Más de 260.000 niños están encarcelados en el mundo

Martin (nombre ficticio), de 13 años, se sienta frente a la ventana que tiene en la unidad de protección especial en Uwail, un centro de detención para mujeres y niños, mientras espera que su caso llegue a los tribunales. “Me arrastró aquí una mujer”, explica Martin en un testimonio a Unicef, con una camiseta roída del Barça y unos pantalones cortos atados con una cuerda, mientras mira hacia abajo. La ventana es su único resquicio para tener contacto con el exterior, desde que fuera denunciado por agresión y tuviera que permanecer detenido hasta que se celebre su juicio.

“Mientras corría lo más rápido que podía, me topé con una mujer embarazada. Mi brazo o codo la pinchaba mientras corría”, relata el joven, que cuando se chocó con ella acababa de robar unas cebollas de un puesto de verduras. El vendedor comenzó a perseguirlo y el adolescente comenzó a correr. “Estaba hambriento. Planeaba vender las cebollas para conseguir dinero para la comida. Mi tío me echó hace cuatro meses porque derramé sorgo que acabábamos de triturar, y desde entonces vivo en la calle”, añade este huérfano de padre y una madre ausente, que se marchó a Jartum dejándolo solo.

La angustia e incertidumbre de Martin, en Sudán del Sur, ante la cárcel y la falta de libertad se replica en la vida de más niños y adolescentes encarcelados en todo el mundo: en concreto, en la de 261.000 en conflicto con la ley que se encuentran detenidos. Son muchachos que presuntamente han cometido un delito o que están acusados de cometerlo, según el informe de Unicef Estimating the number of children deprived of their liberty in the administration of justice (Estimar el número de niños privados de libertad en la administración de justicia), el primer análisis de este tipo que se realiza desde 2007.

“La detención de cualquier niño es una prueba del fracaso del sistema, pero ese fracaso tiene más consecuencias porque los sistemas de justicia destinados a proteger y apoyarlos suelen agravar su sufrimiento”, valora Henrietta Fore, directora ejecutiva de Unicef. “Este número es escandaloso, y nos tiene que llamar a la reflexión y a trabajar para reducirlo y para que realmente el estándar de brevedad y excepcionalidad del tiempo que pasan en la cárcel sea una realidad“, recalca Luis Pedernera, expresidente y miembro del Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño.

El estudio advierte que debido a los registros incompletos y a los sistemas de datos administrativos deficientes en muchos países, es probable que la cifra sea mucho mayor. Las cifras y hallazgos que aporta este informe se recopilaron entre enero de 2017 y octubre de 2021. Entre las fuentes consultadas se incluyen registros administrativos de los ministerios gubernamentales encargados de supervisar los sistemas judiciales, como los ministerios de Justicia, de Interior o de Asuntos Sociales de cada país, además de información de las oficinas nacionales de Estadística; y bases de datos centralizadas como EuroStat y TransMonEE.

Una justicia más cercana y protectora

Desde el inicio de la pandemia, más de 45.000 niños y niñas han sido liberados y devueltos de forma segura a sus familias, o mediante una alternativa adecuada, según los nuevos datos publicados por Unicef en otro estudio titulado Detention of children in the time of COVID (La detención de niños en la época de la COVID). El estudio revela que los gobiernos y las autoridades penitenciarias de al menos 84 países han dejado en libertad a miles de menores de edad desde abril de 2020, cuando Unicef puso el foco sobre el riesgo mayor que corrían de contraer la covid-19 en espacios confinados y hacinados, y que el organismo internacional pidiera su liberación inmediata. “Esta liberación es una buena noticia, pero lamentablemente la privación de libertad sigue siendo una de las medidas que la mayoría de los Estados sigue usando y hace falta muchos más esfuerzos por parte de los países para que se usen otro tipo de opciones distintas a la cárcel”, expresa Pedernera.

Los datos de esta última publicación proceden de una encuesta realizada por Unicef entre su red de 157 oficinas. Los 138 países de ingresos bajos y medios donde se ejecutan programas, y otros 19 de ingresos altos, albergan al 90% de la población infantil del mundo.

La covid-19, además, ha afectado profundamente al sistema de justicia para los niños, ya que ha obligado a cerrar los tribunales y ha restringido el acceso a los servicios sociales y de justicia esenciales. Las pruebas demuestran que muchos de estos jóvenes, incluidos los que viven en la calle, han sido detenidos por violar las órdenes de toque de queda y las restricciones al movimiento.

“Sabemos desde hace tiempo que los sistemas de justicia están mal equipados para atender sus necesidades específicas, una situación que se ha visto agravada por la pandemia″, señala Fore. “Elogiamos a los países que han atendido nuestro llamamiento y han liberado a los detenidos. Al proteger a los menores de edad de unas condiciones que podrían haberlos expuesto a una enfermedad grave, estos países han sido capaces de superar la resistencia de la opinión pública y de impulsar soluciones judiciales innovadoras que se adaptan a la edad de los pequeños. Esto ha demostrado algo que ya sabíamos: las soluciones judiciales adaptadas a ellos son posibles”, agrega.

Hacinamiento y falta de atención sanitaria

Con estos dos informes, lo que denuncia Unicef, al hilo del Día Universal de la Infancia y de la celebración del Congreso Mundial sobre Justicia para los niños, niñas y adolescentes, es que los menores de edad detenidos —incluidos los que se encuentran bajo custodia antes y después de un juicio; los arrestados en las fronteras por motivos de inmigración; los que se encuentran retenidos por un conflicto armado, o los que viven con sus progenitores detenidos— suelen estar recluidos en espacios confinados y en una situación de hacinamiento.

Además, carecen de acceso adecuado a servicios de nutrición, atención sanitaria e higiene, y son vulnerables al abandono, los abusos físicos y psicológicos, y la violencia de género. A muchos se les niega la posibilidad de consultar con abogados y la atención familiar, y no pueden impugnar la legalidad de su detención. A todo esto, se le suma las consecuencias a medio y largo plazo en la salud mental de los jóvenes tras una detención, que los deja marcados para siempre. “La privación de libertad, en términos de desarrollo, tanto física y mental, arrastra más consecuencias negativas que positivas”, contextualiza Pedernera.

“Existe un número creciente y exponencial en el número de niños y niñas y adolescentes que se encuentran inmersos en un proceso de migración, en concreto el 14% de las personas que se están desplazando por todo el mundo”, ha expresado Regina Castro Traulsen, directora general de Derechos Humanos de la SCJN en la charla titulada Garantizando el acceso a la justicia para todos los niños, niñas y adolescentes: hacia sistemas de justicia no discriminatorios e inclusivos, del Congreso Mundial sobre Justicia.

En los últimos meses, y a pesar de la pandemia, ha habido un aumento en el número de niños detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. De marzo a octubre de 2020, 2106 niños, niñas y adolescentes no acompañados fueron devueltos a Guatemala, según cifras de Unicef. En solo siete meses de 2020, un 64% más regresaron de Estados Unidos que en todo 2019. “La detención de niños migrantes debería ser abolida”, denuncia Pedernera, que recuerda que desde 2017 el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño viene reclamando esta medida.

Unicef y Refugio de la Niñez y Misioneros de San Carlos Borromeo, y gracias al financiamiento de la Cooperación Sueca para el Desarrollo, la agencia internacional para la infancia y sus aliados apoyan al Gobierno de Guatemala para brindar atención médica y psicosocial a los niños migrantes, además de apoyar el traslado a sus comunidades para la reunificación familiar. “Aunque a menudo lo hacen con sus familias, también lo hacen sin compañía, y la migración no acompañada los expone a ser víctimas de torturas, malos tratos, entre otros riesgos. Toda decisión administrativa o judicial de la entrada, permanencia, detención o deportación debe poner de manera primordial el interés de la niñez. Los niños deben ser oídos y que sus opiniones tengan en cuenta en su proceso de migración”, añade Castro.

Pero, ¿son posibles otras soluciones alternativas a la prisión? Es una de las preguntas que han tratado de esclarecer los expertos juristas en el Congreso Mundial de Justicia. “Hay experiencias y formas ancestrales de algunos pueblos de cómo abordar cuando un niño comete un delito que hace daño a la comunidad y qué medidas son más reparadoras que la cárcel. Deberían ser el centro y el camino que los Estados deberían adoptar para no usar la privación de la libertad como la regla a seguir“, concluye Pedernera.

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