizaciones de derechos humanos. “El Gobierno kuwaití, al igual que el resto de los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo, ha sido negligente a la hora de proteger a los trabajadores domésticos migrantes, especialmente a las mujeres”, declara Vani Saraswathi, directora adjunta de la organización de derechos humanos Migrant Rights. Las respuestas de Kuwait a estas cuestiones, incluida la prohibición, son “miopes”, afirma, “y se centran en las necesidades de los empleadores, sin ningún intento de detener el abuso generalizado y la explotación a la que se enfrentan los trabajadores domésticos”.

El Gobierno kuwaití, al igual que el resto de los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo, ha sido negligente a la hora de proteger a los trabajadores domésticos migrantes

Vani Saraswathi, directora adjunta de la organización de derechos humanos Migrant Rights

Al anunciar el fin de la disputa política, el Ministerio del Interior de Kuwait afirmó en su comunicado que un comité conjunto se reuniría periódicamente para estudiar los problemas que pudieran surgir con los trabajadores domésticos.

Refugio en la embajada para empleadas maltratadas

Uno de los principales motivos de discordia entre Filipinas y Kuwait ha sido el refugio que la embajada filipina insiste en mantener en sus instalaciones para acoger a las ciudadanas de su país que sufren explotación o abusos por parte de sus empleadores. Manila afirma que el refugio, que alberga a las trabajadoras a la espera de la resolución de sus demandas contra los empleadores antes de regresar a su país, permanece abierto, pero desde hace meses transfiere los casos que recibe a otro refugio gestionado por la Autoridad Pública Kuwaití para la Mano de Obra, según una fuente familiarizada con el asunto.

Según Kuwait, ambas medidas atentan contra su soberanía y socavan su autoridad. Este albergue, que Kuwait puso en marcha en 2014, contiene alrededor de 500 camas. Según la misma fuente, aproximadamente un centenar de sus ocupantes son filipinas, la mayoría a la espera de la resolución de sus demandas laborales, principalmente disputas relativas a finiquitos, salarios y horas extraordinarias no pagadas.

“Filipinas tiene algunos de los mejores métodos para proteger a sus ciudadanos que trabajan en el extranjero”, señala Saraswathi. “Pero incluso así, las prohibiciones pretenden únicamente restar poder a quienes están desesperados por salir al extranjero para ganarse la vida. Esto es particularmente cierto en el caso de Filipinas, que ha mercantilizado a sus ciudadanos hasta tal punto que la migración a menudo parece el único modo de subsistencia”

El impacto de la prohibición de acceso de empleadas domésticas filipinas se notó rápidamente en ambos países asiáticos. Por un lado, las agencias de contratación que traían a candidatas de Asia y de África subieron sus tarifas, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por controlar estos precios, estableciendo un límite de 2.252 euros. Tres empleadores kuwaitíes dijeron a este diario que acabaron pagando a los reclutadores entre 4.200 y 5.500. “La oficina de contratación nos hizo pagar la tasa legal como una transacción con tarjeta de crédito y el saldo restante en efectivo para evitar dejar un rastro de papel y que nos descubrieran”, relata un empleador kuwaití.

En el caso de Amani (nombre ficticio), madre de dos hijos en el barrio de Khalidiya, en Kuwait, la familia buscó empleadas durante cuatro meses en vano. Al final, Amani asegura que pagó 5.500 euros de honorarios ilegales a una agencia de contratación. “Sé que me cobran el doble, pero estoy desesperada”, explica por teléfono.

Amani asegura que pagó 5.500 euros honorarios ilegales a una agencia de contratación. “Sé que me cobran el doble, pero estoy desesperada”

Durante el bloqueo, el Gobierno kuwaití también buscó países diferentes para tratar de cerrar esa brecha entre la demanda y la oferta de trabajadoras domésticas. En mayo, el embajador en Etiopía firmó un acuerdo con el ministro de Trabajo de este país africano “para reforzar la cooperación entre ambos países y diversificar el mercado laboral doméstico de Kuwait”. Saraswathi, de Migrants Rights, afirma que el país del Golfo recurre a esta estrategia “cada vez que hay una crisis, o que un determinado país de origen protesta por el trato dado a sus ciudadanos”, y añade que Kuwait busca después otras “naciones más vulnerables”. Pero, afirma, esta respuesta no pone fin a los abusos, ni resuelve el aumento de la demanda de empleadas domésticas filipinas, a las que su propio Gobierno prepara para conseguir trabajo en el extranjero, con el fin de reforzar la economía local.

En Manila, las remesas de los trabajadores expatriados representan casi el 9,4% del producto interior bruto del país, por lo que la congelación de los visados concedidos a todos los trabajadores filipinos por parte de Kuwait provocó un descenso de las remesas de este país del Golfo, donde reside alrededor del 7,7% de los trabajadores filipinos en el extranjero. En 2023, el total de remesas enviadas desde la comunidad filipina en Kuwait a sus familias ascendió a 585 millones de dólares (535 millones de euros), según datos publicados por el Banco Central de Filipinas, un 2% menos que en 2022.

Según Ann Abunda, presidenta fundadora de Sandigan Kuwait, una organización civil que presta apoyo a los empleados del hogar en Kuwait, la prohibición pretendía proteger a los trabajadores filipinos, pero a pesar de ello, afectó negativamente a algunos, a los que “no se les permitía viajar porque a sus empleadores les preocupaba que no volvieran y que no encontraran a nadie que los sustituyera debido a la prohibición”.

En 2018, estalló entre los dos gobiernos una disputa política y diplomática similar, que desembocó en la expulsión del embajador filipino en Kuwait y el arresto de un par de sus empleados tras las medidas que se tomaron después de otro asesinato de una empleada doméstica filipina. El cadáver de Joanna Demafelis fue hallado con signos de tortura en el congelador de la casa en la que residía con sus empleadores libaneses y sirios.

“En el caso de la prohibición de Kuwait, creemos que el Estado se ha quedado lamentablemente corto en su respuesta al tipo de crueldad y abusos a los que se han enfrentado repetidamente las empleadas domésticas migrantes. Hacen falta leyes más estrictas y una aplicación más diligente”, remacha Saraswathi.

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